La intervención del Hospital de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud durante un año, tras identificar deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que comprometen la atención de más de 60.000 usuarios. La medida, se complementa con el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de conformar equipos especializados para investigar la contratación de la institución y apoyar su funcionamiento.
El mandatario se pronunció sobre la situación del hospital y cuestionó presuntas irregularidades relacionadas con equipos médicos, contratos de servicios y recursos institucionales. La Presidencia de la República confirmó que se realizará una revisión de la contratación hospitalaria, mientras que la Supersalud designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora.
Intervención del Hospital de San Andrés: 13 servicios habilitados no se estaban prestando
La decisión de la Supersalud se fundamenta en los resultados de las acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, así como en incumplimientos reiterados de los planes de mejoramiento desde 2022.
Durante las actuaciones, la entidad encontró que 13 de los 59 servicios habilitados no eran prestados, equivalentes aproximadamente al 22 % de la oferta registrada. También documentó dificultades para garantizar atención en cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, además de restricciones en la disponibilidad permanente de especialistas.
La capacidad quirúrgica presentó limitaciones adicionales. El hospital contaba con un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios y registraba pacientes con esperas quirúrgicas superiores a un año. A estos hallazgos se sumaron 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura, una situación que afecta la oportunidad de disponer de información diagnóstica necesaria para orientar decisiones clínicas.
Las deficiencias adquieren especial relevancia considerando que se trata de un hospital de tercer nivel de complejidad que atiende a la población del archipiélago.
Deficiencias en bioseguridad, equipos y medicamentos
La inspección también identificó deterioro de infraestructura, condiciones inadecuadas de algunos equipos e incumplimientos de protocolos de bioseguridad. Según la Superintendencia, estas deficiencias generan riesgos en procesos como prevención de infecciones, limpieza y desinfección, esterilización, seguridad transfusional y funcionamiento del laboratorio clínico.
En abastecimiento, fueron documentados faltantes de medicamentos e insumos esenciales, junto con debilidades en inventarios, dispensación, almacenamiento y conservación. Otro hallazgo corresponde a una máquina destinada al tratamiento de residuos biológicos. Aunque se había entregado un anticipo del 50 %, equivalente a $858 millones, el equipo no había sido recibido debido a que el hospital no realizó las adecuaciones físicas necesarias para instalarlo.
Estos resultados evidencian que las dificultades operativas abarcan tanto la disponibilidad de servicios como las condiciones requeridas para prestar atención de manera segura.
Presidente De La Espriella anuncia investigación de contratos del hospital
La situación del Hospital Departamental de San Andrés también motivó un pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella, quien cuestionó presuntas irregularidades administrativas y anunció investigaciones sobre el manejo contractual de la institución.
La situación del Hospital Departamental de San Andrés es indignante: equipos médicos guardados en guacales y deteriorándose, nóminas paralelas, contratos de aseo y radiología ligados a personas cercanas a la Gobernación y un contrato de fotocopiadoras por $60 millones mensuales. La información recibida también señala la participación de un diputado. Esa línea se investigará con rigor, sin privilegios ni excepciones. Vamos a conformar un equipo forense para revisar toda la contratación y un equipo técnico para apoyar al hospital. Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia. El hospital es para atender a los sanandresanos, no para servir a intereses particulares. ¡No habrá impunidad! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026
El mandatario calificó de indignante la situación del centro asistencial y denunció la existencia de equipos médicos almacenados y deteriorándose, presuntas nóminas paralelas, contratos de aseo y radiología vinculados con personas cercanas a la Gobernación y un contrato de fotocopiadoras por $60 millones mensuales.
El presidente también señaló la presunta implicación de un diputado en los hechos denunciados. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del mandatario y no constituyen, por sí mismas, conclusiones de una investigación judicial o fiscal.
Para revisar estas situaciones, el jefe de Estado anunció la conformación de un equipo forense que examinará la contratación y de un equipo técnico encargado de apoyar al hospital.
“Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia”.
El anuncio incorpora una línea de revisión contractual a las medidas de intervención administrativa adoptadas por la autoridad sanitaria. No obstante, los posibles hallazgos y responsabilidades deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.
Rezago de $3.605 millones en facturación y dificultades financieras
En el componente económico, la Supersalud identificó problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en los estados financieros, lo que impide establecer con certeza la situación económica de la institución.
El informe también documentó un rezago de aproximadamente $3.605 millones en facturación, con corte a diciembre de 2025, acompañado de ausencia de acciones efectivas de recaudo.
Según el estudio técnico de la Superintendencia, las dificultades financieras, sumadas a las fallas asistenciales, administrativas y de dirección, generan riesgos para la continuidad operativa y evidencian deficiencias de gestión gerencial.
¿Qué medidas contempla la intervención del Hospital de San Andrés?
La Supersalud ordenó la intervención forzosa para administrar la institución durante un año y designó a Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora. Esta decisión se suma a las 30 órdenes impartidas el 8 de octubre a la Gobernación del Archipiélago y a la gerencia del hospital.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, el propósito es restablecer las condiciones de dirección y control institucional, mitigar los riesgos identificados, proteger los recursos destinados a salud y garantizar la continuidad de los servicios.
Paralelamente, la revisión contractual anunciada por el presidente introduce un componente adicional de verificación sobre el uso de recursos y las decisiones administrativas de la institución.
¿Cuáles son los principales desafíos para recuperar la atención hospitalaria?
Los hallazgos documentados identifican tres ámbitos críticos: recuperación de la capacidad asistencial, fortalecimiento de los procesos de seguridad del paciente y reorganización de la gestión administrativa y financiera.
La disponibilidad real de especialidades, la atención de procedimientos quirúrgicos pendientes y la lectura oportuna de estudios diagnósticos constituyen aspectos centrales para evaluar las condiciones de prestación de servicios. En paralelo, la revisión de contratos anunciada por el Gobierno deberá distinguir entre los señalamientos realizados públicamente y los hechos que puedan ser comprobados mediante las investigaciones.
La intervención del Hospital Departamental de San Andrés representa así una actuación sobre problemas que comprometen diferentes niveles de la operación institucional. La recuperación de su capacidad asistencial y la verificación de la gestión de sus recursos serán dos componentes relevantes para determinar el alcance de las medidas adoptadas, en una institución que cumple una función esencial para la atención sanitaria de la población del archipiélago.
