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ADRES suspende pagos a 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por facturas sin respaldo en servicios de salud
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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció la suspensión de pagos a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de cuatro departamentos del país (Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca), tras detectar presuntas irregularidades en facturación de servicios asociados a la atención de víctimas de accidentes de tránsito. La medida implica detener reconocimientos por más de $17 mil millones, correspondientes a reclamaciones relacionadas con accidentes de vehículos sin SOAT o no identificados.
La decisión, adoptada mediante las resoluciones 0087804 y 0087805 de 2025, responde a la inexistencia de infraestructura física en las direcciones reportadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Según la entidad, estas IPS facturaban servicios sin contar con las instalaciones necesarias para atender a los pacientes.
Decisión administrativa en dos fases
En la primera resolución, la ADRES suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS, que radicaron facturas por un valor superior a $4.911 millones. Estas entidades venían presentando cuentas con anterioridad y, a partir de la medida, no podrán recibir giros por reclamaciones ya radicadas.
En una segunda decisión, la entidad bloqueó de manera indefinida la solicitud de registro de cuentas bancarias de 11 IPS adicionales, lo que les impide recibir pagos por facturas nuevas. Con esta medida, todas las cuentas presentadas por estas instituciones quedarán rechazadas hasta tanto no demuestren que cumplen con las condiciones de habilitación exigidas por la normatividad.
La ADRES precisó que los representantes legales de las instituciones afectadas fueron notificados formalmente y cuentan con 10 días hábiles para interponer recurso de reposición dentro del marco del debido proceso.
Auditorías externas y hallazgos reiterados
Las anomalías fueron detectadas gracias a auditorías adelantadas desde 2023 por tres firmas contratadas por la ADRES, las cuales realizan visitas físicas para verificar la existencia de infraestructura y la pertinencia de los servicios facturados.
El mecanismo de control incluye la revisión de reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte asociados a accidentes de tránsito sin póliza obligatoria o con vehículos no identificados. Según la entidad, estas acciones buscan proteger los recursos del sistema de salud y evitar fraudes que afectan la sostenibilidad financiera.
Cabe mencionar que este no es un hecho aislado, dado que en 2024, la ADRES también suspendió pagos a 52 IPS que habían radicado cuentas por más de $70 mil millones, de las cuales 36 fueron reportadas a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude. En esos casos, tampoco lograron demostrar que contaban con la infraestructura física necesaria, pese a tener registros de habilitación vigentes.
Riesgo de fraude y afectación a los recursos del sistema
El caso pone en evidencia los riesgos de fraude en el manejo de recursos públicos del sector salud. Facturar servicios sin contar con instalaciones o sin haber prestado atención real a pacientes genera un impacto directo sobre los fondos destinados a la atención de víctimas, al desviar recursos que deberían garantizar servicios efectivos.
La ADRES recalcó que la prioridad de estas acciones es “asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud”, al tiempo que se protege la cobertura de los pacientes que realmente requieren atención médica derivada de accidentes de tránsito.
Impacto territorial y vigilancia reforzada
Las medidas impactan a instituciones localizadas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, departamentos donde la red de prestadores juega un rol clave en la atención de urgencias.
Entre tanto, el seguimiento estricto a estas IPS busca evitar que los recursos destinados al pago de servicios de urgencias se canalicen hacia entidades que no cumplen con los requisitos mínimos. De acuerdo con la ADRES, estas acciones también fortalecen la vigilancia sobre el REPS, para garantizar que las instituciones habilitadas tengan la capacidad real de responder a las demandas asistenciales de los territorios.
El mensaje institucional es claro; aquellas entidades que facturen sin respaldo de infraestructura o incurran en prácticas fraudulentas enfrentarán medidas administrativas inmediatas, que pueden incluir la suspensión de pagos, la inhabilidad para recibir giros y, en casos graves, la remisión de información a los entes de control penal y disciplinario.
Antecedentes y retos para la transparencia
La reiteración de casos en 2024 y 2025 evidencia la magnitud del problema. En menos de dos años, la ADRES ha tenido que suspender pagos a 75 IPS, con facturaciones cuestionadas que superan los $87 mil millones.
Este panorama plantea retos inmediatos para la transparencia en el sistema de salud colombiano:
- Auditorías más frecuentes y rigurosas sobre la red prestadora.
- Revisión permanente del REPS para evitar habilitaciones sin respaldo.
- Coordinación con la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Salud para judicializar a quienes pretendan defraudar al sistema.
- Mayor control sobre los pagos relacionados con el SOAT y accidentes de tránsito, uno de los focos principales de reclamaciones irregulares.
El reto ahora es que las decisiones adoptadas tengan un impacto estructural y sostenido en el tiempo, y que las irregularidades identificadas no se conviertan en una práctica recurrente. La sostenibilidad del sistema y la garantía de atención a las víctimas de accidentes de tránsito dependen en buena medida de la transparencia y la vigilancia estricta sobre los prestadores de servicios de salud.
