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Ratificada Condena contra Patólogo – Responsabilidad Médico Legal – Sentencia T-453 de 2017

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Corte Constitucional, Sentencia T-453, Jul. 14/17.
Ratificada condena contra el Médico Patólogo Jose Edgar Duque Echeverry y se precisan los alcances por inobservancia al deber objetivo del cuidado, comportamiento imprudente y creación o extensión de un riesgo entre otras consideraciones.

Correspondió a la Sala Novena de Revisión analizar el caso del señor José Edgar Duque Echeverri, quien solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la dignidad, al buen nombre y a la honra, al debido proceso, al trabajo y a la salud pública; los cuales fueron presuntamente vulnerados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al no casar la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que a su vez confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali. Lo anterior, por cuanto en el proceso penal -a su juicio- (i) se interpretaron y aplicaron incorrectamente varias normas del Código Penal y la Ley 23 de 1981, (ii) las decisiones judiciales se sustentaron de manera insuficiente, y (iii) hubo una valoración inadecuada del material probatorio. En el marco del proceso penal, el accionante fue condenado porque como patólogo emitió un informe en el cual reportó el hallazgo de carcinoma ductal de tipo tubular con cambios fibroquísticos, lo que conllevó a que el oncólogo realizara la extirpación total del seno derecho con vaciamiento de ganglios. Sin embargo, al realizarse un nuevo examen del tejido extraído (por otra patóloga), se determinó que no se trataba de una lesión maligna, sino de una adenosis esclerosante, lesión de naturaleza benigna. En el proceso penal no se discutió la experiencia, trayectoria, idoneidad profesional o profundidad académica del doctor Duque Echeverri, como tampoco que la práctica del estudio de patología que aquel llevó a cabo sobre el material biológico examinado (la observación arquitectural del tejido) hubiese sido defectuosa. Lo que se reprochaba era que conociendo la dificultad inherente a la distinción entre la lesión maligna y la benigna, el patólogo se quedó con su observación inicial. Lo que resultaba penalmente relevante entonces, era que teniendo en consideración las particularidades del caso, hubiera limitado su estudio a la sola aplicación del criterio de la observación arquitectural del tejido, sin tener en cuenta la necesidad de su confirmación a través del estudio de inmunohistoquímica, lo cual no fue acorde al deber objetivo de cuidado y elevó el riesgo permitido.

Luego de reiterar la jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales -haciendo énfasis en los defectos sustantivos, de decisión sin motivación y fácticos como requisitos específicos-, la Sala verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia y determinó que no se presentó ningún defecto sustantivo, de decisión sin motivación ni fáctico, por cuanto no hubo una interpretación o aplicación irregular, irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa de las normas; la argumentación no fue defectuosa, insuficiente o inexistente; así como tampoco se presentó un error ostensible, flagrante o manifiesto en el decreto, práctica o valoración del material probatorio, que alterara el sentido condenatorio de la sentencia objeto de revisión. En razón de lo anterior, la Sala Novena de Revisión decidió confirmar las sentencias de tutela de instancia, las cuales negaron el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor José Edgar Duque Echeverri.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA SENTENCIA

A continuacion transcribirmos algnos apartes de la historica sentencia, que seguramente generará controversia, muchos analisis y especialmente un renovado marco de accion sobre el quehacer profesional de la medicina, y sus evidentes responsabilidades civiles y penales:

…La aplicación de la norma por parte de la Corte Suprema de Justicia es razonable, por cuanto a la luz de los hechos del caso era previsible que el diagnóstico sería determinante para la realización de la mastectomía radical. Al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali había afirmado que “el resultado, esto es, la extirpación del seno, era previsible y atribuible al patólogo, pues aunque su diagnóstico fue contundente faltó al deber objetivo de cuidado por no requerir estudios diferenciales adicionales, y porque (…) el diagnóstico debió interpretarse en conjunto con factores adicionales.”

A su vez, la Corte Suprema de Justicia determinó que “lo esencial de la culpa no reside en actos de voluntariedad del sujeto agente (…) sino en el desvalor de la acción por él realizada, signado por la contrariedad o desconocimiento del deber objetivo de cuidado. (…) la atribución jurídica de la responsabilidad culposa exige que con su comportamiento imprudente, el agente haya creado o extendido un riesgo no permitido por las reglas de conducta a las que debía sujetar su actividad, y que ese riesgo se concrete en un resultado lesivo (…).”

