“Sin reglas claras y financiación justa, la atención seguirá deteriorándose”: ACEMI tras fallo de la Corte sobre EPS Sanitas

La reciente decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto la intervención administrativa a EPS Sanitas ha generado una oleada de reacciones dentro del sector salud. Para ACEMI, el gremio que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo, este fallo representa no solo una defensa del orden jurídico, sino un llamado urgente a revisar las deficiencias estructurales que amenazan la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.

ACEMI expresó su respaldo a la decisión de la Corte, afirmando que se trata de “un mensaje contundente de defensa institucional y respeto al ordenamiento jurídico”. La medida del alto tribunal, adoptada por mayoría en la sala plena, revoca la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud y restituye la autonomía administrativa de EPS Sanitas, una de las principales aseguradoras del país con más de 5,7 millones de afiliados.

Por su parte, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, destacó el impacto que la medida tuvo sobre la operación de la entidad y la necesidad de apoyar su proceso de recuperación. “La recuperación de la entidad en las condiciones actuales del sistema de salud, sumado al deterioro ocasionado por la intervención, representa un reto mayor y exige un esfuerzo decidido para volver a los niveles de atención que reconocen sus afiliados”, afirmó.

Una advertencia sobre el colapso operativo

Más allá del caso puntual de Sanitas, el gremio volvió a poner sobre la mesa el deterioro progresivo del sistema de salud colombiano, que enfrenta crecientes presiones financieras y operativas. Según ACEMI, el desbalance entre los costos reales de atención y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual el Estado financia los servicios a través de las EPS, está llevando al límite la capacidad operativa de las entidades, especialmente aquellas que no han sido intervenidas.

“El llamado de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, plasmado en el Auto 007 de 2025 y reiterado en el Auto 504 de abril, para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ante su evidente insuficiencia financiera, sigue sin respuesta”, advirtió el gremio, enfatizando en que esta omisión está profundizando las dificultades del sistema y poniendo en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios.

Más del 59% de los afiliados, bajo EPS intervenidas

Uno de los datos más alarmantes del pronunciamiento de ACEMI es la cifra que indica que más del 59% de los afiliados al régimen contributivo han estado recientemente bajo el cuidado de EPS intervenidas. Esta situación ha repercutido en la calidad y continuidad de la atención, generando mayores riesgos de fragmentación y desatención.

“Reiteramos que la prioridad debe ser el paciente. En los últimos meses se han deteriorado de forma preocupante los indicadores de atención”, subrayó Ana María Vesga. El señalamiento da cuenta del impacto tangible que los problemas estructurales y las decisiones administrativas han tenido en la salud de la población.

Diálogo técnico y reformas urgentes tras tras fallo de la Corte sobre EPS Sanitas

ACEMI insiste en la necesidad de avanzar en un diálogo técnico, transparente y alejado de polarizaciones políticas para enfrentar los desafíos estructurales del sistema. La organización plantea como hoja de ruta construir sobre los aspectos del sistema que han demostrado efectividad, corregir los errores acumulados y establecer una arquitectura financiera más robusta que garantice estabilidad a largo plazo.

“Construir sobre lo que ha funcionado, corregir lo que debe mejorarse y proteger a los pacientes debe ser el propósito común”. En este marco, se reitera la disposición del gremio a participar en mesas de trabajo orientadas a reformar el sistema desde la evidencia, con enfoque en calidad, sostenibilidad y garantía de derechos.

La decisión de la Corte Constitucional, además de tener implicaciones jurídicas, reconfigura el escenario político y operativo de la salud en Colombia. Para muchos expertos, este fallo abre la puerta a una revisión más rigurosa del uso de figuras como la intervención forzosa administrativa, así como a una evaluación integral del modelo de aseguramiento y financiación.

El caso Sanitas se convierte así en un punto de inflexión que trasciende a la entidad afectada y obliga a todos los actores, gobierno, EPS, prestadores, pacientes y reguladores, a retomar la discusión estructural sobre la viabilidad del sistema. La advertencia del gremio es clara; sin reglas claras y sin una financiación justa, la atención a los pacientes continuará deteriorándose, con consecuencias graves para el país.