Senado hunde la consulta popular del Gobierno Petro, pero revive el debate de la reforma laboral

En una votación reñida y en medio de fuertes confrontaciones, el Senado de la República rechazó la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional para restituir derechos laborales. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la iniciativa no alcanzó la mayoría simple requerida. Sin embargo, para el Ejecutivo, la reforma laboral, archivada previamente en la Comisión Séptima, fue revivida gracias a la aprobación de un recurso de apelación, reconfigurando así el escenario político y legislativo del país.

Consulta negada, reforma reactivada

La plenaria del Senado, citada para debatir dos temas clave —la consulta popular y la apelación para revivir el trámite de la reforma laboral— estuvo marcada por una tensión política elevada, numerosas mociones de orden y episodios de desorden que obligaron al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a levantar temporalmente la sesión por falta de garantías. Finalmente, y tras horas de discusión, se produjo el hundimiento oficial de la consulta y la aprobación mayoritaria de la apelación que devuelve la reforma laboral al curso legislativo.

El proyecto de consulta, impulsado por el presidente Gustavo Petro como una respuesta al archivo de la reforma laboral en marzo, incluía 12 preguntas orientadas a la recuperación de derechos eliminados por la Ley 789 de 2002. Entre ellos, el pago de recargos nocturnos desde las 6:00 p. m., bonificaciones pensionales para campesinos y garantías para aprendices. La apuesta del Gobierno era clara: llevar directamente a la ciudadanía la decisión sobre estos temas vía consulta, acogiéndose al artículo 104 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015.

Un debate cargado de tensiones políticas y jurídicas

Los defensores de la consulta —senadores del Pacto Histórico, Maíz, Comunes, y sectores del Partido de la U— insistieron en que se trataba de una vía legítima de participación democrática ante lo que denominaron un “bloqueo institucional” en el Congreso. La senadora Isabel Zuleta afirmó que negar la consulta era negar la confianza en el constituyente primario: el pueblo. Otros legisladores, como Inti Asprilla, sostuvieron que la negativa al mecanismo implicaba lavarse las manos ante el incumplimiento de derechos laborales.

En contraste, la oposición —liderada por el Centro Democrático, Cambio Radical y sectores liberales— calificó la propuesta como populista, innecesaria y costosa. Se criticó que el Gobierno insistiera en una consulta estimada en más de 750 mil millones de pesos, en lugar de canalizar esos recursos hacia necesidades urgentes como educación, salud o subsidios energéticos. El senador Carlos Meisel acusó al Gobierno de usar la consulta como una “plataforma política”, mientras Miguel Uribe la calificó de “paquete chileno” y “estafa”.

Apelación aprobada: la reforma sigue con vida

Simultáneamente al hundimiento de la consulta, el Senado votó una apelación que revivió la reforma laboral archivada. Esta medida, contemplada en la Ley Quinta del Congreso, fue defendida por senadores como Fabián Díaz y Angélica Lozano, quienes argumentaron que el legislativo debía asumir su responsabilidad y avanzar en el trámite dentro de los plazos reglamentarios. El informe negativo sobre la apelación fue rechazado por 51 votos, mientras que un informe positivo fue aprobado con una mayoría abrumadora: 68 votos a favor y solo tres en contra.

Pese a la aprobación de la apelación, varios senadores advirtieron que quedan solo 38 días legislativos para aprobar, conciliar y sancionar la ley antes del cierre del periodo. Por ello, la senadora Lozano recalcó que el Congreso deberá actuar con celeridad y compromiso, mientras otros legisladores sugirieron que la apelación era solo una maniobra para frenar el avance de la consulta.

Dificultades procedimentales y ambiente de polarización

La jornada reflejó con claridad la creciente fractura entre las bancadas del Gobierno y la oposición. Durante el debate se presentaron múltiples impedimentos —varios de ellos negados por la plenaria—, desacuerdos sobre el orden del día, acusaciones de “jugaditas” y referencias constantes a la falta de garantías por parte de la Mesa Directiva. El ambiente se tornó aún más tenso por el uso de expresiones ofensivas entre senadores, lo cual generó llamados al orden y denuncias de vulgaridad en el recinto.

Además de los temas centrales, la plenaria abordó brevemente otros asuntos como la situación humanitaria en el Cauca, la falta de acceso a agua potable, y la necesidad de fortalecer la fiscalización a través de la exigencia de factura electrónica. También se mencionó un proyecto para estabilizar los precios del arroz y frenar el contrabando agropecuario.

Implicaciones políticas y legislativas

El hundimiento de la consulta popular representa un golpe político para el Gobierno, que pierde una de sus principales apuestas participativas de cara a 2026. Sin embargo, la revivificación de la reforma laboral permite al Ejecutivo mantener viva una de sus banderas más importantes, aunque el margen para su aprobación es estrecho.

De fondo, este episodio reabre el debate sobre la función del Congreso en el equilibrio de poderes y la viabilidad de los mecanismos de democracia directa en contextos de alta polarización. También pone a prueba la capacidad del Legislativo para construir consensos técnicos sobre temas complejos como la regulación laboral.

¿Qué sigue para la reforma laboral?

Con la apelación aprobada, el Congreso deberá definir a qué comisión será reasignado el proyecto y si logrará avanzar a tercer y cuarto debate antes del 20 de junio. De no lograrse, el proyecto volvería a hundirse por tiempos. Mientras tanto, el país se pregunta si el Legislativo logrará construir una reforma laboral viable o si el desgaste institucional volverá a enterrar el proceso.