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Nueva reglamentación sobre el Documento de Voluntad Anticipada: Resolución 2665 de 2018

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Considerando los derechos del paciente, el principio y valor de dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la intimidad y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Ministerio de Salud amplió las disposiciones del Documento de Voluntad Anticipada – DVA.

ANTECEDENTES

La muerte digna en Colombia ha logrado a través de regulaciones del Ministerio de Salud: La ley de cuidados paliativos, después llegó la regulación de la eutanasia para adultos y menores de edad, y ahora la voluntad anticipada.

¿QUÉ ES UN DVA?

Es la expresión autónoma, responsable,  libre, espontánea y consciente de la voluntad de someterse o no a medios o tratamientos y procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida. Tiene estrecha relación con la figura del consentimiento informado.

RESOLUCIÓN 2665 DE 2018

El Ministerio de Salud expidió la resolución 2665 de 2018, que deroga la resolución 1051 de 2016 sobre el Documento de Voluntad Anticipada, ampliando sus disposiciones y reglamentando parcialmente ley 1733 de 2014, conocida como la Ley Consuelo Devis Saavedra (Nombre dado en honor a una mujer que permaneció 14 años en coma, caso por el cual se planteó la posibilidad de regular los cuidados paliativos), que regula los servicios de cuidados paliativos para enfermedades terminales, degenerativas, crónicas e irreversibles.

La anterior normativa se cerraba a pacientes que padecían enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles con alto impacto en la calidad de vida, a partir de ahora, se amplía su interpretación a toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad en pleno  uso de sus facultades legales y mentales, con conocimiento total de las implicaciones que acarrea  este derecho, podrá suscribir el DVA.

Es decir, que no se centra solo en la decisión de ser sometido o no la eutanasia, como muchos lo interpretan, sino que hace alusión a que la persona podrá decidir el tipo de cuidados paliativos que quisieran recibir, por ejemplo si desea ser sedado o sometido a ciertos procedimientos, si desea estar acompañados por familiares, pasar sus últimos instantes en un hospital o en casa.

REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN:

Facultades legales y mentales, a partir de los 14 años se puede suscribir el documento. Si la persona se encuentra entre los 14 y 17 años, podrá suscribir el DVA, y deberá reemplazarlo al cumplir los 18 años por otro DVA que refleje su voluntad.

El DVA debe incluir:

  • Nombres y apellidos.

  • Identificación.
  • Indicar de forma clara y específica que la manifestación se hace en pleno uso de sus facultades mentales y libre de toda coacción

  • Estar informado de las implicaciones de la declaración.

  • Manifestación clara, expresa e inequívoca respecto de sus preferencias en relación al cuidado futuro de su salud e integridad física, indicaciones concretas de su cuidado y preferencias al final de la vida.

  • Firma (de no saber firmar lo podrán hacer dos testigos o un familiar)

  • Voluntad de donación si así lo quisiera.

Este se debe autenticar ante un notario a través de escritura pública, ante dos testigos o ante el médico tratante y podrá ser modificado o sustituido en todo o parte del contenido, acudiendo a las mismas vías.

El DVA se debe anexar a la historia clínica y ser cumplido en su totalidad, el personal que administre o conozca de su contenido deberá guardar reserva de esta información.

Adicionalmente el Ministerio de Salud abre la puerta para que sirva como registro de la voluntad anticipada del paciente, medios tecnológicos y lenguajes alternativos.

A través de la página web del Ministerio de Salud, se dispondrá el formato de DVA.

El DVA protege en todo momento la dignidad de la persona y garantiza el cumplimiento de su voluntad y su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía.

Descargue la Resolución 2665 y conozca todos los detalles. 

Documentos adjuntos

Este artículo tiene documentos adjuntos que podrá descargar para ampliar su información:

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

También puede leer: nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

También puede ver: Supersalud pide revisar funcionamiento a más de 300 IPS en Soacha

¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

También puede leer: fijan lineamientos para la prestación de proyectos de inversión con recursos del SGR

Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

También puede ver: Sobre la depuración de las EPS en el país

Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

dOCUMENTO ADJUNTO

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

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