Durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del acceso a medicamentos en el país y urgió a una reforma profunda del sistema. Durante su intervención en la Universidad de la Costa, en Barranquilla, señaló que la crisis combina factores financieros, administrativos y logísticos que han deteriorado la garantía del derecho a la salud.
“Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud”, afirmó la Defensora del Pueblo.
¿Cómo se manifiesta la crisis del acceso a medicamentos en las regiones?
La Defensoría del Pueblo alertó que la falta de acceso a medicamentos afecta a todo el país, pero con mayor severidad en los territorios rurales y apartados. En departamentos como Vaupés, donde la ruralidad alcanza el 70%, y en Chocó, con un 57%, los pacientes enfrentan trayectos prolongados, mayores costos de desplazamiento y limitada presencia de gestores farmacéuticos.
Estas barreras se agravan en zonas con baja conectividad digital, donde la falta de internet impide presentar reclamaciones o acceder a servicios de telemedicina, generando un subregistro que invisibiliza la magnitud del problema.
La desigualdad también se refleja en el peso del gasto de bolsillo sobre los hogares. En Guaviare, Arauca y Putumayo, las familias destinan más del 25% de sus ingresos a cubrir tratamientos o comprar medicamentos, una carga económica insostenible para los hogares en pobreza. La encuesta nacional aplicada a 3.449 personas en puntos de dispensación reveló que el 90% no recibió o solo recibió parcialmente los medicamentos formulados, y apenas el 48% logró resolver su solicitud en un plazo de tres meses. En consecuencia, numerosos pacientes terminan cubriendo entre el 7% y el 90% de su ingreso para no interrumpir sus tratamientos.
El informe también documenta las consecuencias clínicas y sociales. Varios usuarios reportaron descompensaciones por suspensión de terapias que derivaron en hospitalizaciones o ingresos a unidades de cuidados intensivos.
“Un paciente que operaron de un ojo necesitaba un colirio que no le entregaban y que valía cerca de 300.000 pesos. El paciente se hizo amigo de otro que sí pudo comprarlo y decidieron compartirlo: iba en la mañana a que le aplicaran una gota y volvía en la tarde para recibir la otra”, relató la Defensora del Pueblo durante la audiencia pública.
Una tendencia nacional que profundiza la inequidad
El Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE confirman que el gasto de bolsillo ha aumentado de forma constante en la última década. Según el Boletín de Gasto de Bolsillo en Salud (2014–2022), este representaba el 15,5 % del gasto total en salud en 2014, mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) estima que en 2024 llegó al 16,8 % del gasto corriente, lo que equivale a 14,5 billones de pesos.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE registró un aumento del 7,9 % en el componente de “salud y medicamentos” durante 2024, con una proyección superior al 8 % para finales de 2025, impulsado por el encarecimiento de fármacos importados y los costos logísticos asociados. Por su parte, el Banco de la República advirtió que esta tendencia “disminuye la resiliencia de los hogares ante choques económicos o de salud y eleva el riesgo de pobreza transitoria”, evidenciando que el sistema de aseguramiento traslada progresivamente más costos al paciente, debilitando la equidad en el acceso a los servicios.
En departamentos como Guaviare, Arauca y Putumayo, el gasto en salud ya supera el 25 % de los ingresos familiares, según la Defensoría. En estos entornos rurales, las familias deben decidir entre comprar medicamentos o cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda. “Afecta el goce de otros derechos como la alimentación, la educación y la vivienda digna”, enfatizó la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.
Brechas territoriales y causas estructurales
El informe identifica que las vulneraciones más críticas se concentran en Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, territorios marcados por la pobreza, el aislamiento geográfico y la débil capacidad institucional. La Defensoría explicó que las causas de la crisis se dividen en tres niveles:
- Financiero, por los retrasos en pagos entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Logístico, por las distorsiones en la cadena de distribución y la concentración del mercado en pocos operadores.
- Administrativo, por las barreras burocráticas y los cambios frecuentes de gestores que interrumpen tratamientos.
Estas deficiencias, señaló la entidad, no solo afectan el acceso a medicamentos de alto costo, sino también los de atención primaria, lo que representa una regresión del derecho a la salud.
Reembolsos y reforma estructural
Entre las recomendaciones más destacadas del informe, la Defensoría del Pueblo propone crear un mecanismo de compensación o reembolso para los pacientes que han tenido que asumir con su dinero la compra de medicamentos no entregados, acompañado de un tablero de indicadores de seguimiento territorial para mejorar la disponibilidad de fármacos y servicios.
El documento también plantea la necesidad de una reforma integral al sistema de salud, consensuada y con garantías de suficiencia presupuestaria, progresividad del derecho e inclusión de poblaciones vulnerables, en concordancia con las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas.
Además, sugiere incorporar enfoques territoriales, de género, étnicos y sobre salud mental, y fortalecer la gobernanza interinstitucional para anticipar cuellos de botella y garantizar el acceso equitativo.