De acuerdo con esto, precisó que una de las precauciones que con carácter general debe atender el profesional de la medicina es diagnosticar correctamente la patología y establecer la terapia a seguir[68], y que en el caso lo relevante fue que conociendo “la dificultad inherente a la distinción entre la lesión maligna y la benigna (…) [el doctor Duque Echeverri] se quedó con su observación inicial y pasó por alto algunos de los factores para valorar la pertinencia de la lex artis del oficio al tratamiento de la paciente Restrepo Cañón, en particular la trascendencia vital que para la condición de vida de aquella suponía un diagnóstico de carcinoma, así como los antecedentes del propio caso”[69], de manera tal que era previsible que un diagnóstico de cáncer incidiría de manera decisiva en la determinación del mastólogo de realizar la resección total del seno, con el agravante adicional de que el carcinoma bien podría estar ocultando o enmascarando una adenosis esclerosante.

La interpretación y aplicación de la normatividad por parte de la Sala de Casación Penal no es irrazonable, arbitraria ni caprichosa, puesto que al aplicar el derecho no indicó que se creara un riesgo, sino determinó que en sí la medicina es una actividad riesgosa y que el riesgo permitido se elevó al no realizar el estudio de inmunohistoquímica, el cual era necesario debido a la dificultad para diferenciar la lesión benigna de la maligna, y por las consecuencias que la no confirmación acarrearían para la paciente. En relación con esto, ya se hizo referencia a las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia referentes a que la medicina es una actividad riesgosa, y que la teoría de la imputación objetiva aplica cuando se crea un riesgo y se genera un daño por la inobservancia del deber objetivo de cuidado.

También se señaló en esa providencia que dicha teoría también aplica cuando se presenta una elevación del riesgo permitido, que se da cuando “una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jurídica y socialmente, así como cuando, tras sobrepasar el límite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causación de daño.”[71] Así, el incremento del riesgo permitido “puede llegar a defraudar la expectativa que se sustenta en la idoneidad de quien tiene un título académico y cuenta con la experiencia necesaria que lo legitima para ejercer la profesión médica: lo anterior, siempre y cuando la superación del riesgo permitido se realice tras la asunción de la posición de garante, ya sea a través de un diagnóstico, tratamiento o postratamiento capaz de generar una lesión al bien jurídico que se habría podido evitar -por ser previsible- de haber actuado el agente con las precauciones técnicas del caso.”

Lea toda la sentencia a continuación. 

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Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE)

El ente regulador del sistema de salud y protección social, plantea un proyecto de resolución, mediante el cual se avale la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en casos despenalizados por la sentencia C-355 de 2006.

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Interrupción voluntaria del embarazo

El ente regulador del sistema de salud y protección social, plantea un proyecto de resolución, mediante el cual se avale la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en casos despenalizados por la sentencia C-355 de 2006.

Que dice la Sentencia C-355 de 2006

Dicha sentencia emitida en el año 2006 por la Corte Constitucional, dictaminó los principios legales para la despenalización del aborto, con motivo de alguna de las siguientes tres circunstancias.

  1. Situación que la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico, o por un profesional de la psicología, según las exigencias dictadas por la Corte.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
  3. En caso de que el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Obligaciones del Estado

Así mismo, a través del documento emitido por la alta Corte, se hace distinción entre lo que se refiere a la vida como un bien cobijado por un derecho protegido constitucionalmente, y la vida como derecho subjetivo de carácter fundamental.

De tal forma que, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas dando las garantías legalmente constituidas para el digno desarrollo de la vida humana y que, en una contraposición, se restringe las facultades del ente regulador, puesto que se afirma que el derecho a la vida limita la decisión de la persona, debido a que la condición misma del nasciturus, (persona a nacer) no tiene la misma importancia de protección que se debe dar a la persona gestante.

En este sentido, la Corte interpone que es una prohibición genérica y total sobre el aborto sin tener en cuentas las tres circunstancias antes mencionadas, además de contemplar la violación a derechos fundamentales como derecho a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad personal y la autodeterminación reproductiva.

12 años sin un acceso claro a este derecho por parte de las mujeres

A pesar de que han pasado más de 12 años de emitida la sentencia, la realidad es que las mujeres se han tenido que enfrentar a una serie de fuertes desafíos para la solicitud con protocolos debidamente otorgados a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo cual trae un conjunto de repercusiones que atentan contra su salud.

