2,3 millones de colombianos deberán cambiar de EPS: Así Vamos en Salud alerta sobre riesgos en tratamientos y redes

Cerca de 2,3 millones de afiliados al sistema de salud colombiano deberán cambiar de EPS durante los próximos seis meses, como resultado del Decreto 858 de 2025 y la Resolución 1789 de 2025, que reorganizan el aseguramiento en 10 regiones y 119 subregiones funcionales.

La medida impacta directamente el derecho de libre elección, consagrado por la Ley Estatutaria de Salud, y genera riesgos sobre la continuidad de tratamientos, la capacidad de las redes de atención y la sostenibilidad financiera de las EPS, advierte el análisis técnico de Así Vamos en Salud. Además, plantea retos significativos para los prestadores, las EPS receptoras y las entidades territoriales responsables de la coordinación de los servicios.

El traslado obligatorio no solo modifica la elección de los usuarios, sino que introduce desafíos administrativos, logísticos y operativos, que podrían afectar la oportunidad, calidad y equidad de la atención en todo el país.

Más de 2 millones de colombianos deberán cambiar de EPS: las intermedias son las más afectadas

El impacto más inmediato del Decreto 858 y la Resolución 1789 es la reasignación forzosa de 2,3 millones de afiliados, equivalente al 4,4% de la población afiliada. Este cambio afecta principalmente a las EPS de tamaño intermedio, mientras que algunas grandes y la Nueva EPS mantienen estabilidad.

La cesión de afiliados se distribuye de manera desigual entre las principales EPS:

Cajacopi, Coosalud, Asmet y Famisanar concentran la mayor carga de cesión de afiliados. Esta redistribución plantea desafíos de capacidad y coordinación para las EPS receptoras, especialmente en zonas con limitaciones de infraestructura, personal y recursos tecnológicos.

Además, los pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos de alto costo y necesidades especiales podrían enfrentar interrupciones o retrasos si las EPS receptoras no cuentan con la capacidad adecuada para atenderlos.

Cobertura municipal en riesgo: menos municipios, pero más responsabilidades formales

La reorganización territorial genera una contracción significativa en la cobertura municipal de varias EPS, mientras que simultáneamente obliga a ampliar responsabilidades en nuevos territorios.

• Cajacopi: de 342 a 116 municipios (-226).
• Coosalud: pierde 154 municipios.
• Salud Total: cobertura reducida en 151 municipios.
• Sanitas: disminuye cobertura en 116 municipios.

A pesar de esta reducción, la habilitación por subregiones funcionales obliga a las EPS a operar formalmente en todos los municipios de la subregión autorizada, incluso donde no tenían afiliados. Esto aumenta su radio de operación y plantea retos logísticos para garantizar servicios eficientes y continuos.

Ejemplos de expansión formal:

• Sanitas: de 415 a 646 municipios.
• Salud Total: de 291 a 449 municipios.
• Capresoca: de 36 a 175 municipios.

Esta dualidad, menos cobertura efectiva pero más responsabilidades formales, exige reorganizar personal, infraestructura y redes de atención, para asegurar continuidad, calidad y equidad en los servicios.

Impacto inmediato sobre los pacientes: libre elección y continuidad de tratamientos en riesgo

El traslado masivo de afiliados genera riesgos inmediatos para los usuarios:

1. Pérdida de libre elección: los ciudadanos pierden la potestad de decidir su EPS, afectando un derecho fundamental protegido por la Ley Estatutaria y la Corte Constitucional.
2. Interrupción de tratamientos: especialmente pacientes crónicos, oncológicos y de alto costo, cuya continuidad depende de la capacidad de las EPS receptoras.
3. Incertidumbre en el acceso a servicios: la puesta en marcha de CAPS y redes integrales de atención aún no tiene rutas claras de implementación.
4. Procesos administrativos complejos: renegociación de contratos, ajustes de tarifas y definición de redes podrían superar los seis meses de transición, afectando directamente la atención de los pacientes.

