La Superintencia Nacional de Salud, intervino el Hospital San José de Maicao al encontrar graves irregularidades de tipo asistencial, económico y administrativo, el pasado 14 de junio de 2016, esta sería la primera intervención que la Supersalud realizó a este hospital.
Posteriormente, el 29 de agosto, se decidió volver a intervenir el hospital, bajo la dirección del actual superintendente de salud, Fabio Aristizábal Ángel, debido a que el hospital no tenia avances significativos que remediaran los indicadores, particularmente la situación financiera no mostraba mejoría a pesar de la intervención pasada.
Los hallazgos en esta fecha, fueron aún más preocupantes, ya que se evidenciaron deudas por mas de $11 mil millones de pesos con el personal de planta y los contratistas, adicionalmente, no había licencia de funcionamiento para el servicio de rayos X, ni se había implementado el triage para el área de urgencias, también se ofrecían especialidades aun cuando no había personal adecuado para prestarlas.
Hoy, casi 17 meses después de la última intervención, a cargo de Édgar Giovanni Salamanca, agente designado por la Supersalud, los resultados arrojaron cifras positivas.
Mejoras
Para finales del año pasado las obligaciones laborales del hospital estaban cubiertas, y a la fecha la institución sigue pagando puntualmente al personal, a los proveedores y a los contratos de prestación de servicios.
Por su parte, el recaudo por concepto de cartera subió de 20.923 millones de pesos en 2018 a 32.847 millones de pesos en el 2019; mientras que la facturación por venta de servicios hospitalarios, de un año a otro, aumentó de 39.370 millones de pesos a 48.291 millones de pesos.
Adicionalmente, se dotó el servicio de urgencias, con nuevos equipos médicos y enceres de uso hospitalario, especialmente para las áreas de baja complejidad. Así mismo, se adquirió un tomógrafo para realizar las imágenes diagnósticas necesarias, se implementó, además, una nueva área de lavandería, y se instalaron dos aires acondicionados. Estas modificaciones y adiciones tuvieron una inversión de más de 3.600 millones de pesos.
Del mismo modo, al intervenir al hospital, se encontró que el hospital no tenía defensa judicial de ningún tipo, no tenía inventario de procesos y por lo tanto no se daba respuesta a las tutelas interpuestas ni tampoco a los derechos de petición.
Igualmente, el comité de sentencias y conciliaciones no operaba, por lo que se implementó el Manual de Defensa y Prevención del Daño Antijurídico de la entidad, con la asesoría de la Procuraduría General de la Nación.
En la actualidad, se implementó una oficina jurídica que ha recuperado 900 millones de pesos, lo que representa el 77% de los procesos que corrían en contra de la entidad.
Finalmente, en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19, el hospital esta realizando obras para adecuar 10 camas de UCI, ya que este centro asistencial presta servicios en gran medida para la población migratoria.
Así mismo, se instalaron 11 unidades de vivienda para ubicar 66 camas de hospitalización, recibidas por la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las cuales están en proceso de dotación para poder hospitalizar y aislar a las personas que resulten afectadas por la pandemia.
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