Un grupo de académicos colombianos ha elevado una solicitud urgente a la Sala de Seguimiento, pidiendo la corrección y ajuste del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los años 2022, 2023 y 2024. Según ellos, los niveles fijados por la autoridad no son suficientes para cubrir las necesidades del sistema, lo que ha generado una crisis financiera que afecta directamente el derecho a la salud de la población.
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, el derecho a la salud en Colombia ha sido reconocido como un derecho económico, social y cultural. La Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional y la Ley 1751 de 2015, conocida como la Ley Estatutaria de Salud, han consolidado este derecho como fundamental y autónomo. Estos marcos legales establecen que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar el financiamiento adecuado para la prestación de servicios de salud oportunos, eficaces y de calidad.
La UPC es el monto de recursos asignados a cada Entidad Promotora de Salud (EPS) por cada persona afiliada, para garantizar la atención en salud. Este cálculo debe reflejar los costos reales del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y debe ajustarse anualmente para mantener el equilibrio financiero del sistema.
Problema de los cálculos inadecuados
Los académicos argumentan que la UPC establecida para 2022 fue insuficiente. Según sus cálculos, la UPC debería haber sido de al menos $1.188.722 para reflejar la inflación y otros costos. Sin embargo, el ajuste aplicado no fue suficiente, generando un déficit financiero. Para 2023, propusieron un ajuste del 23.1% en lugar del 16.2% aplicado, y para 2024, estiman que la UPC debería aumentar a $1.514.836, implicando un incremento adicional del 7.1%.
El impacto en el sistema de salud
La insuficiencia de la UPC ha llevado a un déficit de 7.1 billones de pesos entre 2022 y 2023. Este déficit ha obligado a las EPS a asumir costos adicionales, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. La falta de recursos adecuados afecta la capacidad de las EPS para proporcionar servicios de salud necesarios y de calidad, lo que a su vez impacta negativamente en la población colombiana.
Un ajuste adicional permitiría restablecer, para 2023, las condiciones financieras necesarias para mantener la suficiencia del sistema. A esto habría que sumarle la compensación transitoria por la insuficiencia de la UPC en 2022, que corresponde al 7,2% del valor de la UPC generado en ese año. Esta compensación abordaría los desequilibrios financieros ya existentes, permitiendo enfrentar de manera sostenible los desafíos del sistema debido a la evolución de la demanda, el envejecimiento de la población y el noble objetivo colectivo de mejorar el acceso y la equidad del sistema. El valor total del ajuste y la compensación se en la siguiente tabla, y asciende a 7,1 billones de pesos.
Para 2024, se resume el cálculo del reajuste necesario para asegurar la suficiencia de la UPC. Se toman en cuenta los valores del IBNR (Índice de Siniestros Ocurridos y No Reportados) y del factor de ajuste por compensaciones faltantes calculados en el Estudio de Suficiencia de 2023.
Las expectativas de inflación para 2024 se fijan según la última Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República. En cuanto al factor de aumento de frecuencias, se asume el crecimiento esperado de frecuencias establecido en el Estudio de Suficiencia de 2022, el cual, cabe destacar, es inferior al cálculo realizado para 2022. El valor ajustado de la UPC debería ser de $1.514.836, lo que implica un aumento del 17,5%. Dado que la UPC definida en la Resolución 2364 de 2023, sin inclusiones de nuevas tecnologías y procedimientos, ascendió a $1.414.691, sería necesario un incremento adicional del 7,1% para mantener la suficiencia de la UPC en los niveles observados antes del período considerado en este análisis.
La solicitud de los académicos ante la insuficiencia financiera
Los académicos piden a la Sala de Seguimiento que ordene la corrección de la UPC para restablecer el equilibrio financiero del sistema de salud. Argumentan que esta medida es necesaria para asegurar la adecuada atención de la población y cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado.
Para garantizar que los ajustes sean precisos y justos, los académicos sugieren la realización de un Estudio de Suficiencia que considere aspectos poblacionales, perfiles de morbimortalidad y los costos reales de prestación del servicio. Este estudio debe servir como base para los ajustes de la UPC y para la reposición de los fondos necesarios.
La solicitud es firmada por Jesús Botero García, Ramón Abel Castaño, Diego Gómez, Jairo Humberto Restrepo, Julio Mario Orozco Africano.
