Contraloría reitera que Nueva EPS tiene $15,3 billones en anticipos sin legalizar al 30 de junio de 2025

En medio de la polémica abierta por el informe de la Contraloría General, el ente de control reiteró que la Nueva EPS tiene pendientes de legalizar anticipos por $15,3 billones al corte del 30 de junio de 2025. El hallazgo, enmarcado en las funciones de vigilancia y control fiscal del órgano de control, evidencia graves deficiencias en la gestión financiera de la entidad que hoy concentra la mayor afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Según la Contraloría, el tratamiento contable de estos giros incumple la normatividad vigente. La entidad recordó que, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia, “en tanto no haya soporte de la obligación, el pago sigue siendo un anticipo, no un gasto devengado ni una obligación extinguida”.

Contraloría confirma que la Nueva EPS incumplió normas de contratación

El órgano de control advirtió un incumplimiento sistemático del Decreto 441 de 2022, que regula la contratación en el sistema de salud. Entre las irregularidades detectadas se incluyen la ausencia de notas técnicas y soportes documentales, la falta de definición de modalidades de pago y la omisión en la identificación de la población objetivo.

Estas prácticas, según la Contraloría, impiden verificar la suficiencia financiera, fomentan la opacidad contractual y generan riesgos de doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos públicos.

Por otra parte, la entidad también estableció que la Nueva EPS giró de manera recurrente anticipos a las IPS entre 2022 y 2025, incluso en contratos de pago por evento, modalidad que exige que el desembolso se realice únicamente después de la prestación del servicio. Señaló que desde 2022, las EPS e IPS debieron acogerse al Decreto 441 de 2022, que no contempla los giros anticipados como mecanismo válido de pago.

$28,5 billones sin auditoría ni revisión de facturas

Uno de los hallazgos más graves es la falta de auditoría a las cuentas médicas, lo que contraviene lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016. Como resultado, permanecen pendientes de legalizar anticipos por $15,3 billones, una suma que representa un riesgo fiscal de gran magnitud. De haberse adelantado la legalización en los tiempos establecidos, la Nueva EPS habría podido recuperar recursos no ejecutados por las IPS, que debieron reintegrarse al sistema de salud.

A su vez, el informe agrega otro hallazgo crítico: la falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, cuyo valor asciende a $13,2 billones. La ausencia de revisión abre la puerta a que se materialice la pérdida de recursos públicos, especialmente en casos de glosas u objeciones que, de no resolverse, tendrían que ser asumidas por la EPS.

Inconsistencias entre los datos reportados y las cifras oficiales

Además de estos hallazgos, la Contraloría también detectó discrepancias en la información financiera entre lo recaudado mediante actuaciones de policía judicial, lo reportado por la Nueva EPS y los registros de fuentes oficiales del Estado, como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Estas diferencias afectan tanto los componentes de ingresos de la EPS como los giros realizados a la red prestadora de servicios y tecnologías en salud. De esta manera, el ente de control alertó sobre la baja calidad y seguridad de los datos reportados por la Nueva EPS, señalando que su sistema de información no cumple con los atributos esenciales de trazabilidad, consistencia y completitud.

La situación, calificada como recurrente en el sector salud, dificulta el seguimiento al uso de los recursos públicos y aumenta la opacidad en la gestión de la EPS.

Contraloría anuncia procesos fiscales y posibles responsables

Entre tanto, la Contraloría, bajo la dirección del contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra, informó que continuará con las acciones de vigilancia y control fiscal. Particularmente, la Delegada de Salud adelantará actuaciones para determinar el daño y establecer posibles responsables fiscales. Además, el órgano de control señaló que se harán nuevos requerimientos de información a los actores del sistema de salud y que, si es necesario, se acudirá a las facultades de policía judicial.

El caso de la Nueva EPS es un llamado de atención sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control interno y la gestión financiera de las EPS. El volumen de recursos en riesgo, más de $28 billones al sumar los anticipos sin legalizar y las facturas no auditadas, representa una amenaza seria para la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

La Contraloría enfatizó que el cumplimiento de la normatividad contable y contractual es indispensable para proteger los recursos públicos y garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos.