Mediante las Resoluciones 744 del 20 de junio y 742 del 15 de junio de 2018, la Superintendencia Nacional de Salud sancionó, al departamento de San Andrés y a la IPS Universitaria de Antioquia, respectivamente, con una multa superior a los $700 millones.
La Supersalud identificó en dos auditorías, irregularidades en el proceso de vigilancia de las condiciones de habilitación de los prestadores, faltas que representan un riesgo para el aseguramiento y barreras administrativas que impidieron el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de salud a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
MEDIDAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: La secretaría de salud, no adoptó las medidas de inspección, vigilancia y control necesarias para garantizar de manera oportuna y efectiva la implementación de políticas que permitieran el buen funcionamiento de la red de atención en salud.
ENTIDAD TERRITORIAL: No existen soportes que permitan evidenciar las visitas realizadas por la entidad territorial, tampoco existen evidencias del equipo que las adelantó y mucho menos de su idoneidad.
HABILITACIÓN: No certificó el cumplimiento de las condiciones para la habilitación producto de las visitas.
MEDIDAS PREVENTIVAS: No adoptó ninguna medida preventiva, de seguridad o sancionatoria ante el incumplimiento de los estándares que establece la norma, al igual, se evidenció voluntad administrativa de la autoridad territorial, en la adopción de medidas que permitan garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones de seguridad.
IPS UNIVERSITARIA DE ANTIOQUIA: En lo que tiene que ver con la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia IPS Universitaria, se adoptó la sanción administrativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
La Supersalud identificó prácticas inseguras en la manipulación de medicamentos, entre ellos: disposición inadecuada, medicamentos vencidos, destapados en uso y sin control de vencimiento y temperatura.
Los servicios de consulta externa como: cardiología, endocrinología y medicina familiar no se están prestando pese a encontrarse habilitados. Adicionalmente, en la modalidad quirúrgica, no se está prestando el servicio de cirugía maxilofacial.
En la modalidad de telemedicina tampoco se están prestando los servicios desde octubre de 2016.
La IPS no soporta un sistema de información que permita el monitoreo, validez y evaluación correspondiente, ni presenta soportes de la utilización de la información para orientar posteriores intervenciones en salud pública incluidos en los procesos básicos de inspección y vigilancia.
La Superintendencia Nacional de Salud, instó a las autoridades de control departamental y nacional a prender las alarmas y continuar con el seguimiento realizado, a fin de garantizar la eliminación de cualquier barrera de acceso que impida la correcta prestación de los servicios de salud y la normalización de los servicios lo más pronto posible.
Con esta decisión la Supersalud busca garantizar las acciones necesarias para proteger los derechos en salud de todos los habitantes del archipiélago y sus turistas Y la normalización de los servicios lo más pronto posible.
Adicionalmente, el Procurador General de la Nación, afrmó que la salud en la isla tiene pronóstico reservado, porque persisten los mismos problemas sanitarios, ambientales y en la prestación de los servicios de salud por parte del hospital y solicitó un plan de atención médica en el hospital, y que se disponga de un plan de contingencia en materia ambiental.
De seguir las irregularidades, se declararía la alerta pública en materia de salud así como emergencia sanitaria y ambiental en San Andrés.
