20 años del Congreso Nacional de Salud: el escenario donde se encuentran los expertos que marcan el rumbo del sistema. Conozca los detalles del primer día

Este 28 de agosto de 2025, el Hotel Grand Hyatt de Bogotá se convirtió en el epicentro del debate sanitario nacional con la apertura del XX Congreso Nacional de Salud, un evento que celebra 20 años de trayectoria y que, una vez más, reúne a los principales líderes y expertos del sector. Con la presencia de más de 1.400 asistentes, tanto virtuales como presenciales, el Congreso, organizado por CONSULTORSALUD y 1000SILLAS se consolida como el escenario estratégico para analizar los retos, oportunidades y transformaciones que atraviesa el sistema de salud colombiano en un año marcado por decisiones cruciales.

Contraloría alerta sobre riesgo fiscal y baja solvencia de las EPS en Colombia en el Congreso Nacional de Salud

La jornada inaugural estuvo a cargo del Dr. Edgar Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud de la Contraloría General de la República, quien presentó una radiografía del riesgo fiscal en el sistema de salud, poniendo sobre la mesa una discusión clave para entender la sostenibilidad y viabilidad futura de las políticas públicas en este ámbito.

El doctor Niño expuso los principales hallazgos del trabajo adelantado por la Contraloría General de la República, cuyo objetivo fue determinar el estado de la gestión fiscal en las operaciones administrativas y financieras de los recursos públicos, fiscales y parafiscales de las EPS, así como establecer el nivel de deuda de estas entidades con las IPS y los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud durante 2024.

El funcionario recalcó que este diagnóstico es clave para entender los riesgos fiscales del sector, dado que involucra el manejo de recursos públicos de naturaleza fiscal y parafiscal. “La Contraloría no solo cumple un rol de vigilancia, también busca generar insumos técnicos que permitan elevar el nivel de la discusión sobre el futuro del sistema”, afirmó.

El estudio planteó, además otra serie de objetivos que permitieron dimensionar la problemática:

1. Analizar el cumplimiento de los indicadores financieros y de solvencia definidos por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) para medir el desempeño de las EPS.
2. Identificar el estado de la deuda de las EPS con su red prestadora de servicios.
3. Verificar los indicadores de calidad mediante la revisión de las PQR relacionadas con servicios y tecnologías en salud.

En este marco, uno de los puntos más críticos revelados por la Contraloría se relaciona con las condiciones de habilitación financiera y de solvencia de las EPS, reguladas por el Decreto 780 de 2016. De las 29 entidades evaluadas, únicamente 6 cumplen con los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica, lo que equivale a una cobertura de apenas 5.695.755 afiliados, es decir, el 11,41% del total nacional. La situación se agrava si se observa que ninguna de las EPS bajo medida de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud cumple con estas condiciones, evidenciando la fragilidad del modelo de aseguramiento en su conjunto.

El informe de la Contraloría también reveló que 15 EPS no cumplen con el Capital Mínimo exigido, lo que compromete de manera directa su capacidad de pago frente a los prestadores de servicios de salud. Asimismo, 14 EPS presentan incumplimiento en el indicador de Patrimonio Adecuado, lo que representa un riesgo significativo para la administración y uso eficiente de los recursos públicos destinados al sistema.

A esto se suma que 22 EPS no cumplen con la obligación de invertir sus Reservas Técnicas, debilitando la garantía de continuidad en la prestación de servicios y generando una amenaza latente para la estabilidad del aseguramiento en salud en el país.

Aumento del 23% en PQR evidencia barreras de acceso y fallas en la entrega de medicamentos

En materia de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), la Contraloría evidenció un aumento significativo en el volumen reportado por las 29 EPS, pasando de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024, lo que representa un crecimiento del 23,2%. La Nueva EPS concentró 323.682 PQR, equivalente al 22% del total nacional.

Del conjunto de reclamos, 1.346.170 (90,97%) estuvieron relacionados con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud, principalmente por negación oportuna de citas médicas, demoras en autorizaciones y retrasos en la entrega de medicamentos. De manera particular, se reportaron 277.912 PQR (20,64%) vinculadas con la negación y falta de oportunidad en la entrega y autorización de medicamentos.

