Medimás EPS ganó una batalla ante el Consejo de Estado que el pasado 9 de agosto de 2019, y a través de la consejera Dra. Nubia Margoth Peña Garzon de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con referencia al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos solicitados por Jorge Enrique Robledo y Jose Roberto Acosta, resolvió dejar sin efecto los autos de 23 de enero y 12 de febrero emitidos en sala unitaria por la Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Magistrada de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

PORQUE SE HABÍAN ESTABLECIDO MEDIDAS CAUTELARES CONTRA MEDIMAS EPS

Los señores JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO Y JOSÉ ROBERTO ACOSTA, en nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en EI artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto 1983, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y CAFESALUD E.P.S. S.A., tendiente a que se protegiera el derecho colectivo al acceso al servicio público de seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

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Los actores y la Procuradora 1 Judicial para Asuntos Laborales de la Procuraduría General de la Nación, en escritos separados solicitaron a título de medidas cautelares de urgencia, ordenarles a PRESTNEWCO S.A.S., a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, al MINISTERIO DE SALUD Y a la AGENTE LIQUIDADORA DE SALUDCOOP E.P.S., en Liquidación, abstenerse de autorizar:

1. la modificación de la composición accionaria de MEDIMÁS EPS S.A.S.,
2. cualquier actividad encaminada a sustituir la posición contractual de PRESTNEWCO SAS por la sociedad DYNAMIC BUSINESS & MEDICAL SOLUTIONS INC – DBMS, o
3. efectuar cualquier negociación cesionaria de los activos, pasivos y contratos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.

QUE ESTABLECÍAN LAS PROVIDENCIAS DE LA DRA. LOZZI

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 23 de enero de 2019, adicionada el 12 de febrero siguiente, decretó medidas cautelares de urgencia consistentes en que:

1. SALUDCOOP en Liquidación y CAFESALUD E.P.S. suspendieran cualquier negociación y/o suscripción de la venta de activos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.;
2. la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD se abstuviera de autorizar cualquier negociación cesionaria que implique el cambio de la composición accionaria de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.; y
3. las sociedades PRESTNEWCO S.A.S. y PRESTMES S.A.S. se abstuvieran de efectuar cualquier negociación cesionaria de los activos, pasivos y contratos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.

LA APELACION Y EL ESTADO ACTUAL

La anterior decisión fue apelada por los apoderados de PRESTNEWCO S.A.S. MEDIMÁS EPS S.A.S. y el Consejo de Estado concluyó que: siendo ello así, al revisar el caso concreto, se observa que el auto de 23 de enero de 2019, adicionado el 12 de febrero siguiente, a través del cual la Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno decretó medidas cautelares de urgencia, ha debido proferirse por la Sala, pues por disposición expresa de la ley, esta es la competente para el efecto y no el Magistrado ponente.

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Siendo ello así, en atención al deber de saneamiento que le asiste al juez, es del caso dejar sin efecto los autos de 23 de enero y de 12 de febrero de 2019, habida cuenta que la Magistrada que lo profirió carecía de competencia, por lo que, en consecuencia, se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen, con el fin de que la decisión sea adoptada por la Sala competente.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- adelantó el pago de $172.304 millones por concepto de la deuda pendiente que tenía con las EPS por servicios no financiados a cargo de la UPC del 2017 y que la entidad había certificado a través del mecanismo de glosa trasversal.

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Cabe mencionar que dicho valor fue girado en su totalidad a las IPS y proveedores de servicios de salud que habían recibido la certificación de deuda, por disposición de las EPS. Estos recursos sólo podían ser distribuidos entre los centros médicos y proveedores de servicios de salud que eran titulares de las certificaciones de deuda que emitió la ADRES en 2017. Estos recursos corresponden al segundo desembolso que ha hecho la ADRES con la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo. El primer giro se realizó en julio pasado, por valor de $570.252 millones que corresponden al pago previo ajustado de los recobros de servicios no financiados con la UPC, radicados durante los meses de agosto a diciembre de 2018.

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Mediante Decreto # 2018070004271 del 27 de diciembre de 2018 del presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019, la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia entregó esta semana, recursos por $10 mil 414 millones a 124 municipios del departamento para fortalecer los entornos saludables a partir de la Estrategia Atención Primaria en Salud APS, desarrollada en el marco del Plan Decenal de Salud Pública.

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En ese sentido, la secretaria de Salud, Gabriela Cano, anunció una estrategia para atender menores de 15 años con problemas de salud visual y adultos mayores de 55.

Para ello, informó Cano, se dedicaron recursos por $1.500 millones.

Asimismo, el Gobierno departamental dispuso de $1.200 millones para adelantar la dotación de bancos de movilidad que faciliten la entrega de aparatos de locomoción a las personas en condición de discapacidad.

¿Cómo se entregaron los recursos?

En la reunión desarrollada en el salón Pedro Justo Berrío del Centro Administrativo Departamental CAD, se entregaron recursos por $7 mil 271 millones a 83 municipios que demostraron una ejecución superior del 85% de los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas y del 100% de la concurrencia departamental para el fortalecimiento de la estrategia APS.

Para 31 localidades que hicieron una ejecución superior al 85% del Plan de Intervenciones Colectivas pero, que por falta de ejecución deben devolver recursos de la estrategia APS, se les restringe el acceso a recursos por $2 mil 570 millones, hasta tanto no reintegren los recursos correspondientes al valor objetado, con sus respectivos rendimientos financieros.

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Y para 10 municipios cuya ejecución fue inferior al 85% del Plan de Intervenciones Colectivas, se les rebajó el 20% de los  recursos asignados en el presupuesto del 2018, y para el año 2019, la nueva asignación llega a $573 millones.

A los municipios que cuentan con Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se les asignó un monto diferencial de $20 millones adicionales, con el fin de que en estos lugares y en las veredas aledañas se realicen las intervenciones necesarias en los Entornos objeto de la Atención Primaria en Salud.