Profamilia y la despenalización del aborto para avanzar en materia de derechos

La asociación argumentó que el camino para avanzar en materia de salud pública, es la despenalización total del aborto; esta decisión contribuiría a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos, y disminuiría el estigma sobre las mujeres que han tomado esta decisión.

En un comunicado Profamilia  resalta el progreso en materia de derechos para las mujeres, así como la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo, destaca que cada debate que se dé en torno al tema sirve para enriquecer la discusión en torno a este importante tema, pero que estas discusiones deben ser argumentadas y analizadas con hechos, cifras y soportes científicos.

Inseguridad para abortar

Más de la mitad de los embarazos en Colombia no son planeados según cifras del Ministerio de salud; del mismo modo, 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros o clandestinos.

El panorama mundial también arroja resultados negativos, ya que según la OMS al año en el mundo se realizan cerca de 22 millones de abortos en condiciones inseguras, la mayoría de estos procedimientos ocurren en países en vías de desarrollo donde el aborto es penalizado por la ley.

El estigma, los señalamientos, el rechazo, la crueldad y la desinformación son las principales barreras que impiden a las personas gestantes, acceder a servicios de aborto oportunos seguros y de calidad obligándolas a someterse a este proceso en escenarios peligrosos para la vida misma.

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Opinión sobre las demandas que cursan en la Corte Constitucional

“No existe evidencia científica, sistemática y rigurosa, que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres. Por el contrario, múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas.

El acceso libre a procedimientos seguros y oportunos, dentro del sistema de salud, garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho al aborto. De igual manera, se ha comprobado que la oportuna y correcta implementación de la ruta de aborto en las instituciones prestadoras de salud, a través de la ejecución de las guías y protocolos para el aborto seguro, han demostrado no dejar ningún tipo de secuela física que pueda afectar la futura salud sexual y reproductiva de la mujer.”, puntualiza, el comunicado.

Cifras para resaltar

Entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de estas 502 eran menores de edad, así lo estiman cifras de la Fiscalía General de la Nación.

De la totalidad de los procesos penales de aborto, en febrero de 2017 estaban activos 1.604, se habían expedido 200 sentencias condenatorias y 14 sentencias absolutorias, lo que demuestra que el ejercicio de un derecho fundamental sigue siendo perseguido en Colombia como un delito.

Finalmente, desde la despenalización del aborto bajo las tres causales (Violación, Malformación del feto, riesgo para la salud de la madre) se evitaron cerca de 374.063 abortos inseguros o clandestinos en el país.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad hace un llamado a la Corte Constitucional para que siga avanzando en el reconocimiento del derecho a decidir, como un derecho fundamental, y a la opinión pública para que la discusión se dé en un plano de salud pública y de derechos; con información verídica, científica y legal, que permita eliminar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar para poder acceder a servicios de aborto seguros, oportunos y libres de discriminación.