De estas, 262.209 (94,3%) correspondieron a medicamentos cubiertos por la UPC, mientras que 15.703 (5,7%) estuvieron relacionadas con medicamentos no cubiertos, lo que refleja deficiencias estructurales en la gestión del aseguramiento.

En el análisis también se advierte la magnitud del uso de las tutelas como mecanismo de acceso a la salud. Durante 2024 se registraron 175.025 acciones de tutela, de las cuales la mayoría tuvieron como causa la negación de servicios de salud que ya estaban incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Este hallazgo resulta especialmente preocupante, ya que refleja no solo la falta de oportunidad y efectividad en la gestión de las EPS, sino también la necesidad de que los usuarios recurran a la vía judicial para obtener servicios a los que tienen derecho por ley, evidenciando una vulneración sistemática del acceso efectivo y oportuno a la atención en salud.

“Cuando la tutela se convierte en la vía para hacer efectivo el derecho, se revela un síntoma de enfermedad estructural en el sistema”, explicó Niño. No obstante, advirtió que la magnitud real podría estar subestimada, dado que no todos los usuarios conocen sus derechos ni recurren a estas herramientas de reclamo.

Deuda acumulada de las EPS compromete la sostenibilidad del sistema

El Dr. Niño expuso que la Contraloría evidenció que la deuda total de las 29 EPS al 31 de diciembre de 2024 asciende a $32,9 billones de pesos, de los cuales $24,4 billones corresponden a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Este pasivo se origina principalmente en los costos operativos asociados a la facturación radicada por las IPS, los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, así como en las reservas técnicas tanto conocidas y liquidadas, como en aquellas aún no liquidadas o no reconocidas. El hallazgo refleja la presión financiera que enfrentan los prestadores y la creciente dificultad del sistema para garantizar el flujo de recursos en condiciones de sostenibilidad.

Siniestralidad en aumento compromete la sostenibilidad

Al cierre de 2024, la siniestralidad promedio de las 29 EPS analizadas alcanzó el 110,1%, lo que significa que las entidades gastaron más en atención en salud de lo que recibieron por ingresos. La siniestralidad mínima fue del 87% en Cajacopi Atlántico, mientras que la máxima llegó al 131% en la EPS Ferrocarriles Nacionales, evidenciando un desbalance estructural en la gestión del riesgo en salud.

Deudas con operadores farmacéuticos

Durante 2024 se radicaron facturas por $14,7 billones correspondientes a servicios prestados por operadores farmacéuticos, lo que representó cerca del 15% del costo médico anual. De este valor, las EPS lograron pagar $13,3 billones, equivalente al 90,32% del total, dejando cuentas por pagar acumuladas de $2,86 billones a corte del 31 de diciembre de 2024. Estas obligaciones crecieron respecto a 2023, lo que refleja una presión sostenida sobre el flujo de caja de los aseguradores y una amenaza para la estabilidad de la cadena de suministro de medicamentos.

El Dr. Niño concluyó que el informe de la Contraloría evidencia que el sistema de aseguramiento en salud en Colombia atraviesa una crisis estructural que combina patrimonio negativo, alta siniestralidad, endeudamiento creciente y fallas en la garantía de acceso a servicios básicos. Los hallazgos sobre la baja solvencia de la mayoría de las EPS, el aumento en las PQR y tutelas, y las millonarias deudas con prestadores y operadores farmacéuticos confirman que la sostenibilidad financiera del modelo se encuentra seriamente comprometida. Más allá del diagnóstico, el panorama plantea la urgencia de decisiones regulatorias y fiscales que permitan corregir el rumbo y proteger la atención en salud de millones de colombianos.

Territorialización de salud – Mitos, realidades y caminos para comenzar

La territorialización en salud se consolida como un eje central del debate actual en Colombia. La jornada continuó con el Dr. Carlos Humberto Arango Bautista, director del Centro de Estudios, Innovación e Investigación en Salud de la Fundación Salutia y de la consultora Sinergi, quien expuso un análisis académico y técnico sobre los retos de organizar el sistema de salud a partir del territorio, la población y la geografía, en el marco de las reformas en curso.

