La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionar a la EPS Familiar Colombia y a la IPS DG-IPS, tras recibir una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo de la población indígena del departamento de Córdoba. Según el ente de control, las Autoridades Zenúes Rurales de Montería informaron que se estarían realizando afiliaciones, traslados y gestiones sin el consentimiento previo, libre e informado de sus autoridades tradicionales.
¿Qué denuncia motivó la actuación de la Procuraduría?
Las Autoridades Zenúes Rurales de Montería informaron al Ministerio Público que las comunidades estarían siendo afiliadas, trasladadas y gestionadas sin la autorización de sus autoridades tradicionales. De acuerdo con la denuncia, esta situación violaría el consentimiento previo, libre e informado y afectaría la autonomía de las comunidades indígenas.
El comunicado señala que los hechos descritos podrían constituir una vulneración al Decreto 1953 de 2014, norma que regula el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI). Por esta razón, la Procuraduría remitió la información a la Superintendencia Nacional de Salud para su verificación.
La denuncia fue presentada directamente ante la Procuraduría, donde se registró como un asunto de gravedad debido a la posible afectación de derechos fundamentales colectivos y de los procedimientos establecidos para el manejo de la salud indígena.
¿Qué acciones adicionales solicitó la Procuraduría a la Superintendencia de Salud?
El órgano de control también pidió a la Superintendencia evaluar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. Según la Procuraduría, esta solicitud se fundamenta en la posible violación de derechos fundamentales colectivos, la ley de origen indígena y la legalidad administrativa.
La Procuraduría indicó que los hechos podrían corresponder a posibles delitos contra la administración pública, incluyendo fraude a subvenciones o afectación al erario. La Superintendencia deberá determinar si es procedente remitir la información a la Fiscalía según lo reportado.
El comunicado destaca que dicha evaluación se solicita debido a la gravedad de los hechos denunciados y como parte de las funciones de vigilancia del órgano de control.
Alcance de la solicitud y entidades involucradas
La solicitud está dirigida específicamente a la EPS Familiar Colombia y a la IPS DG-IPS. Según la denuncia presentada por las Autoridades Zenúes Rurales de Montería, ambas entidades estarían relacionadas con las afiliaciones, traslados y gestiones sin consentimiento previo, libre e informado.
El documento indica que estas actuaciones podrían implicar una transgresión al Decreto 1953 de 2014. Por ello, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia verificar los hechos y determinar los procedimientos correspondientes.
