Acatando el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba el pasado 14 de junio de 2017, la Superintendencia Nacional de Salud inició el proceso de entrega de los bienes, haberes y negocios de la EPS Manexka. Pero los más de 210 mil afiliados no serán regresados.
La Superintendencia inició recientemente, en conjunto con los representantes de los cabildos del resguardo indígena Zenú y Embera Katío, la construcción de un cronograna de cumplimiento al fallo judicial, acordando iniciar el proceso de entrega de los bienes, haberes y negocios el pasado lunes 20 de noviembre.
Luis Fernando Cruz, Superintendente Nacional de Salud (e), afirmó que: “Somos respetuosos del ordenamiento jurídico y en este sentido, iniciamos con la entrega como estaba previsto de los bienes a los representantes del Cabildo Mayor Regional del pueblo Zenú y Embera Katío de Manexka, hemos agotado todos los recursos legales para garantizar los derechos en salud de esta población, es importante aclarar que continuaremos realizando una estricta supervisión, relacionados fundamentalmente con la red de prestación de servicios para la población afiliada y el uso de recursos”.
Esta EPS, que cuenta con 210.000 afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre, fue intervenida con fines de liquidación el 28 de marzo por la Supersalud después de los hallazgos obtenidos a través de una auditoría forense, en donde se evidenció una defraudación al sistema de salud en donde se desviaron recursos que fueron utilizados con otros fines distintos, amparándose en la protección especial indígena, hecho con el que se puso en riesgo a su población afiliada.
Entre los principales hallazgos que dieron origen en su momento a la decisión, estaban:
- Venta de inmuebles de propiedad de Manexka a la IPS Indígena del mismo nombre por $600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidencie en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades.
- Manexka no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que de acuerdo a los libros contables asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que asigna el gobierno por cada afiliado.
- Contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones.
- Pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por $304 millones.
- Gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud.
- Se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros.
- Se identificó una celebración indebida de contratos con la IPS Sumisalud S.A.S encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013, sin embargo, el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año. Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaba sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no.
- Adicionalmente a esta misma IPS Sumisalud S.A.S se le otorgaron anticipos y avances por $1.177 millones, a pesar de estar prohibido en el manual de contratación de la EPS.
- Se contrató a la empresa Montes Quality Group S.A.S el 5 de enero de 2015, a pesar de que la empresa había sido creada solo 12 días antes (24 de diciembre de 2014). Esto evidencia que no se tuvo en cuenta ni la idoneidad ni la experiencia para su contratación.
- La empresa Montes Quality Group S.A.S realizaba las funciones de auditoría de cuentas médicas, verificación de derechos de los afiliados, sistema obligatorio de garantía de la calidad y oportunidad en los servicios ofrecidos, calidad de historias clínicas. Esto se configura como una tercerización en el aseguramiento porque son actividades que debe adelantar la EPS sin que puedan ser delegadas bajo ninguna circunstancia o figura.
- Se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientosestéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables.
- Se emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por valor de $733 millones.
