En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ha suspendido 110.522 pensiones por discapacidad laboral no contributivas que habrían sido mal otorgadas en gestiones anteriores.
A la cifra se suman 8.107 bajas correspondientes a personas fallecidas y 10.038 casos de renuncias voluntarias. El Ejecutivo estima que este recorte representa un ahorro mensual de aproximadamente 35.000 millones de pesos para las arcas públicas.
Según explicó Adorni, “en Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio” y recordó antecedentes de auditorías previas: “En el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”.
Un sistema bajo investigación
La ANDIS, dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, ya había identificado lo que calificó como “actividad fraudulenta a gran escala”, con un presunto desvío de fondos cercano a los 1.000 millones de dólares anuales.
El proceso de revisión se desarrolla bajo el marco legal de la Ley 13.478 y el Decreto 432/97, incluyendo sus modificaciones, y no alcanza a menores de edad ni a beneficiarios ya auditados en 2024. Las evaluaciones son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal técnico de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Las principales causas de suspensión incluyen el incumplimiento de requisitos mínimos para acceder al beneficio y la inasistencia a auditorías sin justificación. Las autoridades advierten que muchas de estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas.
Desde la ANDIS se argumenta que este control “es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”.
Evolución histórica de las pensiones por discapacidad
El portavoz presidencial expuso datos históricos que, según el Ejecutivo, evidencian un incremento desproporcionado:
- Entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000.
- Entre 2015 y 2019, la cifra descendió a 1.026.000.
- En diciembre de 2023, tras el gobierno de Alberto Fernández, ascendió nuevamente a 1.222.000.
Para dimensionar la magnitud, Adorni comparó la situación con Israel: “La población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Sólo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas”.
Tensión política por la ley de emergencia en discapacidad
El anuncio ocurre tras el rechazo en la Cámara de Diputados del veto presidencial a la ley que incrementa el presupuesto para el sector. El gobierno de Javier Milei calificó la decisión como un respaldo a “un sistema corrupto”, y sostuvo que gran parte de los legisladores “son los mismos que diseñaron este sistema”.
Según el Ejecutivo, la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social incrementará el gasto en 2,16 billones de pesos para 2025, equivalente al 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI). Para 2026, proyecta un gasto adicional superior a 4,5 billones de pesos, lo que representaría el 0,47% del PBI.
El Boletín Oficial advierte que estas estimaciones no incluyen el aumento de beneficiarios en el Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas.