24 EPS desviaron $6 billones de UPC en 2020: Contraloría

El 5 de agosto, la Contraloría General de la República realizó una rueda de prensa para informar sobre los hallazgos fiscales en el sistema de salud. A partir de los datos de 26 EPS sobre el uso de la UPC en 2020 y los estados financieros de las aseguradoras, “se identificaron excedentes operacionales por valor de $ 6.81 billones para el año 2020. $ 3.68 billones para el año 2021 y $1.08 billones para la vigencia 2022”.

De acuerdo con los análisis, se evidencian hallazgos fiscales por $ 6 billones en 24 EPS por ‘presunta indebida destinación’ de los recursos de la UPC en 2020 y $ 5.3 billones cuya incidencia fiscal será objeto de indagación preliminar.

La Contraloría ha decidido declarar estos hechos como de alto impacto nacional, por lo que todas las investigaciones se realizarán desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República.

Estos son los detalles del análisis de la Contraloría sobre el indebido uso de la UPC en 2020

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general explicó las diferencias partiendo del informe de los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las Empresas Promotoras de Salud –EPS– y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021.

Los resultados del análisis fueron el motivante para la actuación especial de fiscalización con enfoque financiero sobre el uso y destino que las EPS dieron a los recursos públicos de salud en 2020. Para la Contraloría, la vigencia ha sido la más representativa frente al monto de los recursos para auditar, ya que las asignaciones presupuestales se dirigieron principalmente al manejo de la pandemia por covid-19. Producto de la Actuación se obtuvieron los siguientes resultados:

• 61 hallazgos con incidencia administrativa
• 37 hallazgos con incidencia fiscal, por cuantía de $6 billones de pesos, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
• 37 hallazgos con presunta incidencia penal, 37 con presunta incidencia disciplinaria.
• 24 hallazgos para la apertura de Indagaciones Preliminares, por cuantía de $5.3 billones de pesos. 
• 37 hallazgos con Otras Incidencias para traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación, y demás autoridades competentes a que haya lugar.

“Teniendo en cuenta que la pandemia por coronavirus generó, entre otros, una disminución de la demanda de los servicios de salud no relacionados con covid-19. Esto conllevó a que la productividad hospitalaria disminuyera de manera importante para patologías o enfermedades que eran diferentes al covid-19”. Bajo estas condiciones, la facturación de los servicios de salud por parte de las IPS se redujo de manera notoria.

En su momento, el gobierno nacional destinó $41 billones de pesos para atender la emergencia social y económica. Si bien la Contraloría no entregó el monto exacto, un porcentaje se destinó para el pago de pruebas de detección, vacunas contra covid-19 y atenciones en salud; acciones agrupadas en las denominadas ‘canastas covid’, evitando el uso de los recursos de la UPC y presupuestos máximos para costear los servicios de los usuarios diagnosticados con la enfermedad pandémica.

“El Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que las EPS cuando administran recursos públicos, deben someterse al ordenamiento jurídico del Estado y al principio de anualidad, puesto que los recursos que les giran, devienen del Presupuesto General de la Nación y/o ingresos parafiscales”, subrayó el contralor Rodríguez en la rueda de prensa. Esto significa que, los dineros asignados deben ser ejecutados en la vigencia correspondiente.

“En 2020, los recursos girados a las EPS por concepto de UPC debieron ejecutarse en dicha vigencia y no disponer de los mismos para pagar deudas contraídas por las aseguradoras en vigencias pasadas”. Para la Contraloría, tales acciones constituyen una violación al principio de anualidad, entre otros. El organismo de control recalcó que, tanto la unidad de pago por capitación como los presupuestos máximos no deben ser destinados con fines distintos al financiamiento de la salud de la población. Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse para el pago de obligaciones contraídas o pendientes.

“Pagar estas deudas con excedentes de la UPC, recursos que deben retornar al sistema de salud, en concepto de la Contraloría evidencia la apropiación indebida de un recurso público y parafiscal. Queremos reiterar que la deuda de las EPS con las IPS son deudas privadas que no pertenecen al Estado, ni al sistema. No deben sufragarse con recursos de la salud”, afirmó Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, quien catalogó como ‘inadmisible’ la situación puesta en evidencia.

En la rueda de prensa, la Contraloría hizo referencia a las condiciones excepcionales autorizadas por el Gobierno, establecidas en el Decreto 600 de 2020. La normativa permitía por única vez y en circunstancias especiales, el uso de las reservas técnicas de 2020 al pago de la cartera de vigencias anteriores a ese año. “Solo 5 EPS se acogieron al decreto, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia a la Contraloría”.

Estas son las principales conclusiones de la Contraloría

• Las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC, por $5.4 billones de pesos, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.
• La EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86 mil millones de pesos, del período comprendido entre las vigencias 2003 a 2015; cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.
• La NUEVA EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC de 2020, correspondientes a las vigencias 2008 a 2015, por valor de $62 mil millones de pesos; al igual que CONVIDA EPS que pagó la suma de $4 mil millones de pesos, en este mismo lapso. Por otra parte, la EPS ECOOPSOS pagó la suma de $1.621 millones, de vigencias anteriores.
• Dineros que no tienen evidencia de su uso. En 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones de pesos, por concepto de Presupuestos Máximos, con lo que se financia enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud, como es el caso de Capital Salud con excedentes que ascienden a $18 mil millones de pesos y Convida con $7 mil millones de pesos. 
• Mayores valores pagados por $5.3 billones de pesos, que resultan de la diferencia entre lo facturado por servicios prestados vs lo pagado; como es el caso de la Nueva EPS, en la que se evidenciaron pagos sin soportes por valor de $2.1 billones de pesos y en la EPS FAMISANAR, por $643 mil millones de pesos.
• Pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud. La NUEVA EPS, accedió a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, por un total de $3.9 billones, de los cuales $40 mil millones de pesos fueron destinados a pagos de: Honorarios a miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, incluidos los intereses que fueron pagados con recursos de la UPC.

Durante más de 10 meses, el equipo encargado cruzó diversas fuentes de información, incluyendo la información exógena generada por la DIAN frente a los estados financieros certificados y dictaminados por el revisor fiscal de cada EPS, las operaciones financieras reportadas por la UIAF, y la aplicación de un modelo analítico de datos por parte de la DIARI. Además, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo con las EPS, en las cuales estas tuvieron la oportunidad de controvertir las observaciones del equipo auditor, garantizando así el debido proceso administrativo.