ACSC rechaza reforma a la Ley 1164: pide implementar normas vigentes para el talento humano en salud

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) envió una carta oficial al Congreso en la que rechaza la propuesta de reformar la Ley 1164 de 2007, conocida como la Ley de Talento Humano en Salud. La organización, que agrupa a más de 70 sociedades médicas y colegios profesionales, sostiene que los ejes centrales de la iniciativa ya están regulados en la normativa vigente, incluidas las leyes 2460 y 2466 de 2025, y que lo urgente es exigir al Ministerio de Salud la reglamentación e implementación de lo aprobado. El pronunciamiento se suma al debate legislativo y pone en tensión a congresistas, gremios y autoridades sanitarias sobre si Colombia requiere nuevas reformas o una aplicación más estricta de las disposiciones existentes.

ACSC se pronuncia frente a la reforma propuesta

El debate sobre la pertinencia de una nueva reforma a la Ley 1164 de 2007, conocida como la Ley de Talento Humano en Salud, se reavivó en el Congreso de la República. La iniciativa, impulsada por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez Nieto, pretende introducir cambios en temas relacionados con la salud mental, la contratación del talento humano, la vigilancia ética, la planificación territorial y la gobernanza institucional.

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que agrupa a más de 70 sociedades médicas y colegios de profesionales de la salud, envió una carta oficial en la que manifestó que no es necesario modificar la ley vigente. Según la organización, los aspectos que se plantean como innovadores ya están regulados en el marco normativo actual, particularmente en la misma Ley 1164 y en disposiciones más recientes como las Leyes 2460 y 2466 de 2025.

Normativa ya existente y necesidad de implementación

De acuerdo con la ACSC, la discusión debería orientarse hacia la reglamentación y aplicación efectiva de las leyes vigentes. Como ejemplos concretos, señalan el Decreto 858 de 2025, que reglamenta aspectos clave del talento humano en salud, y la Resolución 1414 de 2025, que avanza en la organización y control del registro de profesionales de la salud (ReTHUS).

La organización sostiene que insistir en nuevas reformas podría generar duplicidad normativa y dispersión en la aplicación de políticas públicas. En su lugar, propone exigir al Ministerio de Salud y Protección Social el cumplimiento estricto de la normatividad ya aprobada, lo que permitiría responder a las necesidades del sector de manera más eficiente.

Pilares de la propuesta bajo análisis

La representante Velásquez ha resaltado que su proyecto busca fortalecer varios ejes críticos para el talento humano en salud. Sin embargo, la ACSC recuerda que estos puntos ya cuentan con soporte jurídico:

• Salud mental y bienestar del personal sanitario: abordados en programas nacionales y en la Ley 2466 de 2025.
• Contratación y condiciones laborales: incluidos en el marco general de la Ley 1164 y complementados por lineamientos de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
• Ética profesional y vigilancia disciplinaria: reguladas por los códigos de ética de cada profesión y por la Ley 1164.
• Registro Único Nacional (ReTHUS): fortalecido con la reglamentación reciente mediante la Resolución 1414 de 2025.
• Planificación territorial y distribución equitativa del personal de salud: desarrolladas en normas posteriores a 2007 y en estrategias de talento humano impulsadas por el Ministerio.
• Gobernanza institucional: integrada en la estructura normativa de las leyes de 2025.

Desde esta perspectiva, la ACSC insiste en que el problema no está en la ausencia de regulación, sino en la implementación y articulación interinstitucional.

La jurisprudencia constitucional como referencia

Uno de los puntos centrales de la carta de la ACSC es la necesidad de considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en distintas ocasiones ha analizado y delimitado el alcance de la Ley 1164 de 2007. En fallos como la Sentencia C-756 de 2008, la Corte estudió la exequibilidad de varias disposiciones relacionadas con la regulación del talento humano, mientras que en la C-942 de 2009 y la C-218 de 2011 se abordaron aspectos de ética profesional, autonomía de las profesiones de la salud y competencias de los órganos de vigilancia.