Por tal motivo, se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, emitir una regulación que busque garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en los casos despenalizados por la sentencia C-355 de 2006, y que dicho cumplimiento se debe dar a conocer a todas las EPS e IPS del país, así como se deben acoger a las sanciones impuestas por incumplimiento.

Aplicación de la resolución

Lo dictado en el documento de la regulación deberá ser adoptado por la Superintendencia Nacional de Salud, Entidades Territoriales, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB-, los prestadores de salud y demás entidades que sean responsables de diagnósticos, tratamientos, y otras acciones con competencia en el sector salud y que sean acogidas por el marco de la atención integral en salud según la política sectorial vigente y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal.

¿Quiénes son titulares de la resolución?

La resolución ampara a toda persona en calidad de gestante, sin importar rango de edad, distinción de género, religión, pertenencia étnica, posición política o filosófica o condición de discapacidad.

IVE para personas extranjeras, refugiadas y migrantes

Además, las personas extranjeras, refugiadas o en condición de migrantes, que se encuentren inmersas dentro de los suscrito por la sentencia C-355 de 2006, pueden hacer uso de la regulación de la – IVE con las debidas atenciones de salud; sin embargo, no tienen posibilidad de afiliarse al régimen subsidiado o contributivo de salud; con acceso a la IVE, se consideran prioritarias y de atención inmediata, por tanto, son atendidas por cada ente territorial.

Vale aclarar que, la prestación de los servicios de salud tipo IVE, se deben reportar por medio del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), el cual se constituye en orden de las Resoluciones 3374 de 2000 y 652 de 2016, las cuales fueron impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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Las observaciones pertinentes a este proyecto de resolución, serán recibidas hasta el día 24 de octubre del presente año, en la dirección de correo electrónica prodriguez@minsalud.gov.co.

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Emdisalud, otra EPS que le dice adiós al sistema de salud colombiano

Hasta el 31 de octubre Emdisalud deberá garantizar la completa prestación del servicio a sus 448.994 afiliados. A partir del 1 de noviembre ellos pasarán a otras EPS designadas por el Ministerio de Salud.

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CONSULTORSALUD conoció que a través de la resolución 8929 de 2019, la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de Salud, Emdisalud E.S.S. EPS-S, será liquidada totalmente, esto debido a las innumerables quejas e irregularidades en la prestación de los servicios de salud.

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Se trata de la segunda intervención que ordena el superintendente de Salud en menos de una semana. De acuerdo a los argumentos expuestos por la entidad, desde el 2013 la situación financiera de está EPS ya se venía deteriorando. En este año, se encontraba bajo medida de vigilancia especial y su intervención se había prorrogado por acuerdos presentados con la Superintendencia de Salud para que la EPS subsanará y optimizará  las operaciones derivadas del aseguramiento en salud.

A la EPS Emdisalud se le dieron plazos para que llevara a cabo planes de mejora que solventaran y corrigieran las desviaciones que se están presentando en el sector salud, asimismo, mitigara los riesgos financieros que estaba atravesando y pudiera finalmente  cubrir  obligaciones con terceros, conllevando a que la entidad en un menor tiempo mantuviera el punto de equilibrio.

Sin embargo, según el análisis presentado por la superintendencia Delegada de Medidas Especiales la situación financiera de la EPS presentaba deterioro año tras año, y sus pasivos eran superiores al activo en casi 5 veces.

“La situación financiera se ha venido deteriorando debido a que los pasivos de la entidad estaban aumentado significativamente, afectando la operación corriente y dando origen al desmejoramiento del patrimonio”. Indica el documento.

Lo que permite inferir que los indicadores de siniestralidad PBS a corte de marzo de 2019 fueron de 100,32%, siendo esta elevada, y reflejando las debilidades de la entidad en términos de contención del costo y optimización de ingreso por concepto de UPC, para corte a junio de este mismo año,  sus activos fueron de $96.000 millones, sus pasivos $503.000 millones y adicionalmente presentaba patrimonio negativo de $-402.491 millones de pesos.

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Situación que demuestra que la gestión administrativa en el manejo de los recursos de salud de Emdisalud han sido deficientes, generando un riesgo en el aseguramiento y en la gestión en salud de la población afiliada.

