La ponencia de la reforma laboral fue radicada el lunes 26 de mayo de 2025 ante la Comisión Cuarta del Senado, marcando el inicio de una nueva etapa en la discusión legislativa sobre el futuro del trabajo en Colombia. El texto incorpora medidas clave para la formalización laboral, la protección de sectores vulnerables y la sostenibilidad de las microempresas, al tiempo que introduce ajustes frente a la versión aprobada previamente en la Cámara.
A pesar del respaldo interno, el partido Centro Democrático se apartó del texto, señalando que la congresista Angélica Lozano “ha puesto en riesgo los acuerdos construidos en la discusión técnica” del proyecto, que había sido reactivado tras la caída de la consulta popular impulsada por el Gobierno.
La nueva versión legislativa recoge el 80% del articulado aprobado por la Cámara de Representantes, pero introduce diferencias clave que serán debatidas a partir del 27 de mayo. Entre los aspectos más destacados se encuentran las propuestas para facilitar la formalización de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo, ajustes al contrato de aprendizaje, la preservación del contrato sindical y un nuevo modelo para los recargos dominicales, festivos y nocturnos.
Formalización de trabajadores informales: una apuesta estructural de la reforma laboral
Uno de los cambios más significativos en la ponencia del Senado es la incorporación de un bloque de cuatro artículos orientados a facilitar la cotización a seguridad social para personas con ingresos por debajo del salario mínimo o que trabajan a tiempo parcial. Esta medida pretende incluir a micronegocios, trabajadores independientes y hogares como empleadores, con el objetivo de derribar la barrera económica que impide su vinculación al sistema.
“Buscamos que los micronegocios, las personas naturales, los independientes y los hogares puedan cotizar, aunque trabajen menos de tiempo completo y ganen menos del salario mínimo, porque hoy esa barrera los deja completamente por fuera”, indicaron los ponentes.
Contrato de aprendizaje: fortalecimiento con enfoque en la empleabilidad juvenil
El contrato de aprendizaje, una figura central para la vinculación de jóvenes al mercado laboral, fue objeto de un debate sustantivo. A diferencia de la Cámara, que propuso convertirlo en un contrato laboral a término fijo, la ponencia del Senado mantiene su naturaleza formativa, pero con mayores garantías.
Se establece una remuneración del 75% del salario mínimo en la etapa lectiva y del 100% en la práctica. Además, el empleador asumirá la cotización a salud, pensión y riesgos profesionales como si se tratara de un trabajador dependiente.
Este enfoque busca evitar que las empresas prefieran pagar la monetización, una sanción por no contratar aprendices, en lugar de vincular a jóvenes del SENA, algo que sería más viable si se volviera obligatorio el contrato laboral.
Contrato sindical: defensa de la figura con base constitucional
Otro punto de inflexión entre ambas cámaras es el contrato sindical. Mientras que la Cámara planteó su eliminación, la ponencia senatorial lo preserva, señalando que esta figura está respaldada por convenios de la OIT y principios constitucionales de libertad sindical.
“Si el contrato sindical se ha venido malutilizando, la solución no es su eliminación, sino el fortalecimiento del control por parte del Ministerio de Trabajo”, aclararon los coordinadores de ponencia.
Recargos dominicales y festivos: diferencias sustanciales en el modelo de implementación
Otro de los temas más controvertidos es el valor del recargo por trabajo en domingos y festivos. La ponencia mayoritaria propone un recargo del 100% para domingos y del 75% para festivos, alegando que Colombia tiene uno de los calendarios con más festivos de América Latina, así como el mayor costo por este concepto. En contraste, la Cámara había aprobado el 100% para ambos casos, con aplicación gradual entre 2025 y 2027.
Este punto fue uno de los que quebró el consenso inicial en la Comisión, debido a su potencial impacto en la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas.
Recargo nocturno y la tensión con las microempresas
El recargo nocturno es la diferencia de fondo que será resuelta por votación. Mientras la ponencia mayoritaria exime a las microempresas del recargo entre las 7 y las 9 de la noche, comenzando dicho pago a partir de las 9 PM, otros sectores consideran que no deben existir excepciones. Esta propuesta busca proteger a las más de 284.000 microempresas que cerraron en 2024, muchas de ellas debido a sobrecostos operativos.
“Queremos evitar que se profundice la tendencia de liquidación de microempresas, que en 2024 creció un 49.6% respecto al 2020”, dijeron los ponentes.
Inclusión laboral, trabajo digital y otras medidas clave
Más allá de los temas controversiales, la ponencia presenta propuestas innovadoras para responder a las nuevas dinámicas laborales y fomentar la equidad. Entre ellas destacan:
- Contrato a término fijo con límite de 5 años: A partir de ese plazo se convierte en indefinido, con aplicación retroactiva.
- Jornada laboral concentrada: Posibilidad de trabajar 4 días a la semana con 3 días de descanso.
- Subsidio de conectividad: Sustituye el subsidio de transporte para teletrabajadores.
- Trabajo en plataformas digitales: Formalización de repartidores y otros trabajadores de plataformas, con acceso a seguridad social y riesgos laborales.
- Inclusión de población vulnerable: Establece que las empresas con más de 100 empleados deben vincular al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores.
- Jornada flexible: Para personas con responsabilidades de cuidado (niños, adultos mayores, personas enfermas).
- Protección a ocupaciones específicas: Incluye a médicos internos, periodistas, artistas, deportistas y trabajadoras domésticas.
- Zonas de conflicto: Priorización de contratación local y atención de emergencia.
- Límites a la tercerización: Restricciones al uso de empresas temporales para evitar la precarización laboral.
Tensiones políticas y ruta legislativa
A pesar del esfuerzo por construir una ponencia de consenso, se presentarán dos textos distintos: uno mayoritario y otro alternativo impulsado por el Partido Liberal. Las diferencias se centran en el recargo nocturno para microempresas, el porcentaje de recargo festivo y la naturaleza del contrato de aprendizaje. De esta manera, el debate será público y se iniciará este 27 de mayo, y en caso de que el Senado apruebe un texto diferente al de la Cámara, se requerirá un proceso de conciliación antes del 20 de junio.
Aunque la ponencia introduce medidas innovadoras, sus propios autores reconocen que no es una reforma estructural del mercado laboral colombiano. Está orientada a mejorar las condiciones de quienes ya tienen empleo formal y a dar primeros pasos hacia la formalización de trabajadores hoy excluidos.
El impacto fiscal de ciertos artículos (como los relacionados con madres comunitarias o el programa Paco) aún no ha sido respaldado por estudios del Ministerio de Hacienda, lo que podría dificultar su implementación. No obstante, se permite su discusión en el proceso legislativo.