Defensoría del Pueblo instala Puesto de Mando Unificado en Risaralda para fortalecer acceso y entrega oportuna de medicamentos

La Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Gobierno Nacional, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Salud en Risaralda para articular acciones que garanticen el derecho fundamental a la salud, frente a la crítica situación de acceso, disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos en el departamento. Esta iniciativa busca mejorar la coordinación interinstitucional y promover respuestas estructurales frente a las barreras que afectan la prestación efectiva de servicios en la región.

El PMU en Salud es una estrategia nacional que hasta la fecha se ha implementado en cuatro departamentos: Caldas, Nariño, Chocó y Risaralda, este último sumándose como parte de la respuesta a las problemáticas locales en acceso a medicamentos. Durante la sesión realizada el 24 de mayo de 2025, participaron representantes del Ministerio Público, organismos de control, la Red Nacional de Controladores, Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Comité Interinstitucional por la Salud y otros actores clave.

Esta herramienta busca integrar información, coordinar recursos y agilizar la toma de decisiones para proteger la vida y bienestar de la comunidad en zonas con dificultades evidentes en la provisión de insumos vitales.

Compromisos adquiridos para mejorar la atención en salud

Como resultado de la reunión, las entidades participantes acordaron una serie de compromisos perentorios:

1. Participación activa en las fechas de seguimiento y reuniones establecidas en el cronograma oficial.
2. Las EPS deberán establecer canales efectivos de comunicación con sus gestores farmacéuticos para garantizar la entrega oportuna, veraz y consolidada de la información requerida por los órganos de control, facilitando así el monitoreo y reporte de avances.
3. Diseño y remisión de un plan de acción por parte de las EPS para eliminar las barreras que dificultan la labor de vigilancia y control.

En relación con las soluciones, los asistentes enfatizaron que “deben ser estructurales; además, que la respuesta sea efectiva frente a casos concretos como traslado municipal y departamental a costo del usuario, tiempos de espera, estrategias alternativas a la virtualidad, agendas y entregas oportunas”. También solicitaron la verificación rigurosa de los permisos de dispensarios, ante presunciones de incumplimiento normativo.

Propuestas específicas y acciones de seguimiento en el Puesto de Mando Unificado

Entre las propuestas destacadas, Nueva EPS propuso la realización de mesas de trabajo para junio, mientras que se solicitó evaluar la entrega de medicamentos a través de cooperativas hospitalarias.

Por su parte, las Secretarías de Salud asumirán el seguimiento a casos específicos y realizarán muestreos de inspección para verificar la entrega y disponibilidad de medicamentos. Se hizo un llamado especial a tramitar soluciones diferenciadas que atiendan las particularidades del ámbito rural y urbano.

Además, se definió la necesidad de un levantamiento de información sobre acceso y cumplimiento en entrega de medicamentos para identificar aquellos con mayor incumplimiento. Este diagnóstico también deberá evaluar el impacto en la congestión de servicios de urgencias y en la salud de los usuarios.

Coordinación, control y vigilancia para garantizar resultados

La Defensoría informó que los actores nacionales explorarán la creación de un tablero de datos compartido que consolide la información y facilite el seguimiento al PMU. A su vez, se solicitarán informes a actores que no participaron en la sesión para asegurar la inclusión y responsabilidad.

Los entes de control reforzarán sus equipos técnicos y humanos para optimizar la recolección de datos, seguimiento y toma de decisiones. El Comité Interinstitucional por la Salud coordinará las convocatorias de seguimiento conforme al cronograma establecido.

Adicionalmente, el PMU gestionará consultas sobre la posibilidad de pago de deudas de vigencias anteriores con recursos corrientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que las inspecciones en puntos de dispensación continuarán para evidenciar avances concretos.

Garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la salud, buscando asegurar una atención digna y eficiente para todos los colombianos, especialmente en territorios con evidentes brechas en acceso y calidad.

Esta iniciativa constituye un avance significativo en la respuesta interinstitucional ante las dificultades de provisión de medicamentos, apuntando a una coordinación efectiva y a soluciones estructurales que atiendan las necesidades reales de la población.