En un momento crítico para el sistema de salud colombiano, marcado por la crisis financiera de sistema de salud, intervenciones de EPS y los crecientes cuestionamientos a la transparencia del sector asegurador, la Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos penales contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país. Los hechos en cuestión comprometen presuntas irregularidades ocurridas entre 2019 y 2023, periodo en el que se habría ocultado el procesamiento de cerca de 14 millones de facturas emitidas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), cuyo valor superaría los $70.500 millones de pesos.
La imputación de cargos fue para el expresidente de la entidad, José Fernando Cardona Uribe, quien lideró la Nueva EPS durante más de una década hasta principios de 2024, y tres miembros de su equipo directivo, quienes enfrentarán cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos públicos del sistema de salud, y en el caso de Cardona, peculado por apropiación.
Ante este caso, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció por medio de su cuenta de X que a través de la Dirección Jurídica, “se constituirá como víctima en el proceso penal por el desfalco de la Nueva EPS”.
Maquillaje financiero y presunta apropiación de recursos públicos
Según la Fiscalía, los estados financieros de la Nueva EPS habrían sido manipulados para simular estabilidad económica, evitando así una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). “Se tenía que, entre 2019 a 2023 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que habían sido expedidas por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS había sostenido algún tipo de relación contractual”, explicó el fiscal del caso. La omisión habría distorsionado la información contable y presentado una falsa imagen de eficiencia y solvencia.
El fiscal anticorrupción fue enfático: “Pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año, esta situación nunca fue puesta en consideración de esta última entidad, ya que, de haberse hecho, la Nueva EPS en cabeza del señor José Fernando Cardona Uribe, hubiese sido objeto de intervención hace mucho tiempo atrás como en efecto ocurrió en 2024”.
El objetivo, según el ente acusador, habría sido mantener a la EPS dentro del sistema, proyectando un patrimonio positivo artificial, con el fin de obtener recursos públicos y continuar con el aseguramiento, sin atender la verdadera situación financiera. En palabras del fiscal: “Se suscribieron y presentaron estados financieros con información falsa y se solicitó autorización de disponer de un recurso con el que no contaba. Aun así, se apropió en favor de la EPS de la suma de $70.566 millones”.
Una intervención tardía: ¿falla del sistema de vigilancia?
El caso de la Nueva EPS revive interrogantes estructurales sobre la eficacia del sistema de control y vigilancia en salud. La Supersalud, encargada de monitorear las condiciones financieras de las EPS, no detectó a tiempo las irregularidades que se habrían estado gestando durante al menos cuatro años consecutivos. El hecho de que la intervención formal de la EPS ocurriera únicamente en 2024 plantea dudas sobre la robustez de los mecanismos de supervisión financiera.
Además, el ocultamiento de facturas tuvo impactos reales y perjudiciales sobre las IPS del país, que dejaron de recibir pagos oportunos, lo que afectó directamente su flujo de caja, operación clínica y estabilidad laboral de su personal. En muchos casos, estas entidades prestadoras enfrentan dificultades estructurales y escasa capacidad de maniobra ante demoras en los giros de las EPS.
Una situación que refleja problemas más profundos
Este escándalo se da en un contexto más amplio de cuestionamientos al modelo de aseguramiento y financiación del sistema de salud en Colombia. La implementación de mecanismos como los Presupuestos Máximos, que reemplazaron los recobros directos por una bolsa anticipada para servicios y tecnologías no financiadas por la UPC, ha traído beneficios en simplificación, pero también controversias en su operación y rendición de cuentas.
El modelo, basado en la confianza institucional y la autorregulación financiera, presenta debilidades cuando no existen controles oportunos ni auditorías eficaces. Las EPS manejan recursos públicos cuantiosos, más del 80% del gasto total en salud, y, por lo tanto, la transparencia y trazabilidad de su gestión deben ser un imperativo.
Consecuencias jurídicas y éticas
Aunque los imputados no aceptaron cargos y la jueza del caso negó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, argumentando falta de sustento probatorio sobre el riesgo procesal, el proceso continúa abierto. La determinación de responsabilidades penales deberá avanzar conforme al debido proceso. Sin embargo, el escándalo ya ha tenido un efecto reputacional profundo sobre la Nueva EPS y, por extensión, sobre el modelo de aseguramiento mixto vigente en Colombia.
De comprobarse las acusaciones, este caso se sumaría a otros episodios recientes que han evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza, auditoría externa e integridad institucional en las entidades administradoras de recursos del sistema de salud.
Un llamado a revisar los controles estructurales del sistema
Desde la perspectiva de política pública, este hecho podría ser una señal de alerta para el rediseño de los esquemas de supervisión del aseguramiento. Expertos han venido señalando la urgencia de que la Supersalud cuente con herramientas más efectivas de monitoreo en tiempo real, acceso a bases contables certificadas y capacidad sancionatoria más ágil.
Además, este episodio reabre el debate sobre la necesidad de separar la función aseguradora de la prestadora y de avanzar hacia un sistema más centrado en la salud pública, la transparencia financiera y la corresponsabilidad institucional.
El caso de la Nueva EPS no es un hecho aislado, sino un síntoma de las vulnerabilidades que persisten en la arquitectura financiera del sistema de salud colombiano. Más allá de las consecuencias legales para los implicados, este proceso penal constituye una oportunidad para revisar a fondo el modelo vigente, fortalecer los mecanismos de transparencia, y garantizar que los recursos destinados a la salud cumplan su propósito fundamental: proteger la vida y el bienestar de millones de colombianos.
