El lunes, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) publicó su Informe Mundial sobre Desastres 2022, en el que advierte sobre la falta de preparación de los países a futuras emergencias en salud pública, todo ello a pesar de que el covid-19 ha matado a más personas que cualquier terremoto, sequía o huracán de la historia.
Al respecto, el documento precisa que los países deben revisar su legislación para garantizar que está en consonancia con sus planes de preparación, al menos en lo que respecta a una crisis sanitaria, antes de que el año termine. En ese sentido, invita a las naciones a adoptar un nuevo tratado y un Reglamento Sanitario Internacional revisado, con una mayor inversión en la preparación de las comunidades locales para fenómenos futuros.
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“La próxima pandemia podría estar a la vuelta de la esquina. Si la experiencia del covid-19 no acelera nuestros pasos hacia la preparación, ¿qué lo hará?”, afirmó Jagan Chapagain, Secretario General de la FICR, la mayor red mundial de intervención en casos de desastre. No en vano, en varios casos, la pandemia fue un acelerador de las brechas sociales, agravó la desconfianza existente entre países e incluso, al interior de los mismos, desaprovechando oportunidades para la creación de estrategias duraderas a largo plazo.
“Al momento de escribir estas líneas, todos los países siguen peligrosamente desprevenidos ante futuros brotes”, enfatiza el informe sobre la preparación a emergencias en sus páginas iniciales. Citando al Índice Mundial de Seguridad Sanitaria 2021, el puntaje promedio de los países en términos de preparación para futuras emergencias fue del 38,9 sobre 100, dato similar al obtenido en 2019, reflejando que no se ha producido ninguna mejora real en este ámbito.
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La preparación para futuras emergencias sanitarias debe considerar múltiples peligros
Otro aspecto de interés es el llamado que se hace a los países para evaluar varios riesgos, en lugar de focalizar la atención en uno solo (el virus Sars-CoV-2, causante del covid-19 es un ejemplo): una de las mayores sorpresas de la pandemia actual fue que muchos países que aparentemente estaban bien preparados para un brote de la enfermedad tuvieron dificultades para hacer frente al coronavirus.
Para la IFRC, cuando se centran los esfuerzos en evitar emergencias causadas por agentes patógenos, se descuidan otras áreas que pueden representar una catástrofe, como los fenómenos meteorológicos extremos. “Las sociedades solo pueden volverse resilientes si crean mecanismos de gestión de catástrofes capaces de hacer frente a múltiples tipos de amenazas, teniendo en cuenta que algunas se pueden producir de manera simultánea“.
Sin ir más lejos, en 2021 se registraron 378 catástrofes -sin incluir los brotes de enfermedades-, cifra superior a la media de los últimos 20 años: 337 catástrofes; varias de ellas causadas por huracanes o inundaciones, lo que evidencia la falta de preparación a emergencias sanitarias y de cualquier índole.
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¿A qué deben apuntarle los países para reducir el impacto de las emergencias sanitarias?
El informe también presenta una serie de recomendaciones que deberían ser abordadas por los países, ya que han surgido tras una evaluación exhaustiva de la respuesta a la pandemia. “Si observamos la dirección que están tomando algunas autoridades nacionales, vemos aspectos muy preocupantes. De no abordarse, estas cuestiones podrían llevarnos a repetir los errores del pasado o a agravar las desigualdades y tensiones existentes”, resaltan las organizaciones.
Para evitarlo, se proponen, entre otras, las siguientes medidas:
- Promover la apropiación comunitaria de planes de preparación ante emergencias: diseñar, aplicar y supervisar planes de preparación de toda la sociedad, en las que todo el gobierno aproveche las capacidades y conocimientos de los agentes locales y las comunidades para prevenir, detectar y responder pronto a las enfermedades y crisis de salud pública.
- Acceso a servicios y educación mediante sistemas sanitarios comunitarios más sólidos: invertir en sistemas sanitarios comunitarios o reforzarlos. Estos incluyen todos los agentes, infraestructuras y servicios que promueven la salud de la comunidad, desde la información y los servicios hasta las emergencias o programas que abordan los determinantes de la salud, incluyendo las iniciativas dirigidas a la salud mental y el apoyo psicosocial.
- Capacidades nacionales para distribuir productos de respuesta a pandemias, incluso a través de actores locales: invertir en la capacidad nacional para almacenar, transportar y distribuir estos productos mediante mejor financiación, formación, aviso previo y las leyes/políticas necesarias para facilitar el movimiento y distribución de los productos. La contribución de los agentes locales a este proceso es fundamental dado su acceso a zonas aisladas y marginadas, y a zonas afectadas por catástrofes y conflictos; por supuesto, esto requiere de cooperación internacional entre los países.
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Adicional a lo anterior, el informe presenta nuevos objetivos para los próximos tres años:
- Para finales de 2023, todos los países deberán haber actualizado sus planes de preparación ante una pandemia y haber revisado la legislación pertinente para ver si también necesita una actualización.
- Para 2024, adoptar un nuevo tratado y un Reglamento Sanitario Internacional revisado, que incluya obligaciones concretas y medibles para promover una mejor gobernanza jurídica nacional e internacional de las pandemias (entre otros).
- Para 2025, aumentar la financiación sanitaria nacional en un 1% del PIB y la financiación sanitaria mundial en al menos 15.000 millones de dólares al año.
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