EPS y hospitales del Eje Cafetero pactan pagos por $35.000 millones bajo lupa de Supersalud

En el Quindío y el Eje Cafetero se alcanzaron acuerdos de pago por más de $35.000 millones entre las EPS y la red hospitalaria, un anuncio que busca dar un respiro financiero a instituciones que arrastran meses de retrasos en la recepción de recursos. Las mesas técnicas, lideradas por la Superintendencia Nacional de Salud con la participación de autoridades locales y directivos hospitalarios, dejaron compromisos claros en materia de giros para hospitales públicos y privados.

Sin embargo, la ausencia de la agente interventora de Nueva EPS, entidad que concentra la mayor proporción de afiliados en la región, ha generado dudas sobre la viabilidad y el cumplimiento real de estos acuerdos. En medio de la presión de usuarios que enfrentan barreras de acceso a medicamentos, citas y servicios especializados, el sector permanece expectante sobre si las promesas firmadas se traducirán en soluciones efectivas para la red asistencial y en atención oportuna para los más de 240 mil afiliados de la aseguradora en el departamento.

Acuerdos alcanzados bajo la vigilancia de Supersalud

Las jornadas técnicas, realizadas en Armenia bajo la coordinación de la Superintendencia Nacional de Salud, reunieron a representantes de las secretarías departamentales, IPS públicas y privadas, y autoridades locales. El balance presentado por Paula Andrea Arenas, delegada de Supersalud, confirmó acuerdos de pago que superan los $35.000 millones en la región, lo que representa un alivio parcial a la presión financiera de hospitales y clínicas.

En el Quindío se destacaron los compromisos con el Hospital San Juan de Dios de Armenia y la Clínica La Sagrada Familia, instituciones que concentran gran parte de la atención en mediana y alta complejidad. También se pactaron recursos con la EPS SOS, que habilitará nuevos servicios para mejorar la capacidad instalada.

De acuerdo con cifras de Supersalud, en lo corrido del año se han adelantado más de 160 mesas técnicas de inspección y vigilancia en el país, enfocadas en destrabar los flujos financieros entre EPS y prestadores.

Incertidumbre por la ausencia de Nueva EPS

La atención se centró en la ausencia de Gloria Libia Polanía Aguillón, agente interventora de la Nueva EPS, que concentra el mayor número de afiliados en el departamento. La decisión de no asistir generó críticas, ya que se teme la repetición de incumplimientos en los giros, lo que mantiene restricciones de servicios para los usuarios en instituciones como el San Juan de Dios, La Sagrada Familia y la Clínica San Rafael, limitados en muchos casos a la atención de urgencias vitales.

El secretario departamental de Salud, Carlos Alberto Gómez Chacón, reconoció que si bien la inasistencia generó desconfianza, la mesa permitió abrir un espacio de discusión sobre el primer nivel de atención y sobre pequeños prestadores independientes y profesionales de la salud que rara vez son incluidos en este tipo de escenarios.

Usuarios denuncian fallas persistentes

La percepción entre los usuarios sigue marcada por la incredulidad. Roberto Acosta, presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Quindío, advirtió que persisten problemas graves como la falta de entrega completa de medicamentos, demoras en citas médicas y limitaciones en el acceso a servicios especializados.

En el departamento, la Nueva EPS tiene más de 240.000 afiliados, y las restricciones afectan directamente su derecho a la salud. Acosta enfatizó que “el panorama sigue siendo muy complejo” y que, más allá de los anuncios, la calidad de la atención no muestra mejoras tangibles.

La orden de Supersalud: legalizar pagos mal registrados

El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, fue enfático en señalar que el problema con la Nueva EPS no radica únicamente en la falta de pago, sino en la forma en que se registran los recursos.

De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría General de la República, más de $21 billones en pagos de la aseguradora figuran como “anticipos”, cuando en realidad corresponden a servicios ya prestados que no han sido imputados a facturas específicas.

Rubiano precisó que la aseguradora debe ejecutar un plan intensivo de reuniones con los prestadores, con el fin de legalizar mediante actas la aplicación de los pagos realizados. Este proceso, según la orden de la Superintendencia, debe concluir “en el término de pocas semanas”.

La corrección de este procedimiento administrativo es clave para que hospitales y clínicas puedan sanear sus cuentas y se restablezca la confianza en la red prestadora.

Impacto regional y retos pendientes

El acuerdo de pago de más de $35.000 millones en Quindío y el Eje Cafetero es un paso importante para aliviar la presión financiera de los hospitales, pero no resuelve de fondo la crisis de liquidez que enfrentan las IPS en Colombia.

Expertos en salud financiera señalan que la cartera hospitalaria nacional supera los $20 billones, y que los incumplimientos reiterados por parte de algunas EPS generan un efecto dominó sobre la sostenibilidad de los prestadores. El Hospital San Juan de Dios de Armenia, por ejemplo, ha reportado retrasos en la compra de insumos críticos y dificultades para mantener al día la nómina del personal asistencial.

En este escenario, la confianza dependerá no solo de los acuerdos firmados, sino de la materialización de los pagos y de la capacidad de Supersalud para ejercer control efectivo.

Pagos comprometidos, confianza en juego

Los acuerdos alcanzados en el Quindío y el Eje Cafetero constituyen un avance en la gestión de cartera hospitalaria y reflejan la presión institucional ejercida por la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, la ausencia de la interventora de la Nueva EPS y los antecedentes de incumplimientos mantienen la sombra de la desconfianza.

La sostenibilidad del sistema dependerá de la ejecución real de los pagos, de la depuración contable ordenada por la Supersalud y de la capacidad del Gobierno para garantizar que los recursos lleguen oportunamente a hospitales y clínicas. Mientras tanto, los pacientes continúan enfrentando barreras en el acceso efectivo a la atención, un recordatorio de que los acuerdos financieros solo tendrán valor en la medida en que se traduzcan en servicios de salud oportunos y de calidad.