Un enfoque con raíces en la política pública

El Dr. Arango explicó que la discusión sobre la territorialización no es nueva: desde hace más de cinco años se ha planteado desde la gestión de políticas públicas como un requisito indispensable para la formulación, implementación y evaluación de estrategias en salud. La clave, según afirmó, radica en cómo los principios de enfoque territorial, que suelen declararse en los artículos iniciales de los actos administrativos, se convierten en acciones concretas que impacten en la planificación y la prestación de servicios.

El experto resaltó que gran parte de las ineficiencias del sistema tienen origen en la manera como está organizada la salud en las capas territoriales, lo que impide cumplir de forma efectiva la misión de garantizar acceso integral y equitativo. En este contexto, el decreto de regionalización y subregionalización funcional presentado recientemente por el Ministerio de Salud constituye el primer paso hacia la materialización del concepto de territorialización.

Entre mitos y realidades del modelo

Durante su intervención, aclaró que la territorialización no debe entenderse como un rediseño “apocalíptico” del sistema, sino como un proceso de reorganización que aprende de experiencias internacionales y de estudios locales. Explicó que es un error reducirla a un cambio administrativo o geográfico; en realidad, implica la integración funcional de la prestación, el aseguramiento y la salud pública desde el territorio.

Entre los mitos más comunes, mencionó la idea de que territorializar equivale a centralizar, cuando en realidad busca fortalecer la planeación local con soporte técnico y recursos suficientes. En contraste, la realidad es que, sin este enfoque, la política pública en salud se fragmenta y pierde capacidad de respuesta frente a las necesidades diferenciales de las comunidades.

Caminos para comenzar la reorganización

Además, subrayó que Colombia debe iniciar el camino de la territorialización con evidencia, gradualidad y participación de los actores. Propuso avanzar en una planificación espacial en salud, que identifique cómo se relacionan los determinantes geográficos, demográficos y epidemiológicos con la distribución de los servicios. Esto permitiría definir subregiones sanitarias funcionales y garantizar que la oferta esté alineada con las necesidades locales.

Asimismo, insistió en que el enfoque territorial debe ser un instrumento para reducir inequidades y optimizar el uso de los recursos, más allá de convertirse en un discurso político. “La territorialización es un medio para mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, no un fin en sí mismo”, señaló.

Subregiones y territorialización en salud

El Dr. Carlos Humberto Arango presentó un ejercicio de configuración de subregiones sanitarias, destacando que una tercera parte de ellas integran municipios de varios departamentos y que el 65 % se concentran en un solo territorio. Este enfoque, afirmó, obliga a planificar el sistema de salud más allá de los límites político-administrativos, teniendo en cuenta los flujos poblacionales y de servicios.

El modelo reconoce siete grandes regiones funcionales, con centralidades en Bogotá, Cali y Bucaramanga, que concentran la mayor parte de la población del país. En particular, Bogotá se propone como una región en sí misma, dadas sus características demográficas y sanitarias.

El análisis también incorporó realidades diferenciadas como la región insular, que depende de ciudades continentales para servicios de alta complejidad, y las cuencas del Orinoco y Amazonas, donde la hidrografía y la dispersión poblacional plantean retos adicionales de acceso.

El Dr. Arango concluyó que la territorialización debe asumirse como una herramienta técnica de geografía sanitaria, destinada a articular eficiencia, equidad y sostenibilidad. Su éxito dependerá de lograr que las subregiones funcionen como espacios integrados que acerquen los servicios a la población y reduzcan inequidades históricas.

Retos financieros del sistema de salud: ADRES

En el Congreso Nacional de Salud, el director general de la Administradora de los Recursos de la Salud (ADRES), doctor Félix León Martínez, presentó un balance sobre la evolución de los recursos del sistema, destacando cifras históricas y la importancia fiscal del sector.

En su intervención, el funcionario subrayó que los recursos de la salud han crecido de manera sostenida por encima de la inflación durante los últimos 30 años, con excepción de dos momentos: la pandemia y el año 1995. Esta tendencia, explicó, refleja la magnitud creciente del financiamiento del sistema.

