A menos de un mes de las elecciones presidenciales de 2026, el debate sobre el futuro del sistema de salud vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. La falta de oportunidad en la atención, las demoras en la entrega de medicamentos, la cartera con hospitales y clínicas, la discusión sobre la suficiencia de la UPC y las brechas territoriales configuran el escenario en el que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentan su propuesta para el sector.
Si Valencia llega a la Presidencia, además de convertirse en la primera mujer en gobernar Colombia, su plan en salud partiría de una intervención inmediata sobre los principales puntos de congestión del sistema. Bajo el eje “remediar la salud en crisis”, la campaña propone resolver atenciones represadas, garantizar medicamentos, ajustar el pago por paciente según el riesgo clínico, sanear deudas con prestadores y utilizar telemedicina, conectividad satelital e inteligencia artificial para llevar capacidad diagnóstica a regiones apartadas.
Paloma Valencia llega a esta contienda como una figura política de trayectoria nacional, con experiencia legislativa y una agenda pública marcada por debates sobre institucionalidad, seguridad, economía y modelo de Estado. Es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en Economía de la misma universidad y una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. En salud, su propuesta se concentra en eficiencia estatal, corrección de incentivos, participación de actores públicos y privados, control del gasto y resultados medibles para los usuarios.
El primer frente será destrabar la atención y recuperar medicamentos
La campaña plantea que Colombia no puede resignarse a que la salud siga siendo una angustia diaria para millones de familias. Su propuesta parte de problemas concretos para los pacientes, como medicamentos que no llegan, citas que se pierden en autorizaciones, hospitales y clínicas con menor capacidad de respuesta, y territorios donde la distancia con un especialista sigue limitando el acceso efectivo.
Las primeras medidas se concentran en acceso, suministro y respuesta inmediata.
- Resolver 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos en los primeros 100 días de gobierno.
- Realizar una compra masiva de medicamentos por un valor de 3 billones de pesos.
- Priorizar zonas de difícil acceso y poblaciones vulnerables.
- Trabajar con operadores farmacéuticos experimentados para garantizar el suministro inmediato.
Con este bloque, la campaña busca intervenir los puntos más visibles de la crisis asistencial. La apuesta es que el sistema no solo mantenga cobertura formal, sino que responda con servicios efectivos, especialmente en medicamentos, consultas y procedimientos que hoy concentran parte de las mayores barreras para los usuarios.
La UPC ajustada por enfermedad sería el eje financiero de la propuesta
Uno de los puntos más relevantes del plan es la modificación de los incentivos del sistema. Valencia y Oviedo proponen ajustar lo que se paga por cada paciente, es decir, la UPC, de acuerdo con las necesidades de su enfermedad. La prioridad estaría en pacientes crónicos, personas con enfermedades huérfanas y población con discapacidad.
La propuesta no plantea eliminar de forma expresa a las EPS ni sustituir el modelo por un sistema completamente público. Su orientación mantiene un esquema mixto, con rectoría estatal, financiación pública, participación de prestadores, operadores farmacéuticos y actores encargados de la gestión del riesgo. En ese marco, el ajuste de la UPC buscaría que el pago esté más alineado con las necesidades clínicas de los pacientes y con la atención de poblaciones que requieren mayor seguimiento.
Deuda, auditoría y control del gasto entran en la agenda sanitaria
El plan propone el pago de la deuda del Estado a prestadores de salud mediante una titularización, condicionado a que se pongan al día con los tratamientos represados. Con ello, la campaña vincula el saneamiento financiero con la atención efectiva de los pacientes, en lugar de plantearlo únicamente como una operación para aliviar obligaciones acumuladas.
A este frente se suma una medida de control institucional con incidencia directa en salud. Valencia plantea una auditoría forense a entidades intervenidas, con mención explícita a la Nueva EPS, señalada en la propuesta como la entidad que concentra la mayoría de pacientes. La medida busca iniciar un arqueo inmediato de cuentas para encontrar faltantes y responsables.
También se propone un Estado digital con inteligencia artificial para vigilar la contratación, eliminar procesos manuales que facilitan el robo de recursos y auditar el gasto en tiempo real. En el sector salud, esta línea se relaciona con la trazabilidad de pagos, la contratación de servicios, la operación farmacéutica y el control de recursos públicos.
Telemedicina, hospitales padrinos y conectividad para regiones apartadas
La propuesta territorial se apoya en hospitales padrinos y telemedicina. El plan plantea llevar equipos diagnósticos conectados a internet satelital a regiones apartadas, para que especialistas ubicados en otras ciudades analicen resultados en tiempo real con ayuda de inteligencia artificial.
Esta línea se complementa con una apuesta de conectividad para zonas marginadas, suplementada con paneles solares en lugares con servicio eléctrico deficiente. Aunque no se formula únicamente como una medida sanitaria, puede facilitar la operación de telemedicina, equipos diagnósticos conectados y comunicación entre redes de atención en zonas rurales o dispersas.
La agenda también incorpora componentes con efecto sobre condiciones de salud pública. La propuesta plantea construir e intervenir acueductos para que 1 millón de hogares cuenten con nuevos accesos a agua potable y saneamiento básico. Además, propone que 1 millón de familias dejen de cocinar con leña mediante entrega de estufas y subsidio al gas.
Mejores condiciones para médicos y enfermeras
La campaña incorpora una medida específica para el talento humano en salud, dado que propone mejores condiciones laborales para médicos y enfermeras, con pago a tiempo y mejores salarios. Aunque no desarrolla una reforma laboral sectorial, este punto queda incorporado dentro de la recuperación operativa del sistema, junto con la descongestión de atenciones, el suministro de medicamentos y el fortalecimiento de la capacidad territorial.
En conjunto, la propuesta de Valencia y Oviedo concentra su respuesta en medidas de choque, ajuste de incentivos y uso de tecnología para ampliar la capacidad resolutiva del sistema. Para el sector salud, los puntos de mayor impacto estarán en la viabilidad financiera de la compra masiva de medicamentos, el diseño técnico de una UPC diferencial, la titularización de deudas con prestadores, el alcance real de la auditoría a entidades intervenidas y la capacidad de implementar telemedicina con soporte diagnóstico en regiones apartadas. Allí estarán los principales desafíos si esta agenda llega a convertirse en política de gobierno.
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