Procuraduría exige a EPS concertar pagos adeudados a prestadores de salud en la Orinoquía

La Procuraduría General de la Nación urgió a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan en la Orinoquía a establecer mesas de concertación para saldar los pagos adeudados a los prestadores de servicios de salud. La medida busca mitigar el creciente conflicto financiero entre aseguradoras y hospitales públicos y privados en siete departamentos de la región.

La solicitud se realizó en el marco de la Mesa de Flujo de Recursos, convocada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que reunió a EPS y prestadores de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. El encuentro tuvo como propósito revisar el estado de las cuentas y avanzar en acuerdos que garanticen el flujo financiero necesario para mantener la prestación de los servicios asistenciales.

Crisis de liquidez y tensiones laborales en la red asistencial

La Procuraduría alertó que los retrasos en los pagos están provocando manifestaciones, bloqueos y renuncias de personal médico y asistencial, especialmente en los departamentos de Arauca, Guaviare y Meta. En varias instituciones públicas y privadas, los recursos son insuficientes para cubrir nómina, mantener inventarios de insumos o garantizar la atención continua de los pacientes.

De acuerdo con el ente de control, parte del conflicto radica en la falta de conciliación de cuentas y en los prolongados tiempos de auditoría que impiden a los prestadores recibir los pagos por los servicios ya facturados y liquidados. Esta situación se traduce en un deterioro operativo y financiero que amenaza la sostenibilidad del sistema hospitalario regional.

La crisis adquiere mayor gravedad en la Orinoquía, donde la dispersión geográfica, la baja densidad poblacional y los altos costos logísticos incrementan la dependencia de los giros de las EPS. Para muchas instituciones, estos pagos representan la única fuente de ingreso regular, por lo que los atrasos comprometen de manera directa su capacidad de funcionamiento.

¿Qué acciones implementará la Procuraduría para concertar los pagos y ejercer seguimiento preventivo?

En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las EPS instalar mesas bilaterales de trabajo con los prestadores para acordar cronogramas de pago verificables, incluyendo tanto las cuentas liquidadas como las pendientes por conciliar.

Asimismo, pidió a la Supersalud las actas de compromiso firmadas entre las partes, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y garantizar la trazabilidad de los recursos. Según el Ministerio Público, esta supervisión busca evitar que los compromisos queden en declaraciones sin efectos prácticos.

La entidad recordó que los retrasos reiterados en los pagos pueden derivar en investigaciones disciplinarias y sanciones administrativas, conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002. En ese sentido, la Procuraduría insistió en que las EPS deben cumplir sus obligaciones contractuales y financieras como parte esencial del derecho fundamental a la salud.

Impacto directo sobre pacientes y servicios esenciales

El incumplimiento de los pagos afecta de forma inmediata la operación de los servicios asistenciales. En los hospitales públicos de Meta y Guaviare, varios profesionales de la salud han renunciado por falta de salario, mientras que algunos prestadores privados han optado por suspender temporalmente servicios no prioritarios para evitar un mayor endeudamiento.

La falta de flujo de recursos también impacta la continuidad de la atención en poblaciones rurales e indígenas, donde las opciones asistenciales son escasas. El desabastecimiento de medicamentos, la reducción de turnos y la inestabilidad laboral del personal agravan la vulnerabilidad sanitaria en estas zonas.

De acuerdo con expertos en economía de la salud, esta situación genera un “efecto dominó” en toda la red de prestación: los hospitales limitan sus compras, las EPS enfrentan procesos de vigilancia y los pacientes experimentan demoras y restricciones en la atención.

¿Qué papel cumple la Supersalud en esta crisis regional?

La Superintendencia Nacional de Salud, como convocante de la Mesa de Flujo de Recursos, tiene la tarea de facilitar los acuerdos financieros y supervisar su cumplimiento. A través de estos espacios, busca resolver las diferencias entre aseguradoras y prestadores, documentar los compromisos adquiridos y establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar avances reales.

La coordinación interinstitucional con la Procuraduría pretende fortalecer el control preventivo del flujo de recursos y la transparencia en la gestión financiera del sistema. De acuerdo con analistas del sector, esta articulación puede convertirse en un modelo replicable para otras regiones del país donde la deuda acumulada amenaza la operación de los servicios de salud.

Además, los resultados de estas mesas alimentarán los programas nacionales de depuración y conciliación de cartera, una prioridad dentro de la estrategia de sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.

Hacia una mayor transparencia y sostenibilidad del sistema

El caso de la Orinoquía refleja un problema estructural del sistema de aseguramiento: la desarticulación entre facturación, auditoría y pago efectivo. Para la Procuraduría, garantizar el flujo oportuno de recursos no solo responde a una obligación contractual, sino que constituye un requisito indispensable para asegurar la continuidad de los servicios y la protección del derecho a la salud.

El reto principal será mantener un seguimiento constante de los compromisos alcanzados, fortalecer los mecanismos de vigilancia y establecer incentivos al cumplimiento por parte de las EPS. De la eficacia de estas medidas dependerá que el proceso en la Orinoquía se convierta en una experiencia de estabilización y no en un antecedente de crisis extendida.