Cifras históricas en la gestión de ADRES

El Dr. Martínez anunció que esta semana la entidad alcanzó un hito de 100 billones de pesos administrados para el pago de servicios de salud en el país, lo que equivale al 20 % del presupuesto nacional. Precisó que no todos estos recursos provienen directamente del presupuesto de la Nación, pero resaltó su relevancia fiscal.

Además, informó que recientemente el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobó una adición de 1,2 billones de pesos, trasladados por el Ministerio de Salud, destinados a cubrir los presupuestos máximos correspondientes al trimestre en curso.

También advirtió que el gobierno no dispone de fuentes inmediatas para financiar un incremento de 20 billones de pesos adicionales, lo que obliga a buscar alternativas de ingresos. Recordó que, aunque la Unidad de Pago por Capitación (UPC) aumentó este año en un 5,3 %, el gasto real del sistema crece alrededor de un 7,8 %, principalmente por el fenómeno del envejecimiento poblacional.

Martínez explicó que los pagos se realizan con base en grupos etarios y no en la UPC promedio, lo que genera un crecimiento automático del gasto. A medida que las personas cambian de grupo de edad, los costos se incrementan. “Si no hubiera incremento en la UPC, el gasto crecería en promedio un punto y medio, pero al sumarse el ajuste anual, el crecimiento llega al 7,8 %”, señaló.

Incremento de la UPC y restricciones macroeconómicas

El funcionario recordó que este año el aumento de la UPC se determinó únicamente con base en la inflación, debido a que la información disponible no permitía realizar el análisis técnico requerido. Esta decisión se amparó en la ley que establece que, en ausencia de estudios concluyentes, el incremento debe corresponder a la variación inflacionaria.

Finalmente, Martínez enfatizó que, aunque los recursos del sector salud mantienen una tendencia de crecimiento, este proceso siempre estará condicionado por las limitaciones macroeconómicas del país. Subrayó que la situación no es exclusiva de Colombia, ya que todas las naciones deben ajustar el financiamiento de la salud a sus capacidades fiscales, desde Inglaterra hasta Japón.

Suficiencia de la UPC

El funcionario advirtió que ningún gobierno puede disponer por sí solo de 20 billones de pesos adicionales para el sistema. Cualquier incremento en el financiamiento, ya sea por mayores recursos o nuevos impuestos, debe tramitarse en el Congreso de la República. Como ejemplo, mencionó el proyecto de ley que cursa en el Senado y que prevé destinar alrededor de 6 billones de pesos provenientes de impuestos saludables al sector salud.

Uno de los temas centrales de la intervención fue el giro directo, mecanismo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y reglamentado por decreto, que obliga a que las EPS sin patrimonio adecuado o bajo intervención transfieran los recursos a través de la ADRES. Según explicó Martínez, el procedimiento es simple: el 20 % de los recursos se entrega a la EPS y el 80 % restante se gira directamente a la red prestadora, de acuerdo con la nómina enviada por cada entidad.

El director subrayó que la ADRES no interviene en la decisión de a qué IPS se paga, sino que cumple estrictamente las órdenes reportadas por las EPS. Destacó además la rapidez del proceso: los recursos del presupuesto nacional son girados a las clínicas y hospitales en un plazo máximo de 48 a 72 horas, mientras que las cotizaciones del régimen contributivo recaudadas de lunes a jueves se transfieren a las instituciones de salud los viernes de cada semana.

Cifras y cobertura del giro directo

Actualmente, el giro directo supera los 6 billones de pesos mensuales, lo que equivale a más del 80 % de los recursos del sistema. En 2022 este mecanismo apenas se aplicaba al régimen subsidiado y a una EPS intervenida del contributivo, pero hoy cubre prácticamente a la totalidad de ambos regímenes.

Recalcó que este modelo ha reducido tiempos y mejorado el flujo de recursos hacia prestadores, aunque reconoció que persisten problemas derivados de prácticas de algunas EPS que no distribuyen de manera regular los giros entre sus redes. La ADRES, aseguró, está exigiendo que los pagos se realicen con mayor uniformidad para evitar crisis financieras en hospitales y clínicas.