Estas sentencias no solo validaron artículos clave, sino que también dejaron orientaciones interpretativas que deben ser tenidas en cuenta por el legislador al momento de discutir cualquier reforma. En este sentido, la ACSC advierte que ignorar la línea jurisprudencial consolidada podría llevar a inconsistencias normativas, duplicaciones o incluso a nuevos debates de constitucionalidad que retrasarían la implementación de políticas en el sector. De ahí que recomiende observar cuidadosamente los criterios establecidos por la Corte, en especial aquellos relacionados con la autonomía profesional, la libertad de asociación de los gremios y la necesidad de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de la profesión.

Estas decisiones, al mismo tiempo, refuerzan la idea de que los avances logrados en materia de talento humano deben consolidarse mediante mecanismos de cumplimiento más efectivos, como reglamentos claros, fiscalización y herramientas de seguimiento, en lugar de reiniciar el debate legislativo desde cero.

La discusión, por tanto, no solo es política, sino también jurídica Colombia ya cuenta con un marco robusto que ha sido avalado por el máximo tribunal constitucional, y el reto está en hacerlo operativo en beneficio de los profesionales de la salud y de los pacientes.

Talento humano en salud: más allá de la norma

El análisis de la ACSC refleja una preocupación compartida por varios gremios: el agotamiento normativo que enfrenta el sector. En los últimos años, el Congreso y el Gobierno Nacional han expedido múltiples leyes, decretos y resoluciones relacionadas con la gestión del personal de salud, pero su aplicación no siempre ha sido uniforme ni efectiva.

Esta proliferación normativa, sin una estrategia clara de articulación, ha generado dispersión y, en algunos casos, contradicciones entre diferentes disposiciones, lo que termina debilitando la seguridad jurídica para los profesionales y limitando la capacidad de las instituciones de cumplir a cabalidad lo dispuesto en el papel.

Expertos en políticas sanitarias advierten que Colombia necesita pasar de la legislación reactiva a una planeación estratégica de largo plazo. Esto implica diseñar un modelo de implementación integral que combine marcos normativos claros con inversiones sostenidas en formación, incentivos laborales que dignifiquen la profesión, programas de bienestar y salud mental para el personal sanitario, así como mecanismos efectivos de retención en territorios apartados donde persiste la escasez de especialistas.

Dicho enfoque no solo permitiría mejorar las condiciones laborales, sino también reducir las brechas territoriales y fortalecer la equidad en el acceso a la atención en salud.

En ese sentido, el debate sobre la reforma a la Ley 1164 pone en evidencia la tensión entre la producción legislativa y la capacidad operativa del Estado. La verdadera discusión no debería centrarse únicamente en la creación de nuevas normas, sino en la capacidad real de las instituciones para garantizar que esas disposiciones se traduzcan en cambios tangibles en la vida cotidiana de los trabajadores de la salud y, en consecuencia, en la calidad de la atención que recibe la población.

El verdadero reto: cumplir lo ya legislado

El debate en torno a la reforma de la Ley de Talento Humano en Salud plantea una pregunta de fondo: ¿requiere Colombia más leyes o una aplicación estricta de las que ya existen? Para la ACSC, la respuesta es contundente: el país no necesita nuevos marcos normativos, sino voluntad política, capacidad técnica y una coordinación institucional efectiva que permita traducir la norma en acciones concretas.

Para los profesionales de la salud, los administradores de clínicas y hospitales y los tomadores de decisiones, esta discusión marca un punto de inflexión. La gestión del talento humano no puede seguir limitada a un ejercicio legislativo repetitivo; debe avanzar hacia una etapa de resultados verificables que impacten de manera directa en las condiciones laborales del sector y en la calidad del servicio prestado a los pacientes. El mensaje de los gremios es claro; el desafío ya no está en legislar, sino en hacer cumplir la ley.