Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Marina realizar un operativo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Cofepris– (regulador sanitario mexicano) para desmantelar una red de corrupción que ha dejado hasta el momento 32 funcionarios detenidos.
El operativo que habría sido planeado desde septiembre del año pasado se trató de un movimiento de inteligencia y precisión que buscaba desmantelar estructuras criminales que se establecieron en Cofepris.
Alejandro Svarch, director de Cofepris explicó como fue el operativo, del cual, él ya tenía conocimiento, explicando que la red de corrupción operaba en tres niveles: “Por un lado, la fórmula “el que paga manda”. Es decir, los trabajadores cesados de la Cofepris, titulares de unidades administrativas, dictaminadores y verificadores, orquestaron un sistema en que “el acceso a medicamentos estaba a la venta del mejor postor. O pagabas o tu solicitud estaba condenada al olvido. Se aseguraban ganancias multimillonarias por la falta de competencia en el mercado”, señaló.
EL segundo nivel de corrupción era una red de extorsionadores que se hacían pasar por servidores públicos para cobrar dinero a empresas a cambio de protección. ”Drenaban a miles de empresas y empresarios bajo amenazas de suspender actividades si no pagaban”, añadió.
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Y en tercer lugar se encontraron interacciones con grupos de interés de la industria farmacéutica mexicana en el marco del comercio exterior. Svarch explicó que hay evidencia de reuniones no formales entre Cofepris y compañías.
Corrupción en Cofepris
Cofepris ya había estado bajo el radar del Gobierno y a raíz de esto en agosto de 2020 (en plena pandemia) el regulador fue reorganizado bajo la tutela de la secretaria de salud.
De los funcionarios despedidos por estos presuntos delitos no se sabe nada aún, ni tampoco ha sido posible establecer responsabilidades, por lo que aún no se sabe como cumplirán ante la ley por las faltas en las que han incurrido.
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Bioequivalentes y biosimilares en México
Cofepris insiste en querer desaparecer un segmento de terceros autorizados que hacen los estudios de bioequivalencia de medicamentos y que para el país ha representado un impulso significativo al desarrollo científico en los últimos 25 años.
La NOM 177 pretende permitir definitivamente que los estudios para demostrar la bioequivalencia y biocomparabilidad de los medicamentos que consumen los mexicanos puedan ser realizados en el extranjero. De aprobarse la nueva reforma pondría en jaque a unas 20 compañías dedicadas en México a hacer dichos estudios de bioequivalencia.
Los terceros autorizados que hacen los estudios de bioequivalencia son una rama industrial de alta especialidad vinculados a centros de investigación y centros hospitalarios de alta especialidad que generan empleo bien remunerado para científicos.
