La emisión de rentas vitalicias en Colombia disminuyó un 64 % durante el primer semestre de 2026, al pasar de 6.478 prestaciones emitidas en el mismo periodo de 2025 a 2.319, según las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ante este comportamiento y los mayores costos identificados en la financiación de estas pensiones, el Gobierno nacional presentó un proyecto de decreto que busca modificar el mecanismo de cobertura del riesgo asociado a los incrementos del salario mínimo.

La iniciativa, publicada por el Ministerio de Hacienda el 16 de octubre de 2026, propone sustituir el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1485 de 2025. El ajuste busca reducir las presiones financieras sobre las rentas vitalicias y el seguro previsional, mediante cambios en el cálculo de las reservas actuariales y en las condiciones de reconocimiento de la cobertura.

Pensiones en Colombia de invalidez y sobrevivientes registran las mayores disminuciones

Los datos de la Oficina de Bonos Pensionales (OBP), incorporados en la memoria justificativa, muestran que la reducción de las rentas vitalicias emitidas fue más pronunciada en las modalidades de invalidez y sobrevivientes. En conjunto, estas dos categorías concentraron 3.992 de las 4.159 emisiones menos registradas frente al primer semestre de 2025.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, memoria justificativa del proyecto de decreto, con información de la Oficina de Bonos Pensionales.

La reducción resulta especialmente relevante para el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el que las rentas vitalicias constituyen una modalidad de financiación de las prestaciones pensionales. Hacienda señala que esta desaceleración podría estar relacionada con las modificaciones introducidas por el Decreto 1485 de 2025, aunque el análisis no establece una relación causal exclusiva entre la regulación y la disminución observada.

El costo de las rentas vitalicias aumenta bajo el parámetro establecido en 2025

La memoria justificativa presenta una comparación actuarial sobre el capital necesario para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo en 2026. Bajo el parámetro del Decreto 036 de 2015, el valor estimado asciende a $473,7 millones, mientras que con el establecido en el Decreto 1485 de 2025 alcanza $642,9 millones. La diferencia es de $169,2 millones, equivalente a un incremento aproximado del 35,7 %. En un escenario sin mecanismo de cobertura, el valor estimado llega a $704,6 millones. Estas cifras corresponden a escenarios de cálculo para una renta vitalicia representativa y no a valores efectivamente pagados por todos los afiliados.

El documento explica que un mayor valor de la renta vitalicia también incrementa el costo del seguro previsional, mecanismo destinado a financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia en el RAIS. Esto ocurre porque la suma adicional que debe cubrir la aseguradora corresponde a la diferencia entre el capital necesario para financiar la pensión y los recursos disponibles en la cuenta individual del afiliado.

Ministerio de Hacienda propone modificar el mecanismo de cobertura del salario mínimo

El proyecto plantea restablecer el parámetro técnico basado exclusivamente en el promedio aritmético del crecimiento real anual de la productividad durante los diez años anteriores a la emisión de la renta vitalicia. El cálculo tendría un límite inferior del 0 % y sería utilizado por las compañías aseguradoras para proyectar las obligaciones pensionales y determinar las reservas correspondientes.

Este mecanismo busca cubrir el denominado deslizamiento del salario mínimo, entendido como la diferencia entre el incremento porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

La propuesta contempla que la cobertura se reconozca para rentas vitalicias inscritas cuyas mesadas equivalgan a un salario mínimo. También permitiría inscribir determinadas rentas de hasta dos salarios mínimos, aunque el reconocimiento económico solo procedería cuando la mesada alcanzara el valor de un salario mínimo.

Adicionalmente, se establecen dos alternativas para el pago de las coberturas positivas. La primera consiste en reconocer la variación de la reserva matemática de las aseguradoras; la segunda, en pagar el diferencial anual de las mesadas y constituir o actualizar una reserva a cargo del Ministerio de Hacienda. La modalidad aplicable dependería del aval del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y de la disponibilidad presupuestal.

Hacienda estima un beneficio potencial de $4,1 billones bajo el mecanismo anterior

El análisis económico que acompaña la propuesta estima un beneficio potencial de $4,1 billones, expresados en pesos de 2025, asociado al mantenimiento del parámetro de cobertura previsto en el Decreto 036 de 2015. La estimación considera las 107.500 rentas vitalicias inscritas al cierre de 2025 y evalúa el posible riesgo de descapitalización de cuentas de ahorro individual cuando no se produce el traslado desde la modalidad de retiro programado hacia una renta vitalicia.

En contraste, el Ministerio calcula que el mayor costo fiscal directo de mantener ese mecanismo habría sido de $0,68 billones durante el periodo de análisis 2016-2025. Este resultado surge de comparar las coberturas pagadas por la Nación con un escenario hipotético en el que se hubiera aplicado el parámetro de 2025 desde la creación del mecanismo.

Ambas cifras corresponden a estimaciones técnicas utilizadas para sustentar la propuesta regulatoria y no representan ahorros efectivamente obtenidos ni recursos presupuestales disponibles.

¿Qué implicaciones tendría la propuesta para las pensiones de invalidez y sobrevivientes?

Los cambios propuestos tendrían especial relevancia para la financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivientes en el RAIS, debido a la relación entre el costo de las rentas vitalicias y las obligaciones de las aseguradoras que respaldan el seguro previsional.

Al restablecer el parámetro de productividad, Hacienda busca contener el crecimiento del capital requerido para financiar estas prestaciones y reducir las presiones sobre su aseguramiento. La propuesta también establece que las compañías de seguros continuarían siendo responsables del pago total de las mesadas conforme a las obligaciones previstas en cada póliza.

El mecanismo cubriría exclusivamente las variaciones de las reservas matemáticas asociadas a los cambios del salario mínimo. Los ajustes derivados de nuevos beneficiarios, tablas de mortalidad, tasas de interés técnico u otros parámetros actuariales permanecerían bajo responsabilidad de las aseguradoras.

¿Hasta cuándo estará abierto el proyecto de decreto y qué ocurriría con las rentas existentes?

El Ministerio de Hacienda estableció el periodo del 16 al 31 de octubre de 2026 para recibir comentarios sobre el proyecto normativo. La propuesta incorpora reglas de transición destinadas a preservar las condiciones aplicables a las rentas vitalicias previamente emitidas.

En particular, las aseguradoras que hubiesen expedido rentas vitalicias de vejez bajo las disposiciones del Decreto 1485 de 2025 podrían acordar con el tomador de la póliza los ajustes contractuales necesarios para incorporar el nuevo parámetro. Estos acuerdos tendrían que respetar los derechos adquiridos de los pensionados y sus beneficiarios, así como la suficiencia actuarial de las obligaciones.

Para las rentas derivadas del seguro previsional, el proyecto también contempla la conservación de las condiciones técnicas utilizadas para determinar la suma adicional destinada a financiar la pensión. La iniciativa permanece en etapa de proyecto y, por tanto, los cambios descritos todavía no constituyen disposiciones reglamentarias vigentes.

Consulte aquí el Proyecto de Decreto