También destacó que los pagos se realizan con plena transparencia, pues la entidad publica en su página web la información detallada de los giros a cada EPS e IPS, incluyendo fecha, monto y orden de pago.

Reconocimiento de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC

Martínez recordó que, además de la gestión de la UPC, la ADRES tiene a su cargo el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC (No PBS). Estos recursos corresponden principalmente a tratamientos, medicamentos, insumos y procedimientos ordenados a los pacientes y que deben ser cubiertos a través de los mecanismos de presupuestos máximos o recobros.

El director señaló que, en promedio, la entidad paga un billón de pesos trimestral por presupuestos máximos, aunque este proceso tiene plazos distintos a los del giro directo y puede presentar demoras de entre 30 y 60 días. Aclaró que, a pesar de ser una proporción menor cerca del 4 % de los recursos administrados, este componente es crucial para garantizar el acceso a tratamientos de alto costo y tecnologías innovadoras.

Panel internacional analiza los retos de los sistemas de salud en transformación

Durante el Congreso Nacional de Salud se desarrolló el panel Oportunidades y desafíos de sistemas de salud en transformación, que reunió a expertos de Colombia, México y Perú y moderado por el Dr. Jaime Cater, Fundador y CEO de EDI. Los panelistas expusieron la situación actual de sus sistemas sanitarios, sus principales brechas y las oportunidades de mejora dentro de los cuales destacaron:

El presidente del Hospital Internacional de Colombia (HIC) y de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), Víctor Raúl Castillo, señaló que uno de los principales desafíos del sistema colombiano está en la formación del talento humano en salud.

Recordó que, aunque hace casi 40 años se iniciaron programas de medicina familiar en el país, a la fecha no se han formado más de mil médicos familiares, cuando la necesidad supera los 12.000 profesionales. Según explicó, esta situación refleja la falta de articulación entre el Ministerio de Salud, que identifica las necesidades de especialidades como medicina familiar o geriatría, y el Ministerio de Educación, que regula la formación académica, pero no responde de manera oportuna a dichas demandas.

Castillo también advirtió sobre la inequidad en la contratación del personal de salud, especialmente en el sector público, donde la mayoría de trabajadores continúa vinculado bajo esquemas de tercerización a través de cooperativas o contratos sindicales. Para el especialista, este modelo precariza las condiciones laborales, limita la estabilidad del talento humano y repercute en la calidad de la atención que reciben los pacientes. En su opinión, avanzar hacia un sistema de salud sostenible pasa no solo por fortalecer la atención primaria y la prevención, sino también por garantizar una formación adecuada y una contratación justa de los profesionales de la salud.

El coordinador del Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), Santiago March, expuso que México tiene un sistema fragmentado dividido entre el sector público y privado. Dentro del público, coexisten instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (con más de 50 millones de afiliados) y los esquemas dirigidos a población rural sin empleo formal, alcanzando una cobertura general del 73 %. Sin embargo, solo un 8 % de la población cuenta con seguro privado, mientras que más del 50 % de los gastos en salud provienen del bolsillo de los hogares, el nivel más alto entre los países de la OCDE.

March señaló que, pese a que México asigna presupuesto suficiente, existe un subejercicio de más del 40 %, lo que afecta programas clave como vacunación. Además, advirtió un rezago regulatorio de más de 10 años en nuevas tecnologías, con 168 iniciativas en trámite en el Congreso. Destacó que la salud digital representa una oportunidad para reducir brechas de atención, tal como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, aunque insistió en que su implementación requiere marcos regulatorios modernos y estrategias diferenciadas.

El ex Superintendente Nacional de Salud de Perú, José Elías Cabrejo, explicó que el sistema de su país es fragmentado, segmentado y descentralizado, con múltiples subsistemas: el Ministerio de Salud, la seguridad social (EsSalud), las Fuerzas Armadas y Policía, la beneficencia y el sector privado. Señaló que el Seguro Integral de Salud (SIS), creado en 2002, ha alcanzado una cobertura del 98 % de la población, pero enfrenta dificultades de eficiencia y oportunidad en la atención.