Concentración de Anticipos

El 40% de los Anticipos eran de ($21.415 millones) y estaban concentrados en 24 Prestadores de Servicios de Salud, los cuales se relacionan así:

Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias (PQRD)

De otra parte, de acuerdo con denuncias conocidas y publicadas por CONSULTORSALUD, a la fecha Emdisalud tiene un promedio acumulado para el trimestre de 2019 de 49,56%  de  quejas por los incumplimientos en la cobertura de la prestación de sus servicios para baja y alta complejidad, en 2018 su reporte fue de 42,91% y según la Supersalud el estándar debe estar por debajo de 33,52%.

En tal sentido, entre las faltas que logró identificar la Supersalud están:

En lo técnico-científico

La cobertura de servicios de baja y alta complejidad  en el territorio nacional es insuficiente, hechos que ponen en riesgo la vida y la salud de los  afiliados. 

Por ejemplo, a marzo de 2019, en cobertura de servicios básicos como atención en medicina general, promoción y prevención, consulta odontológica y laboratorio clínico no superan el 53%. Las unidades de cuidados intensivos para adultos solo alcanzan una cobertura del 61% y de solo el 23% en UCI pediátrica y neonatal. 

Población Materna

La población materna (de alta vulnerabilidad en salud) no tiene la garantía de la prestación de los servicios.  La cobertura en el territorio nacional para la atención en oncología, hematología, quimioterapia y radioterapia es del 0%, y, entre muchos otros aspectos, tampoco cumple con la entrega completa y oportuna de los medicamentos. 

Desviación de indicadores en Enfermedad Renal Crónica

De igual manera, los hallazgos descritos en el documento muestran que Emdisalud presentaba desviación de los indicadores de seguimiento a Enfermedad Renal Crónica ERC de: Porcentaje de captación de hipertensión arterial (HTA) en personas de 18 a 69 años en régimen subsidiado 9.93%; porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado 18.70%”

En la respuesta emitida por la EPS indica que el número de pacientes a captaren el mes de enero es de 4897, lo cual difiere del resultado del hallazgo, siendo el valor real 1.200/0 de captación de
pacientes hipertensos de 18-69 años.

Experiencia de la Atención

Frente a esta evaluación de comportamiento, los indicadores de experiencia en la atención durante el año 2018 y el primer trimestre de 2019, en el promedio acumulado se puede evidenciar que la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud “EMDISALUD”, para diciembre de 2018 presento incumplimiento en 6 de los 16 indicadores objeto de seguimiento al plan de acción, los cuales no lograron durante el año 2018 cumplir con la meta establecida.

En lo financiero

Emdisalud no cumple con los parámetros de solvencia y liquidez. Tras 23 años de funcionamiento en el régimen subsidiado y 18 en el régimen contributivo, la EPS enfrenta más de 606 procesos judiciales, por ineficiencia en el pago de indemnizaciones, de perjuicios por incumplimientos de acuerdos de paso y demoras en pagos de facturación.

Esta entidad de salud opera en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander y Sucre y de acuerdo al reporte de sus deudas, hasta marzo de este año tenía pendiente más de 50 cuentas por pagar, siendo Córdoba, donde se encuentra la base de su administración, en donde más deben.

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Parte de tranquilidad a los afiliados

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud, da un parte de tranquilidad a los afiliados a Emdisalud quienes según asegura la entidad, no se verán afectados con la medida. En consecuencia en los próximos días el Ministerio de Salud publicará el listado de las EPS que recibirán a los usuarios a partir del 1 de noviembre, prestadoras sobre las que la Supersalud no tiene medida de vigilancia especial alguna.

A ningún usuario se le interrumpirá el servicio. Emdisalud deberá garantizar la atención con normalidad hasta el 31 de octubre y desde el día siguiente, 1 de noviembre las EPS receptoras se harán cargo de los afiliados. 

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Parámetros para la Telemedicina en Colombia – Resolución 2654 de 2019

Con el objetivo de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios de salud en zonas apartadas, el Gobierno Nacional a través del ministerio de Salud y Protección Social publicó la resolución 2654 de 2019.

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Con el objetivo de facilitar el acceso, la oportunidad y la resolutividad en la prestación de servicios a la población colombiana, en especial, a la que presenta limitaciones de acceso a los servicios básicos en zonas apartadas del país, el Gobierno Nacional a través del ministerio de Salud y Protección Social publicó la resolución 2654 de 2019, la cual fija las disposiciones para la telesalud y establece los parámetros para la práctica de la telemedicina, así como el uso de los medios tecnológicos, la calidad y seguridad de la atención e información de los datos.

