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Llegó la UPC para el 2018 – Resolución 5268 de 2017

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Con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social incrementó en 7,83% la prima que financia el plan de beneficios de salud con recursos de la unidad de pago por capitación (UPC), es decir el mecanismo colectivo de aseguramiento, según la Resolucion 5268 del 22 de diciembre de 2017.
 
Para el régimen contributivo la prima base pasó de $ 746.046,00 en el año 2017 a $ 804.463,20 en el año 2018. Entre tanto, para el subsidiado pasó de $667.429,20 en el año 2017 a $ 719.690,40 para 2018, según la Resolución 5268 de 22 de diciembre de 2017.
 
Este incremento tiene en cuenta la actualización integral del plan de beneficios, el cual contó con la inclusión de 32 procedimientos y cerca de 78 medicamentos en todas las concentraciones y formas farmacéuticas que entran a completar la cobertura, así como dos dispositivos.
 
De esta manera, el Gobierno completa, entre otras tecnologías, los medicamentos de primera línea para la atención del cáncer y el VIH en niños y adultos, las radioterapias conformacional y de intensidad modulada, algunos procedimientos por vía endoscópica, los medicamentos para la prevención de tromboembolismo venoso profundo en remplazo de cadera y los medicamentos de primera línea para el manejo del estreñimiento en niños y adultos, para el manejo de la enfermedad de Alzheimer, para la prevención y el manejo de la migraña, y para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar; también se amplía la financiación del stent medicado y del kit de ostomía, según la Resolucion 5267 de 2017, que excluyó 43 tecnologias. 
 
Cabe señalar que el ministerio –con base en la información de los actores- calcula cerca de 154 UPC o primas de aseguramiento colectivo. Entre otras consideraciones, estas primas tienen valores diferenciales por zona geográfica (4), así como por grupos de edad y sexo (14). Así, se reconocen primas con mayor valor para los menores de un año, los mayores de 70 años y más, al igual en mujeres entre 19 y 44 años de edad, en virtud de existir un mayor riesgo para estas poblaciones.
 
Adicionalmente se cuenta con una prima adicional en el régimen subsidiado para las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en desarrollo de la prueba piloto que iguala la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado al contributivo, para el año 2017 en $801.788,40 y para el año 2018 en $864.568,80.
 

La estructura de costo de la UPC 2018 por grupo etario en el regimen contributivo:

A las EPS del regimen contributivo (unicamente) se un valor adicional para el desarrollo de actividades de promocion y prevencion, que para el año proximo será de $24.152,40 por cada afiliado.
 

La estructura de costo de la UPC 2018 por grupo etario en el regimen subsidiado:

Descargue la resolucion 5268 de 2017 – UPC para el 2018

Documentos adjuntos

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Presupuesto fiscal 2020 del Minsalud- Resolución 15 del 2020

Así será la desagregación y asignación del Presupuesto de Gastos 2020 del Minsalud.

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Presupuesto fiscal 2020 del Minsalud- Resolución 15 del 2020

El Ministerio de Salud y Protección Social público la resolución 15 de 2020, la cual tiene la finalidad de desagregar y asignar el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de ese ministerio, para la vigencia fiscal 2020.

Dichas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera —SIIF Nación, sin embargo, para su validez no requerirán aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

También puede leer: glosas por servicios y medicamentos

Distribución del Sistema de Participaciones 2019

El documento menciona que mediante la Distribución del Sistema de Participaciones -SGP 39 de 2019 del 24 de Diciembre de ese mismo año, se aplicaron ajustes distribuyendo por consiguiente un valor total de $684.627.006.851, de los cuales $547.701.605.479 corresponden a Régimen Subsidiado, $68.462.700.686 a Salud Pública, y  $64.902.640.251 a Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta y   al Fondo de Salvamento y Garantías para el sector Salud – FONSAET SGP según la Ley 1438 de 2011.

DESAGREGACIÓN

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud 2020

Por su parte, dicha Asignación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia fiscal de 2020, con base en la desagregación anteriormente prevista será así:

ASIGNACIÓN

salud pública

Prestación de servicios de salud

documento adjunto

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¿Quién paga la atención de Urgencias?

