Mora en pagos del talento humano superan los 6 mil millones de pesos

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La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) puso a disposición del talento humano en salud, afiliado a la Sociedad, una herramienta digital para registrar deudas que tiene con ellos las IPS. Los primeros resultados evidencian que los médicos generales, pediatras, ginecobstetras, cirujanos, dermatólogos y anestesiólogos son los especialistas afectados que más denuncian la problemática. 

De acuerdo con las cifras recopiladas por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y el Fepasde, se evidencia que la crisis se extiende a lo largo y ancho del país. Dentro de las regiones que más adeudan dinero al talento humano en salud, se encuentra el Valle del Cauca con 1506 millones de pesos, seguido de la Guajira con 734 millones, Córdoba 515 millones, Bogotá 489 millones, Antioquia 447 millones, Boyacá con 419, entre otros.

Si bien, la herramienta de reporte está a disposición solo del talento humano en salud afiliado a la S.C.A.R.E, es una muestra significativa de la crisis del sector a nivel nacional, más aún cuando las cifras no se encuentran consolidadas por parte de ningún ente gubernamental, lo que afecta su capacidad para tomar medidas definitivas.

Mora en los pagos al talento humano Salud

Las cifras reflejan moras que se remontan a la última década, para el año 2011, por valor de 609 millones de pesos, siendo el año 2018 el más crítico con $ 3 mil millones 57 mil pesos, adeudo que a la fecha se encuentra vigente sin ninguna solución aparente.

La mora en los pagos al talento humano es un agravante en la crisis del sector salud, originado entre otros por los tipos de vinculación laboral que se tienen en el país. Cerca del 75% de las personas que han denunciado demoras en sus honorarios han sido vinculados por orden de prestación de servicios (OPS), contratación que en muchas ocasiones enmascara verdaderas relaciones laborales, además, que no cuenta con un seguimiento riguroso en temas moratorios.

Este año los especialistas que más han dejado de percibir el pago de sus honorarios son los anestesiólogos con un 41.66%, seguido de médicos generales 22.5%, pediatras 7.5%, ginecobstetras 5%, cirujanos 2.5%, dermatólogos 2.5% y otras especialidades que suman el 18.33%.

La situación es tan álgida, que el Gobierno Nacional incluyó dentro del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, disposiciones de sostenibilidad financiera en el sector salud, lo que se ha conocido como el “Acuerdo de Punto Final” que se ha anunciado como una solución efectiva y duradera a diferentes problemas que vulneran constantemente la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos; sin embargo, a la fecha, el proyecto de ley ha evidenciado la ausencia total de inclusión de las acreencias al talento humano en salud,  menoscabando sus condiciones de ejercicio digno por  el no pago de sus servicios profesionales.

Por lo anterior, la S.C.A.R.E. ha buscado como gremio, junto con otras agremiaciones del sector como el Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otros, que se amplíe la normatividad incluida en el proyecto de ley y se cuente entre otras, con una regulación del giro de recursos públicos de la salud a prestadores públicos o privados, así como la inclusión de una normatividad expresa sobre el pago prioritario y específico al talento humano en salud.

Por otra parte, la S.C.A.R.E., radicó ante el Ministerio de Salud y Protección Social sugerencias para modificar la Resolución 2003 de 2014, que actualmente define las condiciones de habilitación de servicios en salud, es decir, establece los requisitos mínimos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud, los profesionales independientes, entre otros, para que se brinde una atención segura al paciente.

Preocupa al gremio que dentro de las condiciones mínimas de funcionamiento de las IPS no existan normas rigurosas relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones al talento humano en salud, aspecto mínimo y esencial para garantizar el funcionamiento de estas. En este orden de ideas, en Colombia una IPS puede ser sancionada por no contar con condiciones adecuadas de salubridad, seguridad e higiene, temas de infraestructura, entre otros, pero no por aspectos tan relevantes como garantizar que los pacientes cuenten con talento humano en salud que realice la atención, lo cual está directamente relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones salariales y contractuales de las IPS con ellos.

En el comunicado radicado al Ministerio, la S.C.A.R.E. propuso que los prestadores de servicios de salud demuestren el cumplimiento del pago de sus relaciones laborales y en general a todo el talento humano en salud, independiente de su forma de vinculación a un plazo máximo de 30 días y no a 360 como actualmente lo define la norma, lo que quiere decir, que si un prestador está en mora por pago de salarios a su talento humano después de 1 mes, podría verse afectado en sus habilitación para funcionar.

Respuesta del Ministerio de Salud

Ante la solicitud de la S.C.A.R.E. el Ministerio de Salud señaló, que la misma será revisada a la luz de la normatividad vigente y al alcance de la norma de habilitación; sin embargo, han pasado más de seis meses de radicada la solicitud y a la fecha no hay acciones puntuales.

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 630 del 13 de marzo de 2019, mediante la cual se regula el pago de intereses de mora a los profesionales de la salud. Si bien el Ministerio dio el cumplimiento ordenado por el Consejo de Estado, dicha normatividad no incluye aspectos importantes como la garantía a los profesionales de no sufrir desvinculación por realizar este tipo de reclamaciones.  

Es por esta razón, que la Asamblea Nacional de Delegados de la S.C.A.R.E., hace un llamado a los entes de control y a las autoridades nacionales y regionales, para que tome las medidas adecuadas,  urgentes y efectivas e intervengan de manera inmediata en pro de la solución de esta grave situación, para garantizar que los prestadores habilitados en el Sistema de Salud colombiano cuenten con la capacidad financiera suficiente que garantice la prestación del servicio de salud, además, de solicitar que dichas IPS tengan condiciones dignas de trabajo y paguen las deudas que tienen con el talento humano en salud del país, bajo una normativa clara que proteja los derechos de los trabajadores.

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