Plan de Desarrollo pondría fin a estratificación socioeconómica en Colombia

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Una gran transformación de la política social en Colombia traerá el Plan de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, cuyo articulado será radicado en el Congreso de la República el 6 de febrero, para lo cual ya fueron convocadas las sesiones extras del Legislativo, en donde se llevará a cabo el trámite.

La propuesta de la hoja de ruta para el cuatrienio incluye el pago de aportes de salud por parte de quienes hoy están subsidiados, pero que ya superaron la pobreza; la puesta en marcha de la cuarta versión de la base de datos del Sisbén (Sisbén IV) para entregarles ayudas a quienes realmente las requieren; la desaparición de la clasificación por estratos del 1 al 6, y el apoyo a los hijos de quienes están en el programa Familias en Acción, después de terminar sus estudios, entre otros aspectos.

En cuanto a los subsidios de salud, la meta es que el 5 por ciento de quienes hoy están cobijados por el régimen subsidiado (algo más del 2 por ciento de la población) comiencen a contribuir en el sistema de aseguramiento.

régimen subsidiado

El planteamiento va en línea con la decisión de revisar todos los subsidios, la cual fue anunciada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, una vez fue aprobada la ley de financiamiento, con el objetivo de ajustar las ayudas al nivel de ingresos del Gobierno. En la actualidad, casi el 50 por ciento de la población recibe subsidios de salud, mientras que la pobreza ha bajado del 52 al 27 por ciento por ciento, desde el 2002.

El régimen subsidiado se creó con la Ley 100 de seguridad social en salud, en 1993, y su finalidad ha sido permitir a la población más pobre del país, sin capacidad de pago, el acceso a los servicios de salud a través de un subsidio estatal. 

Ahora, en el Plan de Desarrollo, dentro de la formulación de lo que se ha llamado ‘una política social moderna conectada a los mercados’, se expresan varios argumentos para la propuesta. Por un lado, para el Gobierno, “se requiere garantizar una salud sostenible para todos” después del logro de la cobertura universal y la unificación de los planes de servicio para el que cotiza y para el que recibe los auxilios. 

El problema de mantener ese avance, que suena a equidad, es que financieramente el sector ya no aguanta. La escasez de recursos, aun con un presupuesto como el que tendrá el sector en el 2019 (32 billones de pesos), hace que la financiación de la salud se encuentre en estado crítico. Desde esa perspectiva, se lanza la idea de un acuerdo para “sanear deudas del sistema y lograr sostenibilidad financiera”, según el Plan. 

Ya el Departamento Nacional de Planeación venía abonando el terreno para la transformación de los subsidios, en busca de una mejor focalización en la gente que lo necesita.

Esto porque en el 2015 se destinaron 72 billones de pesos a subsidios y, en ese mismo año, se detectaron 653.000 colados en el Sisbén, cifra que luego se rebajó a 98.000 individuos con puntajes que no les hace merecedores de ayudas.

Sisbén IV, en el 2020

Hay que recordar que el Sisbén es la base de datos poblacional que permite establecer cuáles son los ciudadanos que más requieren ayudas del Estado. 

Atendiendo a los cambios socioeconómicos y a las situaciones de corrupción que han rodeado los subsidios (los usan personas con capacidad de pago), el Sisbén se ha renovado varias veces. Ahora, otra de las propuestas en el Plan de Desarrollo, para llegar a “una política social moderna conectada a los mercados”, es la que habla del Sisbén IV. 

El inicio de la cuarta actualización de esta base de datos, para depurarla, se anunció a finales de 2017 y se estableció el 2019 como fecha para completar 11,5 millones de encuestas (4 millones más que en el Sisbén III). 

En la carta de navegación del cuatrienio se señala que en el 2020 se implementará el Sisbén IV, el cual se actualizará y validará a través de cruces de datos, logrando así una información robusta que lleve a mayor eficiencia en el gasto social.
Además, “el Sisbén IV será la herramienta utilizada para identificar la población víctima”, dice el documento. 

El consejero presidencial para la Política, Jaime Amín, afirmó que el Plan de Desarrollo será socializado desde este martes con los partidos políticos, con el fin de que analicen sus principales puntos y el “impacto” que tendrá en los próximos cuatro años.

Rediseño de estratos sociales

En la profunda transformación de lo social que propone el Plan de Desarrollo están las cirugías a los programas Familias en Acción, Red Unidos y Jóvenes en Acción, y el rediseño de los estratos socioeconómicos.

Esto incluye “la creación de un Registro Social que integre la información de oferta (de entidades que proveen programas o subsidios)” y la creación de un bono de impacto social como mecanismo que permitirá el seguimiento al pago de subsidios. 
Estos cambios favorecerán el enfoque en los más vulnerables y, en particular, en zonas rezagadas, como Chocó y La Guajira, “para que nadie se quede atrás”, dice el Plan. 

Aplicar lo que plantea el Plan de Desarrollo costará 1.096 billones de pesos y va con la idea de promover un crecimiento de la economía superior al 4 %.

 

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