“La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa”

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En el caso de la atención inicial de urgencias un paciente debe ser atendido en la IPS sin importar si esta pertenece o no a la red de la EPS, según lo establecido en la Ley 100 de 1993: “La atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa”

¿Quién asume los costos?

Cuando se trata de atención inicial de urgencias debe garantizarse el acceso a los servicios de salud a todas las personas por parte de los prestadores de servicios, y en aquellos casos en los que el prestador no hace parte de la red contratada por la EPS, esta debe asumir los costos que se generen por la atención.

En el artículo 8 de la resolución 4331 de 2012 se determina que las entidades responsables del pago de servicios de salud y los prestadores de dichos servicios, podrán acordar los servicios respecto de los cuales no se requiere autorización.

Adicionalmente, debe aclararse que también existe la posibilidad que el paciente, al requerir servicios adicionales, los adquiera del prestador de su elección, aunque no haga parte de la red de prestadores de la EPS en la que se encuentre afiliado. En este caso el paciente debe asumir los costos que se generen por la atención particular, sin que ello implique la pérdida de la afiliación a la EPS.

También puede leer: Demanda pide suspender abortos legales en Colombia

Después de la atención inicial de urgencias

Los servicios que requiera el paciente ya sean de carácter electivo, ambulatorio o hospitalario deben ser autorizados por las entidades responsables del pago de servicios de salud, en conformidad con los artículos 14, 15, 16, del Decreto 4747 de 2007.

La autorización de la prestación de los servicios debe hacerse de forma previa a la prestación de los servicios, en el caso de la no autorización por parte de la EPS, la entidad debe autorizar el servicio en una IPS de su red para que el servicio sea prestado al paciente.

En caso de que la IPS que prestó la atención inicial de urgencias, haga parte de la red de la EPS (tenga contrato) y tenga habilitado el servicio requerido, será obligatorio que la EPS emita la autorización a dicha IPS.

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Demanda pide suspender abortos legales en Colombia

Nueva demanda pide estudiar a profundidad legalidad del aborto en colombia ya que esta práctica podría desatar serias secuelas en las mujeres

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Demanda pide suspender abortos legales en Colombia

Tras conocerse una ponencia realizada por el magistrado Alejandro Linares  que despenalizaría el aborto en Colombia, surge una nueva demanda que por estos días puso a estudiar a la corte la suspensión de la práctica de abortos legales en el país.

La demandante y abogada, Natalia Bernal Cano, le exige al tribunal  una  nueva evaluación sobre este tema. Insiste en que las secuelas de esas prácticas, sean legales o ilegales, son mucho peores que cualquier otra circunstancia que esté viviendo una mujer.

Así mismo, en el documento, Bernal le pide al Ministerio de Salud que tome las medidas necesarias para garantizar que no haya más interrupciones voluntarias del embarazo hasta que se conozca la sentencia definitiva de la Corte Constitucional, que podría darse el 14 de febrero de 2020.

En la solicitud de medidas cautelares, Bernal le pidió al magistrado Linares y al resto de integrantes de la Corte que revisen los 15 estudios científicos y más de 25 testimonios de profesionales en medicina que acompañan su tesis.

Además, aportó declaraciones y videos de personas que sobrevivieron a la práctica del aborto, pero además de mujeres que tienen daños psicológicos por los procedimientos, incluso debido a aquellos que se practicaron de forma legal.

En la solicitud, Bernal insiste en que hay evidencia estadística de que los abortos legales pudieron haber disparado las cifras de nacimientos prematuros, de enfermedades congénitas e incluso los índices de violaciones a menores de edad porque, según ella, los criminales encontraron la manera de deshacerse del problema del embarazo, a través de los abortos legales.

Sin embargo, aunque la demandante pide estudiar a profundidad este tema que ha causado diferentes opiniones, la ponencia que está elaborando el magistrado Alejandro Linares, quien acogió la petición, iría en sentido opuesto.

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