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Que regrese Minsalud

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QUE REGRESE EL MINISTERIO DE SALUD

Es más que evidente la caótica situación por la que atraviesa en estos momentos el sistema de salud colombiano:

Las gobernaciones están asfixiadas por nuevas obligaciones como el pago de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado sin tener los recursos financieros suficientes para poder pagar dichas obligaciones.  

Las EPS del régimen contributivo han manifestado que si no se les paga la deuda del Fosyga se quedarían cerca de 8,5 millones de colombianos sin aseguramiento en salud en el año 2010.
Las EPS del régimen subsidiado reclaman el pago de las deudas que muchos municipios en el país no les han cancelado de vigencias fiscales anteriores.
Los problemas de supervivencia económica que tienen los hospitales públicos y las clínicas privadas por la cartera de 3,5 billones que los diferentes actores del sistema tienen con las IPS y la triste realidad del usuario que todavía sigue sometido a una denigrante peregrinación para poder acceder a un derecho constitucional que tienen los colombianos y que para recibir la atención en muchas ocasiones debe recurrir a la tutela para que se le garantice este servicio.
Todo lo anterior sin analizar si el modelo de atención en salud que se está prestando es el más conveniente para el país, donde se ha descuidado el enfoque de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, para convertirse por esas mismas razones en un modelo altamente costoso por privilegiar la atención curativa que resulta comparativamente muy costosa.
El actual modelo ha castigado el enfoque preventivo mientras que lo asistencial se tornó lo más importante, por eso en Colombia han aparecido nuevos eventos de salud pública que ameritan urgente intervención por parte del gobierno como los problemas de salud mental, el embarazo en la población adolescente y la misma obesidad.
En ese orden de ideas, ahora que se anunció por parte del Presidente la necesidad de hacer la declaratoria de Emergencia Social para cubrir el faltante que tienen las gobernaciones para pagar las deudas generadas por los servicios no incluidos en el POS subsidiado y que puede estar rondando los 700 mil millones de pesos, el gobierno central debe revisar de manera integral la operación del entero sistema de salud colombiano para que la solución que se pretende a través de un estado de excepción no sea sólo para esta coyuntura sino para ajustar, corregir y modificar lo que está afectando estructuralmente a este sistema.
Si existen graves dificultades y malos resultados en las diferentes instancias de operación del sistema de salud, hay que mirar hacia adentro y analizar si el problema incluye también la rectoría y el direccionamiento a partir del Ministerio de la Protección Social que es la dependencia que se estructuró en el primer período del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la que en el falso entendido que un esquema de fusión generaría ahorros presupuestales a la nación, también se le añadió la responsabilidad del hoy extinto Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
El gremio hospitalario desde hace varios años viene proponiendo que desde el nivel ministerial debe retomarse el gerenciamiento de la salud en Colombia de manera autónoma, que exista nuevamente el Ministerio de Salud que tenga como foco principal la generación de iniciativas de políticas en salud para que otra cartera se dedique a temas también muy importantes para el país y que demandan dedicación exclusiva y tiempo como empleo y generación de nuevas fuentes de trabajo.
Una razón que apoya esta propuesta es que la salud en Colombia significa el 8% del PIB y como tal, requiere toma de decisiones oportunas e imaginativa permanente en búsqueda de soluciones a este convulsionado sector.
Con un Ministerio y un Ministro dedicados tiempo completo a pensar en el tema de la salud pública, las decisiones para el sector serán más oportunas y las acciones serán más convenientes y más certeras y así de una vez por todas a los colombianos se les garantizará un derecho que la Constitución del 91 definió como fundamental pero que la realidad demuestra que para muchos todavía resulta ser una utopía y para otros un privilegio.
Si ya el gobierno está revisando la posibilidad de separar el actual Ministerio del Interior y Justicia y regresar al esquema de manejar la política y la justicia en carteras distintas, es la oportunidad para que se incluya dentro de las consideraciones que se deriven de la declaratoria de Emergencia Social, la gerencia autónoma del sector a través del Ministerio de Salud.
La realidad de nuestro sistema de salud demuestra que los pequeñísimos ahorros que se le generó al presupuesto general de la nación al fusionar las carteras de salud y trabajo antes que bienestar social lo que aumentó fue la deuda social con los colombianos y por ello volver al Ministerio de Salud es una alternativa que Colombia en estos momentos no se puede dar el lujo de no considerar.
 
ULAHY BELTRÁN LÓPEZ[1]

[1] ULAHY BELTRAN LOPEZ. Médico Cirujano y Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Universidad del Norte, Barranquilla – Colombia. Especialista en Seguridad Social Latinoamericana, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), México D.F. – México. Consejero Nacional de Seguridad Social en Salud (1997-2003). Consejero Territorial de Seguridad Social en Salud (departamento del Atlántico) (Primer período: 1999-2004. Segundo Período: desde mayo del 2009). Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC (2001-2003). Asesor Corporativo de la Organización Clínica General del Norte S.A. Miembro Principal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC (1995 hasta la presente). Presidente de la Junta Directiva (en representación del Señor Gobernador) de la Empresa Social del Estado “Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad” (Soledad, Atlántico), (desde enero de 2008). Consultor en Organización de Servicios de Salud. E-mail: [email protected] Blog: http://www.portalcaribe.info/profiles/blog/list?user=21g664k23ql8r
 
 

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

También puede leer: nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

También puede ver: Supersalud pide revisar funcionamiento a más de 300 IPS en Soacha

¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

También puede leer: fijan lineamientos para la prestación de proyectos de inversión con recursos del SGR

Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

También puede ver: Sobre la depuración de las EPS en el país

Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

dOCUMENTO ADJUNTO

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

documento adjunto

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