La Procuraduría General de la Nación recibió la respuesta de la Superintendencia Financiera sobre la solicitud realizada acerca de la vigilancia ejercida a la implementación del nuevo modelo pensional, en la que informó que desde el año 2014 han efectuado supervisión, emitido informes y oficios de Instrucciones con el objeto de fortalecer los procesos y operaciones de Colpensiones.
Por una parte, la Superfinanciera evidenció que Colpensiones solo llegó al 65% en cumplimiento de la estrategia relacionada con los procesos de gestión de cartera, determinación de la deuda y cobro coactivo. Además, confirmó que las actividades que estaban pendientes son las asociadas con los ajustes tecnológicos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, aprobado el 10 de mayo de 2024.
Del mismo modo, la Superfinanciera informó que creó un colegio bilateral de supervisión con participación de la alta gerencia de Colpensiones y la junta directiva de la administradora. Allí se señalaron los principales aspectos de “objeto de seguimiento en relación con la obsolescencia tecnológica – Bizagi y de los servidores, la incorporación de otras funcionalidades para suplir necesidades no cubiertas en otros aplicativos, así como, la necesidad de tener estrategias adicionales para garantizar la continuidad de las actividades ejecutadas, advirtiendo el bajo índice de remediación de vulnerabilidades de alto riesgo y la disminución en la calificación de la postura de ciberseguridad”.
Procuraduría continúa vigilancia exhaustiva a Colpensiones
Respecto a la vigencia 2024, se informó que se realizará una inspección con el fin de evaluar la gestión en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas vencidas, la verificación de la revelación y reconocimiento en los estados financieros de los procesos judiciales.
Asimismo, la entidad informó que también adelantarán proceso de supervisión a Colpensiones, las AFPO y a los operadores de información de la PILA, con el fin de obtener el diagnóstico sobre las actividades y el cronograma de aseguramiento sobre las adecuaciones: tecnológicas, administrativas e infraestructura y operativas.
A su vez, buscará establecer mesas de trabajo operativas y tecnológicas con las entidades vigiladas, teniendo en cuenta los siguientes procesos y temáticas: oportunidad de traslado y asesoría, afiliación, recaudo, dispersión de pagos, acreditación de aportes, cartera, historia laboral, reconocimiento pensional, administración del fondo de ahorro, seguro previsional, medicina laboral, entre otros.
Entre tanto, el organismo de control manifestó que está pendiente de las reglamentaciones para poder adelantar la vigilancia a las adecuaciones tecnológicas, administrativas, operativas y de infraestructura que requiera la implementación del nuevo modelo de protección a la vejez.
Procuraduría pidió cuentas a Colpensiones
El pasado 15 de julio, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Superintendencia Financiera de Colombia un balance del seguimiento a Colpensiones y otros actores sectoriales. Esto en el marco de los cambios al sistema pensional del país.
Bajo ese contexto, la delegada de Asuntos del Trabajo solicitó el cronograma de trabajo de la Superfinanciera y las acciones adelantadas hasta el momento. “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados“, manifestó la Procuraduría en la comunicación enviada a la entidad.
Considerando además que esta cifra incluye el traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley, el Ministerio Público solicitó en su momento a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para que esta entidad pueda asumir la administración en materia pensional.
Una vez más, la Procuraduría reiteró que el fondo pensional no está preparado para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; carece de la capacidad técnica, logística, administrativa y operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
