La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano enfrenta uno de sus mayores desafíos en años recientes: en 2024, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) gastaron, en promedio, $109,5 por cada $100 que recibieron a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un claro indicador del desbalance estructural entre los ingresos y los costos reales de atención médica.
La cifra, revelada por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), fue presentada en la tercera sesión técnica de la mesa de revisión de la UPC convocada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. La sesión se enfocó en el componente de siniestralidad, es decir, en la relación entre los ingresos por prima de UPC y los gastos efectivos en servicios de salud por parte de las EPS.
Un déficit que se profundiza año a año
Según el análisis técnico de ACEMI, la siniestralidad ha mostrado un deterioro progresivo entre 2021 y 2024. En 2021, el sistema ya registraba un índice superior al equilibrio técnico (100,9%), pero en 2024 alcanzó el 109,5%. Esto significa que, solo en el último año, se generó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos.
A esta cifra se suma una incertidumbre crítica: la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, no ha entregado sus estados financieros para 2024, por lo que el déficit real podría ser aún mayor. “Estamos frente a una situación de desequilibrio estructural que compromete la estabilidad financiera de las aseguradoras y de toda la red de prestación de servicios”, indicó un vocero técnico de ACEMI.
Deuda actuarial y estancamiento presupuestal
El documento técnico radicado por ACEMI ante el Ministerio estima que la acumulación de esta siniestralidad podría traducirse en una deuda actuarial de la nación con el sistema de salud que oscila entre el 1,5% y el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB). En cifras absolutas, esto representa entre $26,3 y $33 billones de pesos de 2024, recursos que actualmente no están contemplados en el presupuesto del sistema.
“La siniestralidad creciente no es un fenómeno aislado. Responde al hecho de que el sistema de salud ha tenido que atender una demanda creciente de servicios sin que los recursos financieros asignados crezcan al mismo ritmo”, explicó un analista del sector. Desde 2017 —exceptuando el periodo de la pandemia por COVID-19—, el presupuesto de salud como proporción del PIB se ha mantenido estancado, lo que impide absorber los costos derivados del envejecimiento poblacional, la expansión del acceso, la incorporación de nuevas tecnologías y los aumentos en los precios de los medicamentos.
Consecuencias: descapitalización, cartera y deterioro patrimonial
Uno de los efectos directos del desbalance entre ingresos y gastos es la erosión del patrimonio de las EPS. La creciente siniestralidad ha obligado a estas entidades a utilizar sus reservas técnicas para cubrir obligaciones, lo que ha generado un fenómeno de descapitalización progresiva. A su vez, este descalce financiero ha tenido un efecto cascada sobre el resto del sistema, con un aumento significativo de la cartera que las EPS mantienen con clínicas, hospitales, laboratorios y otros prestadores.
“Este contexto no solo pone en riesgo la continuidad de muchas EPS, sino también la viabilidad de miles de instituciones prestadoras de servicios de salud, especialmente en regiones donde el giro oportuno de recursos es fundamental para su operación diaria”, alertó un representante gremial.
Observaciones metodológicas y solicitudes de mejora
Durante la sesión, ACEMI también insistió en aspectos operativos que considera esenciales para el desarrollo efectivo de las mesas técnicas. La asociación gremial solicitó al Ministerio de Salud mayor anticipación y transparencia en la entrega de insumos previos, como bases de datos, presentaciones y actas, así como más tiempo y recursos técnicos (incluidos medios audiovisuales) para la exposición de los análisis.
Adicionalmente, pidió que las intervenciones del Ministerio durante el foro de conocimiento, que abre cada sesión, se limiten a contenidos técnicos y eviten juicios de valor o señalamientos hacia los actores del sistema.
“Estamos participando en un espacio técnico, que exige objetividad y respeto por las diferentes posiciones. Solo con un diálogo constructivo y basado en evidencia podremos avanzar hacia una solución estructural del sistema”, expresó la vocería de ACEMI durante la jornada.
¿Qué es la siniestralidad y por qué importa?
La siniestralidad es uno de los indicadores clave en cualquier esquema de aseguramiento. Representa la proporción de los recursos recibidos que se destinan a cubrir los riesgos asumidos, en este caso, la atención en salud de los afiliados.
En Colombia, la prima de la UPC es el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema, y con ese monto las EPS deben garantizar una cobertura integral de servicios. Cuando ese valor no alcanza, se generan déficits que se trasladan a toda la red asistencial, afectando la calidad, la oportunidad y la sostenibilidad de la atención.
La urgencia de una reforma estructural
El análisis de la siniestralidad presentado por ACEMI es una radiografía de un sistema que está operando en números rojos y cuya sostenibilidad está en riesgo si no se ajustan las condiciones de financiación. El desfase entre ingresos y costos es insostenible, y sus efectos ya se están manifestando en retrasos en los pagos, tensiones institucionales y pérdida de capacidad resolutiva.
Como lo ha señalado la Corte Constitucional en pronunciamientos recientes, garantizar el derecho a la salud implica asegurar no solo la cobertura nominal, sino la viabilidad operativa y financiera del sistema. En este contexto, la revisión de la UPC es una oportunidad para corregir el rumbo, siempre que se aborde con rigurosidad técnica, voluntad política y consenso intersectorial.
