En un evento organizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga – ICP, llevado a cabo el pasado 13 de marzo sobre la soberanía farmacéutica y los riesgos para los derechos de propiedad intelectual en Colombia, el dr. Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP; Lorenzo Montanari, director ejecutivo de Property Rights Alliance; Katherine Flores, coordinadora de investigaciones y asuntos académicos del ICP, expusieron su mirada de las consecuencias que tiene para los colombianos las directrices de la política gubernamental de la soberanía farmacéutica que amenazan los derechos de propiedad intelectual.
Mientras algunas voces argumentan que esta política es necesaria para fortalecer la industria nacional y mejorar el acceso a medicamentos, otras señalan los riesgos que implica para los derechos de propiedad intelectual (DPI).
Desafíos en la protección de los derechos de propiedad intelectual
Durante su intervención el director ejecutivo de Property Rights Alliance presentó los índices Internacionales de Derecho de propiedad 2023, donde, de acuerdo con el Art. 17 y de la Declaración de los Derechos humanos de 1948 “Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente (2) Nadie será privado abiertamente de su propiedad”, constituyendo entonces el DPI como un derecho humano.
Y el artículo 27 especifica que: “(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. (2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”
Además, enfatizó en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI), este indicador es el resultado del análisis de diez variables comprendidas en los criterios de entorno legal y político, derechos de propiedad física, y derecho de propiedad intelectual, proporcionando información valiosa sobre los componentes como la producción, inversión, capacidad de innovación, conectividad, entorno ilícito y libertad económica. Dados estos componentes se puntúan todas las naciones ubicándolas por nivel de cumplimiento del IPRI.
Como se observa, en el 2023 el primer puesto fue ocupado por Finlandia, el último puesto corresponde a Venezuela con le lugar 125.
El puntaje del país en el IPRI disminuyó en -0.078 a 4.562, colocándolo en el noveno lugar en la región de América Latina y el Caribe y en el puesto 80 a nivel mundial. Clasificada por el FMI como parte del grupo de América Latina y el Caribe, y por el Banco Mundial como un país de ingresos medios altos.
El Subíndice Legal y Político de Colombia aumentó en 0.192 a 4.109, con puntajes de 4.737 en Independencia Judicial, 4.096 en Estado de Derecho, 3.29 en Estabilidad Política y 4.312 en Control de la Corrupción.
El Subíndice de Derechos de Propiedad Física de Colombia aumentó en 0.039 a 4.755, con puntajes de 5.132 en percepción de Protección de Derechos de Propiedad, 4.33 en Proceso de Registro y 4.802 en Acceso a Financiamiento.
El Subíndice de Derechos de Propiedad Intelectual de Colombia disminuyó en -0.466 a 4.823, con puntajes de 4.703 en percepción de Protección de Propiedad Intelectual, 5.5 en Protección de Patentes, 3.343 en Protección de Derechos de Autor y 5.745 en Protección de Marcas Comerciales.
Licencias obligatorias e implicaciones en el DPI
La coordinadora de investigaciones y asuntos académicos del ICP, Katherine Flores, enfatizó en la relevancia de la soberanía farmacéutica, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de conocimientos, tecnología y servicios innovadores para la salud y el bienestar de toda la población colombiana, fortaleciendo las capacidades nacionales científicas, tecnológicas e industriales para desarrollar y producir tecnologías en salud de interés en salud pública, en un periodo a diez años.
“Sin embargo, con el Conpes de Reindustrialización que Salió en diciembre de 2021 y la misión de soberanía sanitaria, se tensiona todo lo anterior” enfatizó Flores, ya que no busca proteger la propiedad intelectual ni seguir alineados con las reglas internacionales para la protección de las patentes, lo que lleva a la producción de medicamentos, donde se flexibiliza y democratiza el conocimiento, que busca crear una industria nacional que produzca sus propios medicamentos ¿Cuáles son los mecanismo de flexibilización? Son las licencias obligatorias incluidas en el PND.
