Tras la evaluación que hizo la Corte Constitucional de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 sobre la suficiencia de los recursos de Presupuestos Máximos para la financiación de servicios y tecnologías en salud, excluidos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) Ana María Vesga, afirmó que este les da la razón tras varias denuncias sobre la insuficiencia de los recursos.
Cabe destacar que el informe reveló deficiencias en la fijación, reajuste y pagos de dichos presupuestos, impactando directamente en la liquidez de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Pronunciamiento de ACEMI
Vesga señaló que la propia Corte Constitucional confirmó la insuficiencia de recursos al declarar el bajo nivel de cumplimiento del Ministerio de Salud, y destacó que existen desafíos adicionales relacionados con la fijación inadecuada de recursos, sus ajustes y demoras en los pagos.
“Esta orden es de mayor relevancia porque durante los últimos meses se ha advertido la demora injustificada que ha tenido el Ministerio de Salud en el pago de los presupuestos máximos. Estos recursos, recordemos son los que permiten que a los colombianos se les entreguen tecnologías y medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios y que, durante el año 2023, 2022, y en lo corrido de este año, han observado un incumplimiento atípico por parte del Ministerio de Salud” aseguró la ejecutiva.
Entre tanto, Vesga hizo hincapié a los hallazgos de la Corte, los cuales evidencian los problemas financieros que actualmente atraviesa el sistema de salud en el país.
“Uno, la Corte ha observado un bajo cumplimiento de esa orden al ministerio en el financiamiento del pago a las EPS. Dos, que el cálculo que se ha hecho de esos presupuestos máximos ha sido insuficiente durante los últimos años y que los ajustes no se han pagado con oportunidad. Y tres, que esta situación está generando un desfinanciamiento en todo el sistema que ha deteriorado los indicadores financieros de las EPS”, dijo Vesga.
Asimismo, la representante de las EPS indicó que con este informe emitido por la Corte Constitucional se exige la protección en salud de los colombinos con el fin de garantizarles de forma oportuna la prestación del servicio.
“Lo más importante de este llamado es la protección de los usuarios y asegurar que estos recursos, se reciban con oportunidad por las EPS para que los medicamentos y tecnologías que se financian con estos recursos sean entregados de forma oportuna”, señaló Vesga.
Pronunciamiento de AFIDRO
Otro de los pronunciamientos fue el de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) quienes destacaron el llamado de la Corte para dar solución a los problemas identificados por la Sala en torno a la fijación de los presupuestos, sus reajustes y los retrasos en los pagos.
“Hemos insistido en que la insuficiencia de dichos recursos de presupuestos máximos es sumamente grave, ya que de esta bolsa se reconocen las tecnologías que garantizan la atención de enfermedades huérfanas, raras y servicios complementarios”, señala AFIDRO en un comunicado de prensa.
De esta manera, la asociación instó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, a cumplir con las órdenes emitidas por la Corte para cancelar de forma efectiva los valores pendientes por concepto de reajuste a los presupuestos máximos pendientes y la creación de una metodología unificada de definición que garantice el acceso oportuno a los pacientes para este año.
“Reiteramos nuestro llamado al Gobierno Nacional para adelantar acciones urgentes que aseguren el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos y el adecuado y oportuno flujo de recursos en el sistema, a través de la suficiencia tanto de los presupuestos máximos como de la UPC”.
