Alerta técnica por proyecto de decreto del Modelo Preventivo en Salud: líderes del sector advierten retrocesos jurídicos y financieros

Más de cincuenta líderes del sistema de salud colombiano, entre ellos asociaciones científicas, representantes de pacientes, gremios industriales, académicos y exministros, emitieron un documento en el que exponen fuertes cuestionamientos al proyecto de decreto que busca implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Bajo el lema “Todos por la Salud”, los firmantes advirtieron que el borrador no solo no resuelve los problemas estructurales del sistema, sino que introduce nuevas distorsiones que agravarían la actual crisis operativa, financiera y de acceso.

Uno de los principales señalamientos apunta a la afectación directa en la atención de los pacientes. Según el comunicado, el proyecto elimina la libre elección de asegurador y prestador, lo que representa una regresión frente a los principios estatutarios que han guiado el sistema de salud en Colombia. La imposición de rutas únicas de atención, sumada a la creación de nuevos entornos administrativos, generaría cuellos de botella y riesgos de corrupción, al tiempo que desincentiva la competencia y eficiencia entre actores.

Una reforma que no enfrenta la crisis financiera

Los expertos coinciden en que el proyecto omite abordar las causas estructurales de la crisis de financiación, lo que perpetúa un entorno de desconfianza entre los actores del sistema. La falta de liquidez, los retrasos en los pagos y el desbalance entre ingresos y obligaciones no encuentran solución en el modelo propuesto. En cambio, se introducen nuevas cargas financieras sin definir fuentes claras de financiación ni mecanismos presupuestales que garanticen sostenibilidad.

El intento de financiar nuevas funciones con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha sido señalado como inconstitucional, en línea con lo advertido por la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025. Además, las inversiones anunciadas para infraestructura y formalización laboral carecen de soporte fiscal, lo que pone en duda su viabilidad práctica.

Exceso de potestad reglamentaria y vacíos legales

Otro de los aspectos más delicados del proyecto es su invasión de competencias legislativas. El decreto propone reformas estructurales que deberían tramitarse por vía legal ante el Congreso. La redefinición de roles entre EPS, IPS y entidades territoriales, la creación de instancias de participación ciudadana no contempladas en leyes estatutarias, y la territorialización con efectos jurídicos no respaldados por el marco normativo vigente, constituyen un uso desmedido de la potestad reglamentaria del Ejecutivo.

El comunicado subraya que permitir este tipo de reformas por decreto representa un riesgo para el equilibrio institucional y debilita el Estado de Derecho. En la práctica, se estaría rediseñando el sistema de aseguramiento por fuera del canal democrático y deliberativo que corresponde.

Inseguridad jurídica y territorialización forzada

La propuesta de dividir el territorio en “subregiones funcionales” bajo esquemas asociativos obligatorios contradice la Ley Orgánica 1454 de 2011, que consagra el principio de participación voluntaria en estos mecanismos. Además de ir en contra del ordenamiento territorial vigente, la medida genera inseguridad jurídica al no establecer con claridad las competencias, mecanismos de gobernanza ni sistemas de resolución de conflictos interinstitucionales.

Este tipo de ambigüedad amenaza con fragmentar la operación de los servicios en el nivel territorial, al tiempo que genera tensiones innecesarias entre entidades que deberían coordinarse para garantizar el acceso efectivo a la atención.

Confusión sobre la Atención Primaria en Salud

Desde el punto de vista asistencial, el proyecto de decreto incurre en un error conceptual al equiparar la Atención Primaria en Salud (APS) con la provisión de servicios de baja complejidad. Esta visión limitada desvirtúa la esencia de la APS, que incluye todos los niveles de atención y parte de una lógica comunitaria e integral, donde el punto de entrada al sistema puede estar en el hogar, la escuela o el entorno laboral.

Además, el decreto no distingue adecuadamente entre prevención, promoción y atención curativa, lo que introduce ambigüedad en la asignación de recursos, la definición de responsabilidades y la planeación operativa. Esta confusión conceptual compromete tanto la eficiencia del modelo como su implementación territorial.

Redes territoriales desarticuladas y debilitamiento del rol de EPS

La nueva figura de las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud (RIITS) concentra en el Ministerio de Salud funciones que actualmente están en cabeza de las entidades territoriales, contraviniendo la Ley 1438 de 2011. Esto debilita los procesos de descentralización y desconoce la capacidad de los entes locales para gestionar la red de servicios.

El proyecto también excluye a las EPS de funciones esenciales como la conformación de redes, referencia y contrarreferencia, lo que debilita su rol en la gestión integral del riesgo. Esta desconexión entre asegurador y prestador podría comprometer la calidad de la atención y la capacidad del sistema para resolver de manera efectiva los problemas de salud de la población.

Riesgos económicos y laborales sin respaldo institucional

El decreto impone nuevas responsabilidades sobre las EPS e IPS privadas, sin ofrecer garantías jurídicas ni un sistema de incentivos que sustente su participación. La exigencia de asumir inversiones y responsabilidades sin claridad normativa ni soporte financiero podría poner en riesgo la sostenibilidad de estos actores fundamentales del sistema.

Aunque la formalización laboral del talento humano en salud es reconocida como una meta deseable, el proyecto no presenta fuentes de financiación ni mecanismos para apoyar al sector privado en este proceso. Esto convierte la propuesta en un compromiso sin respaldo, difícil de ejecutar en la práctica.

Sistema de información mal definido y atención sin ruta clara

El decreto menciona la necesidad de integrar los sistemas de información en salud, pero no establece cómo se logrará ni con qué recursos. La falta de un diseño técnico concreto impide planear adecuadamente la trazabilidad, interoperabilidad y análisis de datos, elementos esenciales para un modelo basado en la prevención y la gestión del riesgo.

Además, el documento no define de forma clara la ruta de atención centrada en el individuo ni establece un responsable único de la gestión del paciente. Esta omisión pone en riesgo la continuidad del cuidado, genera confusión sobre el acceso a los servicios y puede traducirse en mayores barreras para los usuarios. La articulación entre las nuevas RIITS y los CAPS tampoco está bien resuelta, lo que añade incertidumbre operativa al modelo.

Un llamado plural a corregir el rumbo del sistema

El comunicado fue firmado por múltiples referentes del sector, entre ellos Ana María Vesga (ACEMI), Bruce Mac Master (ANDI), Alejandro Gaviria (exministro de Salud), Luis Jorge Hernández (Universidad de los Andes), Olga Lucía Herrera (SCARE), Paul Díaz (Cámara de Aseguramiento de la ANDI) y Diego Fernando Gil (FECOER), además de representantes de pacientes, colegios médicos y universidades. Su mensaje no es de oposición ideológica, sino de advertencia técnica ante un decreto que, de ser aprobado sin correcciones, podría agravar la crisis de salud que vive el país.

Los firmantes invitan al Gobierno a revisar con responsabilidad y apertura las observaciones planteadas. Aunque valoran la intención de transformar el sistema hacia un enfoque más preventivo, alertan que esto no puede hacerse sobre la base de improvisaciones, vacíos legales y ausencia de sostenibilidad financiera.

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