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El documento estable que según la Ley 1955 del (PND 2018 -2022), el Ministerio de Salud, debe promover la gestión de la prestación  de los servicios en salud, a través de avances y mejoras en conectividad en zonas apartadas del país, en articulación con los lineamientos de Min TIC, (impulsando programas de telesalud, historia clínica electrónica interoperable, factura electrónica y demás apropiaciones TIC) y en el marco de los Servicios Ciudadanos Digitales.

¿Qué expone la resolución 2654 de 2019?

En primer lugar, la resolución 2654 indica que el Sistema Único de Habilitación será quien establezca los procedimientos y condiciones para la inscripción de los prestadores y la habilitación de los servicios en la modalidad de telemedicina.

Cabe aclarar que el documento no establece competencias para el talento humano, las mismas se encuentran previstas en la normatividad que regula la materia.

Responsabilidad

Asimismo, menciona el documento que el prestador de servicios de salud que habilite un servicio de salud en la modalidad de telemedicina será responsable de:

Primero, cumplir con los estándares aplicables al servicio que se habilite, independientemente que para su funcionamiento asistan diferentes organizaciones o personas para aportar al cumplimiento de los estándares.

Y segundo, garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la tecnología utilizada, en los procesos, procedimientos y herramientas inherentes a la prestación de los servicios, en la que se use tecnologías de información y comunicación.

De igual manera, cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de telesalud o telemedicina, el responsable de la atención, deberá asegurarse que la formación y competencia de dicho personal sean adecuadas para garantizar la seguridad del paciente, en todo caso tal personal responderá en el marco de sus competencias.

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Consentimiento informado

Por lo anterior, el documento indica que, es obligatorio que el responsable de la actividad de telesalud o telemedicina obtenga el consentimiento informado, en tal caso, es necesario que el paciente o usuario sean informados sobre cómo funciona la atención mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, el alcance, los riesgos, los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, el manejo de sus datos personales, los protocolos de contacto según la categoría de telemedicina que se use, entre otros.

ObjetivoS de la telesalud

Por otra parte, es importante indicar que dentro de los objetivos de la telesalud están  mejorar el acceso, la resolutividad, la continuidad y la calidad de la atención clínica, impactar la salud pública y la educación para la salud, mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

En este sentido, dentro de las actividades se consideran parte de la telesalud y no se habilitan las siguientes:

Teleorientación en salud

Son aquellas acciones que se desarrollan a través de tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación.

Teleapoyo

Se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información.

¿Cómo operaria la telemedicina en Colombia?

En esta línea, el documento expone que la modalidad de telemedicina, como componente de la telesalud, tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la oportunidad en la prestación de servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación.

 Esta modalidad de prestación de servicios puede ser ofrecida y utilizada por cualquier prestador, en cualquier zona de la geografía nacional, en los servicios que determine habilitar en dicha modalidad y categoría siempre y cuando cumpla con la normatividad que regula la materia.

Categorías de telemedicina

  • Telemedicina Interactiva.
  • Telemedicina no interactiva.
  • Telexperticia.
  • Telemonitoreo.

¿Cómo se hace la prescripción de medicamentos bajo la modalidad de telemedicina?

En consecuencia, la prescripción por el profesional autorizado para ello, solo podrá realizarse en las categorías de telemedicina interactiva y telexperticia sincrónica. Cada profesional será responsable por la prescripción que realice.

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Seguridad del paciente.

Las actividades de telesalud y telemedicina deberán desarrollarse en el marco de la política nacional de seguridad del paciente, implementar las barreras de seguridad, para disminuir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos o incidentes relacionados con su uso.

¿Con qué recursos se financiará la  telemedicina?

No obstante, el plan de servicios y tecnologías financiados con cargo a la UPC, cubren la modalidad de telemedicina para los servicios o tecnologías en salud definidos en la Resolución 5857 de 2018 0 las normas que la modifiquen o sustituyan.

De igual manera, si la modalidad de telemedicina se usa para la realización de un procedimiento o actividad no financiadas con cargo a la UPC, su financiación se realizará a través del mecanismo de protección individual.

Asimismo, el documento señala que será el Sistema General de Seguridad Social en Salud el que financie los servicios prestados en la modalidad de telemedicina, cuando estos sean brindados por prestadores inscritos con servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Salud -REPS.

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Vigilancia y control

Por último, el documento indica que será la Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías, Institutos, Direcciones y Unidades Administrativas departamentales y distritales de salud las que estarán a cargo de la inspección, vigilancia y control de la operación de telemedicina en el país.

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