Cabrejo subrayó que los principales retos del sistema peruano siguen siendo las brechas de equidad: financiera, geográfica e intercultural. Si bien se logró ampliar la cobertura, esta expansión no garantiza calidad ni oportunidad en los servicios. A su juicio, la pérdida de rectoría del Ministerio de Salud en las regiones ha fragmentado aún más el sistema, dificultando la coordinación y la gestión de recursos.

Auditoría médica inteligente y pagador único: Conozca la ADRES del futuro

La doctora Edna Sánchez González, asesora de la Dirección General de la ADRES, presentó una conferencia sobre la Auditoría Médica Inteligente y el modelo de pagador único. Con más de 13 años de experiencia en el sector salud y seis de ellos en la ADRES, la ponente destacó que esta entidad se ha consolidado como una de las más relevantes del sistema, al centralizar los recursos y garantizar mayor transparencia en su uso.

Sánchez explicó que el rol de pagador único que está asumiendo la ADRES busca garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes prestan los servicios de salud. Recordó que en el pasado los recobros podían tardar hasta tres años, mientras que hoy los presupuestos máximos se pagan en plazos de uno a tres meses, lo que refleja una mejora sustancial en el flujo financiero. Además, resaltó que el régimen subsidiado gira los recursos mensualmente, el contributivo lo hace cuatro veces al mes y que cada vez más recursos llegan de forma directa a clínicas, hospitales y proveedores.

Finalmente, la asesora señaló que este modelo responde al principio de una protección pública única, universal, eficiente y solidaria, enmarcada en la reforma que impulsa el Gobierno Nacional. Subrayó que la transparencia es un eje central de la ADRES, destacando herramientas como los tableros públicos de giro directo, que permiten a cualquier ciudadano conocer en tiempo real a qué instituciones se están destinando los recursos. Con esta estrategia, aseguró, se busca fortalecer la confianza en el sistema y garantizar la sostenibilidad de la salud en Colombia.

Panel Gestión y logística farmacéutica: Cambia el mapa operativo del abastecimiento en Colombia

En el marco del Congreso Nacional de Salud se desarrolló el panel “Gestión y logística farmacéutica: Cambia el mapa operativo del abastecimiento en Colombia”, un espacio clave para analizar cómo las transformaciones actuales en la cadena de suministro impactan la sostenibilidad, la equidad y el acceso a los medicamentos. Moderado por el Dr. Juan Pablo Albanes, director médico en Axon Pharma, el encuentro reunió a dos referentes de la industria: el Dr. Jamel Alberto Henao, gerente de COHAN, y la Dra. Clara Isabel Rodríguez Serrano, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), quienes abordaron las estrategias que distintos sectores están impulsando para garantizar eficiencia, calidad y acceso oportuno a los tratamientos.

Durante el debate se resaltó que el canal institucional concentra hoy cerca del 68 % del mercado, lo que confirma la relevancia del sector farmacéutico nacional en la provisión de medicamentos para la atención primaria y el cuidado de millones de pacientes.

Actualmente, Colombia cuenta con 98 plantas farmacéuticas, responsables de producir alrededor del 80 % de los medicamentos que se consumen en el mercado institucional y de cuidado primario, consolidando a la industria local como un actor estratégico para la seguridad sanitaria del país. Sin embargo, se advirtió que esta capacidad solo representa cerca del 34 % en términos de valor económico del mercado, lo que plantea retos adicionales en materia de competitividad y sostenibilidad.

Los panelistas coincidieron en que la negociación de medicamentos ha evolucionado más allá de los descuentos, integrando ahora criterios de gestión integral del abastecimiento, trazabilidad y responsabilidad compartida entre los actores. En este nuevo escenario, cada eslabón de la cadena, desde fabricantes hasta gestores y dispensadores debe asumir roles definidos y adaptarse a un marco legal y técnico en transformación.

