En medio de la presión financiera que enfrenta el sistema de salud, más de $203 mil millones que permanecían afectados por embargos quedaron liberados tras una intervención judicial de la Procuraduría General de la Nación. La actuación también permitió suspender 40 procesos ejecutivos acumulados relacionados con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo de Nueva EPS.
La decisión se produjo dentro del proceso 2023-484, que se adelanta ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. La intervención estuvo a cargo de la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, que acudió al despacho judicial para solicitar la protección de los recursos destinados a la salud frente a las medidas cautelares existentes.
Más de $203 mil millones quedaron libres de las medidas cautelares
El monto exacto de los recursos desembargados asciende a $203.356.250.904, según informó la Procuraduría este 19 de agosto. Los dineros pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se encontraban a cargo de Nueva EPS dentro de los procesos acumulados ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
La actuación de la Procuraduría se desarrolló en ejercicio de su función de intervención judicial civil. El organismo acudió al proceso para solicitar que el despacho tuviera en cuenta la protección jurídica existente sobre esta clase de recursos y los criterios establecidos previamente por las autoridades judiciales.
La inembargabilidad de los recursos de salud sustentó la intervención
Para respaldar su solicitud, la Procuraduría se apoyó en la Circular 004 de 2026 del Procurador General de la Nación, dirigida a los jueces de la República y a los organismos del sector salud. La directriz aborda específicamente la inembargabilidad de los recursos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social también pidió aplicar los precedentes jurisprudenciales de las Altas Cortes y del Tribunal de Bogotá. Según explicó el organismo de control, estas decisiones protegen los recursos destinados a la salud en el contexto de la intervención forzosa de las EPS y prohíben imponer medidas cautelares sobre dineros considerados inembargables.
La intervención se sustentó principalmente en
- La protección especial de los recursos destinados a la salud.
- Los precedentes jurisprudenciales de las Altas Cortes.
- Los pronunciamientos del Tribunal de Bogotá.
- Las reglas aplicables a recursos de EPS sometidas a intervención forzosa.
- La prohibición de medidas cautelares sobre recursos inembargables.
¿Por qué cobra relevancia esta decisión en la coyuntura actual?
La Procuraduría relacionó la importancia del levantamiento de las medidas cautelares con la situación que atraviesa actualmente el sistema de salud después del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. El organismo señaló que la emergencia económica y social derivada del evento ha generado nuevas necesidades de atención para la población afectada.
En ese escenario, la entidad destacó la necesidad de que el sistema cuente con recursos para responder a la atención requerida durante la emergencia. El pronunciamiento no establece una destinación específica de los dineros desembargados hacia la atención de los afectados por el terremoto, sino que resalta la importancia de proteger los recursos del sistema en la coyuntura actual.
Procuraduría refuerza la protección judicial de los recursos de salud
La decisión obtenida ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá se enmarca en las actuaciones de la Procuraduría dirigidas a hacer cumplir la inembargabilidad de los recursos de salud. En este caso, la intervención judicial permitió que los precedentes invocados por el organismo fueran aplicados dentro de un proceso que involucraba recursos a cargo de Nueva EPS.
La actuación pone nuevamente en el centro de la discusión judicial la protección de los dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente cuando una EPS se encuentra sometida a intervención forzosa y existen procesos ejecutivos que pueden derivar en medidas cautelares sobre esos recursos.
