La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha emitido una alerta sobre la posible pérdida de más de $200 mil millones de pesos por parte de la EPS Coosalud, tras la intervención realizada el pasado 22 de noviembre en Cartagena. El equipo interventor, designado por el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, presentó su primer informe de hallazgos, que revela irregularidades graves en el manejo de los recursos de la entidad.
Uno de los principales hallazgos del informe se refiere a la situación financiera de Coosalud EPS que tiene 3.276.331 afiliados. En diciembre de 2022, la entidad actuó como garante de un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris S.A. y la empresa COOSALUD INVERSA S.A.. Esta operación, que inicialmente parecía ser una medida financiera estándar, culminó en un incumplimiento por parte de COOSALUD INVERSA S.A. y en noviembre de 2024, el banco notificó a la EPS sobre el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la deuda, la cual ascendía a $221 mil millones de pesos en capital e intereses.
A raíz de este incumplimiento, el banco procedió a utilizar recursos de fideicomisos relacionados con Coosalud para cubrir la deuda, concretando la transferencia de $206 mil millones de pesos desde estos fondos. Este procedimiento, según el informe, pone en riesgo la integridad de los recursos públicos y plantea serias preocupaciones sobre la gestión financiera de la EPS.
Supersalud revela posible conflicto de interés en Coosalud EPS
En paralelo, el informe también dio a conocer un posible conflicto de interés y favorecimiento de sociedades relacionadas con familiares de directivos de Coosalud EPS. En particular, se identificaron pagos recurrentes y significativos a la empresa Red Medihos S.A.S., cuyo único accionista parece ser el hijo del exrepresentante legal de Coosalud EPS, Jaime González Díaz, quien es hijo de Jaime González Montaño, el representante legal de la entidad durante la firma del contrato de crédito. Este vínculo familiar plantea serias dudas sobre la transparencia en los contratos suscritos por la EPS, especialmente en lo que respecta al manejo de recursos públicos.
Además, se detalla que en agosto de 2023 se suscribió un contrato de coworking entre Coosalud EPS y Coosalud Inversa S.A., dos empresas en las cuales Jaime González ha sido representante legal. Este contrato, que favorece a las mismas entidades vinculadas a los directivos de Coosalud, añade otra capa de sospecha sobre el manejo de los recursos y la posibilidad de favorecimientos indebidos a sociedades relacionadas con los directivos de la EPS.
El equipo interventor también destacó que los recursos comprometidos en estas operaciones son de naturaleza pública y, por tanto, deben ser manejados bajo los más estrictos estándares de transparencia y regulación. La intervención de la Supersalud, en este contexto, se torna crucial para garantizar la correcta utilización de los fondos y evitar que los recursos destinados a la salud de los colombianos sigan siendo mal gestionados.
Estas irregularidades, que apuntan tanto a la falta de control sobre los recursos financieros como a posibles conflictos de interés, revelan la necesidad de una supervisión más estricta de las EPS en el país, particularmente en momentos en los que los recursos públicos deben ser priorizados para el bienestar de los ciudadanos. Además, la alerta de la Supersalud y los hallazgos de dicho informe abrirán el camino para futuras investigaciones y acciones correctivas que permitan recuperar y proteger los fondos destinados a la atención de salud pública en Colombia.
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