Solicitan moción de censura contra el ministro de Salud por colapso del sistema y presión política sobre la reforma

El sistema de salud colombiano atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcado por el aumento de tutelas, cierre de hospitales, desabastecimiento de medicamentos y la judicialización creciente de los servicios. En este contexto, varios representantes a la Cámara presentaron el pasado 20 de mayo una solicitud oficial para citar a moción de censura al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando una gestión “peligrosa, negligente y políticamente instrumentalizada” que, en su concepto, ha profundizado la crisis del sector.

La moción se sustenta en el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, que faculta a las cámaras para requerir explicaciones a los ministros y eventualmente retirarlos del cargo por voto mayoritario. También se invoca la Ley 5 de 1992, que establece el procedimiento para estas solicitudes.

Según los firmantes, las actuaciones del ministro han vulnerado principios de buena administración, responsabilidad fiscal y respeto por los derechos fundamentales. La solicitud remite directamente a declaraciones hechas por el funcionario el pasado 12 de mayo, durante una audiencia pública, en las que afirmó: “Si tenemos recursos y estamos contemplando cómo sanear el sistema; todo depende de si el Senado quiere aprobar eso o no” y “Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma…”

Estas afirmaciones, que han sido consideradas de “inaceptable contenido institucional”, fueron interpretadas como un condicionamiento deliberado de los recursos del sistema a la aprobación del proyecto de reforma a la salud, una estrategia que, según los congresistas, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y la vida de los usuarios.

Moción de censura por una gestión fiscalmente irresponsable

Por otra parte, el documento cuestiona la manera en que el ministro ha abordado las llamadas “deudas históricas” del sistema de salud. Según los legisladores, Jaramillo reconoce la existencia de esas obligaciones pero no adopta medidas para corregirlas estructuralmente, trasladando la carga a las EPS sin ofrecer soluciones reales.

Este tipo de gestión ha sido calificada como “fiscalmente irresponsable”, ya que, en lugar de planificar una recuperación progresiva con sostenibilidad, opta por decisiones que comprometen aún más los equilibrios financieros del sistema. La crítica se profundiza al señalar que el gobierno ha intervenido el 54,7% de las EPS, sin garantizar la liquidez necesaria a hospitales y clínicas, lo que ha desencadenado una ola de cierres y reducción en la prestación de servicios.

Cifras que evidencian la emergencia

El impacto de la crisis se refleja en datos duros que fueron incluidos como evidencia en la solicitud de moción:

Además, se denuncian retrasos en el giro de recursos, parálisis de servicios críticos y afectaciones graves en zonas rurales, donde el “paseo de la muerte” ha vuelto a ser una constante para pacientes que no logran ser atendidos en condiciones de urgencia.

Las zonas rurales: el rostro más cruel de la crisis

Uno de los apartados más sensibles del documento resalta el deterioro en la prestación de servicios en las zonas rurales del país. Se hace referencia a casos de pacientes que mueren esperando atención médica, al colapso de las redes de transporte sanitario y al cierre progresivo de puestos de salud.

“La política sanitaria actual está desconectada de las necesidades reales del país”, afirman los firmantes, al tiempo que critican la ausencia de estrategias eficaces de promoción, prevención y aseguramiento, funciones que según la Ley 489 de 1998 y el Decreto 4107 de 2011 son responsabilidad directa del titular de la cartera.

Funciones legales incumplidas

El documento detalla los incumplimientos del ministro con base en el marco legal que regula su actuación. Se enumeran cinco funciones específicas que, según los congresistas, han sido vulneradas o ignoradas:

1. No formular ni ejecutar políticas públicas eficaces para el sistema de salud.
2. No adoptar estrategias claras de atención a la emergencia actual.
3. No garantizar la habilitación ni calidad de los servicios prestados.
4. No administrar de forma eficiente los recursos públicos.
5. No promover el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

A juicio de los solicitantes, estas omisiones constituyen una falta grave al deber funcional y una amenaza directa al derecho a la salud, al institucionalizar la crisis como herramienta de presión política.

Un modelo sanitario instrumentalizado

Una de las denuncias más fuertes contenidas en la solicitud es la supuesta “instrumentalización política del colapso del sistema de salud” para presionar la aprobación del proyecto de reforma. Las frases del ministro son leídas como evidencia de una estrategia oficial para condicionar la solución de la crisis al trámite favorable de la reforma, lo cual, según los legisladores, vulnera la institucionalidad y deteriora la confianza ciudadana.

“El ministro ha gestionado la crisis como una herramienta de presión, no como una responsabilidad pública”, señala textualmente el documento.

Judicialización y deterioro institucional

Bajo esta misma línea, el aumento de tutelas en salud, que involucran al 35% de las EPS intervenidas, es un indicador crítico de la pérdida de efectividad del sistema. En este contexto, la acción judicial se convierte en la única vía para que los ciudadanos accedan a medicamentos, tratamientos y procedimientos básicos.

Esta situación ha llevado a una “judicialización masiva del derecho a la salud”, que representa no solo una sobrecarga para la justicia, sino un reflejo del fracaso estructural de la política sanitaria vigente.

Ante este panorama, los representantes firmantes solicitan que se agende de manera urgente el debate de moción de censura, para que el ministro Jaramillo comparezca ante la plenaria y rinda cuentas por las decisiones adoptadas, los impactos generados y la forma en que ha manejado el sistema de salud en uno de los periodos más críticos de las últimas décadas.

“La salud de los colombianos no puede depender de agendas políticas ni de presiones partidistas. Exigimos responsabilidad institucional y compromiso con el bienestar colectivo”, concluyen los firmantes.

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