Los riesgos son especialmente altos en regiones con brechas de infraestructura y personal, lo que podría afectar la equidad y generar retrasos en consultas y tratamientos críticos.

EPS y CAPS bajo presión: fragmentación y retos operativos

El modelo transfiere a los CAPS la responsabilidad de la atención primaria, debilitando el rol integral de las EPS:

• Pérdida de rol: las EPS dejan de gestionar integralmente la salud de sus afiliados.
• Fragmentación de redes: la multiplicidad de actores dificulta definir rutas claras y eficientes de atención.
• Desafíos logísticos: EPS deben reorganizar redes en territorios donde antes no tenían afiliados, aumentando la carga administrativa y los riesgos de dispersión.
• Impacto en calidad: la atención podría ser fragmentada, con menor coherencia en la prestación de servicios a los pacientes.

Esto plantea retos de coordinación, supervisión y gobernanza, esenciales para evitar interrupciones en la atención.

Riesgos financieros y operativos para las EPS

La reorganización genera presión financiera significativa:

• Ausencia de ajustes UPC: no se contemplan ajustes territoriales ni primas de riesgo por carga de enfermedad.
• Cumplimiento de habilitación financiera: algunas EPS receptoras podrían no cumplir indicadores de patrimonio adecuado.
• Planes de reorganización afectados: cambios en ingresos podrían impactar planes previamente aprobados por la Superintendencia.
• Capacidad operativa: reorganización de recursos humanos, infraestructura y sistemas de información para atender la nueva población asignada.

Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad financiera y operativa, con posibles efectos sobre la continuidad de servicios y la sostenibilidad del sistema.

Reglas de habilitación territorial: criterios clave para operar

El análisis se basó en simulaciones georreferenciadas aplicando criterios de habilitación:

• Habilitación nacional automática: EPS con >20% de afiliados a nivel nacional (Nueva EPS).
• EPS grandes (≥5 millones): no sujetas a la regla del 10% por región, aunque deben cumplir otras normas.
• EPS medianas (<5 millones): ≥10% de afiliados por región; principal causa de pérdida de habilitación.
• Participación mínima por subregión: ≥3% de afiliados para operar.
• Excepción EPS pequeñas (<1 millón): mantienen operaciones.
• Límite por territorio: máximo permitido según tipo de región, limitando competencia.

Estas reglas generan redistribución masiva, reducción territorial y ampliación formal de responsabilidades, con retos logísticos y de gestión importantes.

Atención de millones de usuarios en juego

El efecto combinado de cesión de afiliados, reducción de cobertura municipal y expansión de responsabilidades formales coloca a millones de usuarios en situación de incertidumbre:

• Continuidad de tratamientos: pacientes crónicos, oncológicos y de alto costo podrían enfrentar interrupciones.
• Acceso a servicios: la capacidad de las EPS y la implementación de CAPS determinarán si los usuarios reciben atención o enfrentan retrasos.
• Equidad y derechos: la libre elección y la cobertura uniforme podrían verse comprometidas, generando desigualdad territorial y riesgos para los grupos más vulnerables.

Transición segura y sostenible: recomendaciones de Así Vamos en Salud

Para minimizar los efectos negativos, el centro de pensamiento recomienda:

• Criterios claros de solvencia y capacidad de red de EPS receptoras.
• Transparencia y comunicación efectiva hacia los usuarios sobre cambios, EPS receptoras y rutas de atención.
• Ajustes financieros temporales para EPS afectadas, garantizando sostenibilidad operativa.
• Monitoreo de continuidad de tratamientos, especialmente para pacientes crónicos, oncológicos y de alto costo.
• Coordinación con entidades territoriales para fortalecer infraestructura y capacidad de gestión local.

Solo con una implementación cuidadosa basada en criterios técnicos y de equidad será posible que la reorganización fortalezca el sistema y proteja a los usuarios más vulnerables.

Descargue aquí el informe técnico de Así Vamos en Salud: