QUE REGRESE EL MINISTERIO DE SALUD
Es más que evidente la caótica situación por la que atraviesa en estos momentos el sistema de salud colombiano:
Las gobernaciones están asfixiadas por nuevas obligaciones como el pago de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado sin tener los recursos financieros suficientes para poder pagar dichas obligaciones.
Las EPS del régimen contributivo han manifestado que si no se les paga la deuda del Fosyga se quedarían cerca de 8,5 millones de colombianos sin aseguramiento en salud en el año 2010.
Las EPS del régimen subsidiado reclaman el pago de las deudas que muchos municipios en el país no les han cancelado de vigencias fiscales anteriores.
Los problemas de supervivencia económica que tienen los hospitales públicos y las clínicas privadas por la cartera de 3,5 billones que los diferentes actores del sistema tienen con las IPS y la triste realidad del usuario que todavía sigue sometido a una denigrante peregrinación para poder acceder a un derecho constitucional que tienen los colombianos y que para recibir la atención en muchas ocasiones debe recurrir a la tutela para que se le garantice este servicio.
Todo lo anterior sin analizar si el modelo de atención en salud que se está prestando es el más conveniente para el país, donde se ha descuidado el enfoque de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, para convertirse por esas mismas razones en un modelo altamente costoso por privilegiar la atención curativa que resulta comparativamente muy costosa.
El actual modelo ha castigado el enfoque preventivo mientras que lo asistencial se tornó lo más importante, por eso en Colombia han aparecido nuevos eventos de salud pública que ameritan urgente intervención por parte del gobierno como los problemas de salud mental, el embarazo en la población adolescente y la misma obesidad.
En ese orden de ideas, ahora que se anunció por parte del Presidente la necesidad de hacer la declaratoria de Emergencia Social para cubrir el faltante que tienen las gobernaciones para pagar las deudas generadas por los servicios no incluidos en el POS subsidiado y que puede estar rondando los 700 mil millones de pesos, el gobierno central debe revisar de manera integral la operación del entero sistema de salud colombiano para que la solución que se pretende a través de un estado de excepción no sea sólo para esta coyuntura sino para ajustar, corregir y modificar lo que está afectando estructuralmente a este sistema.
Si existen graves dificultades y malos resultados en las diferentes instancias de operación del sistema de salud, hay que mirar hacia adentro y analizar si el problema incluye también la rectoría y el direccionamiento a partir del Ministerio de la Protección Social que es la dependencia que se estructuró en el primer período del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la que en el falso entendido que un esquema de fusión generaría ahorros presupuestales a la nación, también se le añadió la responsabilidad del hoy extinto Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
El gremio hospitalario desde hace varios años viene proponiendo que desde el nivel ministerial debe retomarse el gerenciamiento de la salud en Colombia de manera autónoma, que exista nuevamente el Ministerio de Salud que tenga como foco principal la generación de iniciativas de políticas en salud para que otra cartera se dedique a temas también muy importantes para el país y que demandan dedicación exclusiva y tiempo como empleo y generación de nuevas fuentes de trabajo.
Una razón que apoya esta propuesta es que la salud en Colombia significa el 8% del PIB y como tal, requiere toma de decisiones oportunas e imaginativa permanente en búsqueda de soluciones a este convulsionado sector.
Con un Ministerio y un Ministro dedicados tiempo completo a pensar en el tema de la salud pública, las decisiones para el sector serán más oportunas y las acciones serán más convenientes y más certeras y así de una vez por todas a los colombianos se les garantizará un derecho que la Constitución del 91 definió como fundamental pero que la realidad demuestra que para muchos todavía resulta ser una utopía y para otros un privilegio.
Si ya el gobierno está revisando la posibilidad de separar el actual Ministerio del Interior y Justicia y regresar al esquema de manejar la política y la justicia en carteras distintas, es la oportunidad para que se incluya dentro de las consideraciones que se deriven de la declaratoria de Emergencia Social, la gerencia autónoma del sector a través del Ministerio de Salud.
La realidad de nuestro sistema de salud demuestra que los pequeñísimos ahorros que se le generó al presupuesto general de la nación al fusionar las carteras de salud y trabajo antes que bienestar social lo que aumentó fue la deuda social con los colombianos y por ello volver al Ministerio de Salud es una alternativa que Colombia en estos momentos no se puede dar el lujo de no considerar.
ULAHY BELTRÁN LÓPEZ[1]
[1] ULAHY BELTRAN LOPEZ. Médico Cirujano y Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Universidad del Norte, Barranquilla – Colombia. Especialista en Seguridad Social Latinoamericana, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), México D.F. – México. Consejero Nacional de Seguridad Social en Salud (1997-2003). Consejero Territorial de Seguridad Social en Salud (departamento del Atlántico) (Primer período: 1999-2004. Segundo Período: desde mayo del 2009). Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC (2001-2003). Asesor Corporativo de la Organización Clínica General del Norte S.A. Miembro Principal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC (1995 hasta la presente). Presidente de la Junta Directiva (en representación del Señor Gobernador) de la Empresa Social del Estado “Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad” (Soledad, Atlántico), (desde enero de 2008). Consultor en Organización de Servicios de Salud. E-mail: [email protected] Blog: http://www.portalcaribe.info/profiles/blog/list?user=21g664k23ql8r
