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Violencia obstétrica: Proyecto de ley

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La senadora Nadia Blel radicó un proyecto de ley que busca dictar medidas para prevenir y sancionar la violencia obstétrica. Entendiendo este tipo de violencia como forma una específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, se configura en las conductas de acción u omisión que ejerza el personal de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte a la salud, integridad sexual y reproductiva de las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio. 

Esta forma de violencia contra la mujer ha sido invisible por factores sociales de aceptación como conductas propias de las relaciones de subordinación en la relación médico o personal de salud tratante – paciente.

Según OMS, un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias de las mujeres en el embarazo y, en particular, el parto, plantean un panorama alarmante. Muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto en centros de salud. Esta es una violación de la confianza entre las mujeres y los profesionales de la salud que las atienden, lo cual puede convertirse en un importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna y utilizan estos servicios.

Dentro de las denuncias se encuentran casos de:

– Maltrato físico

– Humillación y maltrato verbal

– Procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización)

– Falta de confidencialidad

– Incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo

– Negativa a administrar analgésicos

– Violaciones de la privacidad

– Rechazo de la admisión en centros de salud

– Negligencia hacia las mujeres durante el parto lo que deriva en complicaciones potencialmente mortales, pero evitables

– Retención de las mujeres y de los recién nacidos en los centros de salud debido a su incapacidad de pago

– Alteración del proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias

– Practicar el parto vía cesárea cuando existan condiciones para el parto natural

– Dilatación de la práctica de interrupción del embarazo en los casos legalmente admisibles.

Lo que busca este proyecto de ley es garantizar un servicio de salud basado en el trato digno y humanizado de los procesos de atención del parto, procura el reconocimiento de la violencia obstétrica en el ordenamiento jurídico como una manifestación de violación de derechos que amerita ser sancionada y sobre las cuales se deben establecer medidas de prevención por parte de las autoridades, ampliando el margen de protección Ley 1257 DE 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Para esto se realiza una serie de recomendaciones dentro de las cuales se destacan:

– Mayor respaldo de los Estados miembros, en relación con las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto.

– Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad

– Realzar el derecho de la mujer a recibir una atención de la salud digna y respetuosa en el embarazo y el parto.

– Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas

En Colombia pese a los debates orientados por investigadores del área de la salud y fundaciones en pro de la defensa de los derechos de las mujeres y los llamados de la comunidad internacional, no se ha efectuado un esquema de protección, prevención y sanción de aquellas conductas que configura violencia obstétrica. El reconocimiento de esta forma de violencia contra la mujer, amplia el ámbito de protección de los derechos fundamentales y de género dentro del ordenamiento jurídico; como también disminuye afectaciones en el ámbito de la salud reproductiva, en especial en la reducción de muertes maternas y neonatales, pues en Colombia en su gran mayoría se deben a causas de fácil manejo preventivo mediante cuidados básicos prenatales y una oportuna atención a la hora del parto, los cuales se conocen y están disponibles desde hace más de treinta años y con cuya aplicación es posible reducir esta tasa a menos de 10 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.

Muertes maternas en cifras:

–  En el mundo cada día se producen aproximadamente 830 muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto

– En Colombia entre 2000 y 2008 las muertes maternas pasó de 104,9 a 60,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos

– Entre 2008 y 2011, el indicador osciló entre 60,7 y 71,6 

– Chocó, Vichada, La Guajira, Córdoba, Guainía, Vaupés, Putumayo son los departamentos con mayor indice de mortalidad materna

– Se calcula que entre el 25% y 30% de los nacimientos se atienden bajo cesaría. Este porcentaje que supera la cifra recomendada por la OMS desde 1985, como tasa “ideal” de cesáreas entre el 10% y el 15%

 

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

También puede leer: nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

También puede ver: Supersalud pide revisar funcionamiento a más de 300 IPS en Soacha

¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

También puede leer: fijan lineamientos para la prestación de proyectos de inversión con recursos del SGR

Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

También puede ver: Sobre la depuración de las EPS en el país

Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

dOCUMENTO ADJUNTO

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

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