Para la industria, la prioridad es mantener la calidad y seguridad de los medicamentos, mientras que para los gestores y operadores logísticos el reto está en garantizar que los productos lleguen al paciente final sin barreras de acceso. Esta articulación, concluyeron, será decisiva para consolidar un modelo eficiente y equitativo de suministro en el sistema de salud colombiano.

Desafíos del Talento Humano en Salud – Política Pública, Reforma Laboral y Proyecto de Ley

En la sesión final del Congreso, el Dr. Jorge Toro Rivera, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia (UNIPS), centró su intervención en la planeación del talento humano en salud para la próxima década. Señaló que cualquier política pública en este ámbito debe partir de cifras claras y actualizadas, pues de ellas depende la adecuada organización de la oferta y la distribución regional de profesionales. Subrayó además que la articulación con la academia será clave para ajustar los programas de formación a las necesidades reales del sistema.

El Dr. Toro Rivera advirtió que la distribución de profesionales de salud en Colombia sigue siendo desigual, con una concentración significativa en territorios como Bogotá y Antioquia, mientras que las zonas periféricas mantienen una oferta limitada. Resaltó que la mayor proporción del recurso humano corresponde a auxiliares y personal de enfermería, lo que plantea el reto de fortalecer su formación y mejorar sus condiciones laborales para garantizar la calidad y oportunidad en la atención.

Desafíos en la contratación y competencias territoriales

El Dr. Jorge Toro Rivera también llamó la atención sobre las dificultades de contratación de talento humano en ciudades intermedias y hospitales regionales, que enfrentan serios problemas para responder a la demanda creciente. Señaló que esta situación debe abordarse con una línea base de información y gestión de talento humano, articulada a las nuevas competencias territoriales derivadas del acto legislativo aprobado el año pasado.

En este sentido, destacó la importancia de que las secretarías de salud participen activamente en procesos de monitoreo y evaluación de la disponibilidad de especialistas y capacidad instalada. Para el conferencista, este diagnóstico permitirá planear de manera más precisa la distribución del recurso humano y garantizar que la oferta se ajuste a las necesidades reales de los pacientes.

Conclusiones: grandes retos del talento humano en salud

En el cierre de su intervención, el Dr. Jorge Toro Rivera enfatizó que uno de los objetivos centrales de la normativa es garantizar que al menos el 80 % del plan de beneficios sea atendido en las regiones, lo que representa una oportunidad de reorganización del sistema en los próximos diez años. Para ello, se requiere un trabajo coordinado entre EPS, IPS y autoridades territoriales, con la meta de descentralizar la prestación de servicios y asegurar condiciones laborales dignas para los profesionales del sector.

Advirtió además que la implementación de la reforma laboral ya está teniendo efectos visibles: aumento de la informalidad y pérdida de empleos, dificultades para la programación de servicios como las cirugías en fines de semana debido a los recargos y mayores costos derivados de la contratación bajo contratos de aprendizaje y de prestación de servicios. Estos factores, explicó, impactan directamente la disponibilidad y accesibilidad de los usuarios, quienes terminan enfrentando demoras o reducción en la oferta asistencial.

Finalmente, el conferencista subrayó que los grandes retos del talento humano en salud pasan por fortalecer la gobernanza y la articulación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y las secretarías territoriales. La definición de un plan nacional de formación alineado con las necesidades del país y la consolidación de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo deben convertirse en prioridades inaplazables. Solo así, concluyó, será posible asegurar que el recurso humano cuente con las competencias, las condiciones de empleo y la estabilidad necesarias para sostener la transformación del sistema de salud colombiano.

Así culminó el primer día del Congreso Nacional de Salud

El primer día del Congreso Nacional de Salud cerró con las palabras de Liliana Palacios, cofundadora y directora financiera de CONSULTORSALUD, quien destacó la importancia de estos espacios de encuentro para articular a todos los actores del sistema. “Este congreso es la oportunidad de construir juntos las soluciones que necesita la salud en Colombia y en la región, con propuestas realistas, técnicas y sostenibles”, afirmó. Palacios agradeció a los asistentes presenciales y virtuales por su participación activa e invitó a continuar con la misma energía en las siguientes jornadas.