La declaración de licencias obligatorias, como en el caso de Dolutegravir, sugiere un cambio preocupante en las reglas de juego, al considerar que este no será el único caso “producto de una larga presión por licenciar otros medicamentos innovadores”. Esto podría comprometer los derechos fundamentales de propiedad intelectual y tener un impacto negativo en la inversión y la investigación.
En el 2012 se un proceso acelerado de control de precios que inició con los medicamentos propensos a solicitud de licencia obligatoria considerados de alto costo, para que, al día de hoy, ese inicio de regulación de precios abarca más de 2400 medicamentos. Al ver la legislación internacional que permite usar este mecanismo de manera excepcional ante condiciones de emergencia sanitaria o de vulnerabilidad extrema, se encontró que las razones no cumplen con lo la normatividad internacional establecida.
Siendo que, el Dolutegravir es un medicamento para pacientes con VIH-Sida. El país cubre el 95% de los tratamientos de esos pacientes según los datos de la Cuenta de Alto Costo a cohorte de 2022, datos confirmados por el Ministerio de Salud, la pregunta es entonces ¿Por qué declarar una licencia obligatoria? El argumento que quedo en la Resolución es por emergencia en el tratamiento de pacientes venezolanos. Argumento que da cuenta de la inseguridad jurídica respecto a las patentes de fármacos.
Bajo esta premisas, no solo se pone en riesgo la industria farmacéutica, el sistema de salud si no también el derecho de propiedad intelectual del país.
Colombia enfrenta a desafíos significativos en la protección y promoción de los DPI, como lo refleja su posición en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2023. Ante esta situación, es necesario replantear estratégicamente el desarrollo de capacidades nacionales en el sector farmacéutico.
Las propuestas gubernamentales para reindustrializar y promover la innovación nacional en el sector farmacéutico han causado preocupación, buscando flexibilizar los DPI, lo cual podría afectar la normativa nacional y los compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual.
Impacto en la innovación y calidad de los medicamentos:
La reorientación hacia la soberanía sanitaria, tal como se articula en el Plan Nacional de Desarrollo, debe ser analizada críticamente en cuanto a su impacto en la innovación, la inversión y la disponibilidad y calidad de los medicamentos. La defensa de los DPI es fundamental para fomentar la innovación y asegurar el acceso a medicamentos de última generación.
Mediad para obtener un enfoque equilibrado e integrador:
En aras de adoptar, exponen entonces un enfoque integrador y siendo necesario considerar las siguientes medidas:
- Protección de los derechos de propiedad intelectual: Es urgente que el gobierno reconsidere cualquier política que debilite los DPI, utilizando las licencias obligatorias únicamente como último recurso y en circunstancias excepcionales.
- Otorgamiento de registros sanitarios: Se solicita al gobierno promover una normativa clara y reglas previsibles para mantener un ambiente propicio para el comercio farmacéutico. Es esencial garantizar una tramitación eficiente y oportuna en el registro sanitario y evitar retrasos innecesarios que afecten la disponibilidad de medicamentos.
- Colaboración y desarrollo de capacidades nacionales: Se hace un llamado urgente al establecimiento de un diálogo constructivo entre el gobierno, la industria farmacéutica y otras partes interesadas para desarrollar estrategias que fomenten el desarrollo de capacidades nacionales en el sector farmacéutico, sin vulnerar los DPI.
- Acceso a medicamentos de calidad: Es importante garantizar que todas las políticas dirigidas a mejorar el acceso a medicamentos no comprometan su calidad, seguridad y eficacia. El respeto por los derechos de propiedad intelectual es compatible con el objetivo de mejorar el acceso a tratamientos esenciales.
La sesión concluyó con la reflexión, de la importancia de equilibrar el desarrollo de capacidades nacionales en el sector farmacéutico con la protección de estos derechos. Permitiendo el fortalecimiento de la infraestructura nacional, fomentando la creación de medicamentos innovadores y garantizando el acceso a tratamientos de alta calidad. La colaboración entre todas las partes interesadas es esencial para encontrar soluciones que beneficien tanto al sector farmacéutico como a la población en general.
