Este primero de octubre Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México, la científica del clima y ex jefa de gobierno de la capital mexicana se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo más importante de la nación. Sheinbaum en su proyecto de nación llamado “100 pasos para la Transformación” presentó un modelo de desarrollo con 100 compromisos con los que pretende transformar el país, este contiene las estrategias para garantizar los derechos sociales, bienestar y reducción de la desigualdad de los mexicanos.
En este plan se incluye la diversidad sexual y de género, quienes abarcan un espectro amplio de identidades y orientaciones, y las poblaciones LGBTIQA+ y que no conforman un solo grupo homogéneo. Cada disidencia sexual posee sus propias características, intereses y realidades socioculturales, y se distribuyen geográficamente en todo el país. Sin embargo, a pesar de su diversidad, los integrantes de estas comunidades enfrentan una constante discriminación y exclusión, que se ve agravada por otras formas de opresión como el racismo, la pobreza y la discapacidad.
Panorama actual de la comunidad
Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, elaborada por el INEGI, el 35.7% de la población LGBTIQA+ se encuentra económicamente inactiva, lo que significa que aproximadamente dos de cada cinco personas de esta comunidad no tienen acceso a un empleo. Entre aquellos que sí están activos, el 28% ha experimentado un trato desigual en sus lugares de trabajo, ya sea a través de la negación de beneficios, ascensos o mediante comentarios ofensivos y burlas. Estas diversas formas de violencia, que van desde la burla hasta los crímenes de odio, conducen a un ciclo de exclusión que perpetúa un menor nivel educativo, mayores tasas de desempleo, peores condiciones de salud y una desigualdad generalizada en el acceso a la vivienda y a servicios sociales.
La situación es alarmante: las poblaciones LGBTIQA+ a menudo quedan fuera de la fuerza laboral y de los mercados, lo que inhibe su movilidad económica y obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos. Esto las empuja hacia los deciles más pobres de la población. Por tanto, es esencial eliminar la discriminación y visibilizar su participación en todos los sectores de la sociedad para acabar con la marginación.
Avances y logros de transformación
A pesar de estos desafíos, el gobierno de México, en el periodo 2019-2024, ha implementado varias reformas jurídicas que han contribuido al bienestar de las poblaciones LGBTIQA+. La Ley General de Salud, por ejemplo, ha universalizado el acceso a los servicios de salud y ha prohibido las terapias de conversión. También se han promovido reformas en los códigos civiles que han permitido garantizar matrimonios igualitarios, la adopción de menores por parejas del mismo sexo, el reconocimiento de identidades de género y no binarias en documentos oficiales y un incremento en la cobertura de terapias de afirmación de género.
En el ámbito de la salud, este gobierno ha asegurado insumos terapéuticos y de diagnóstico para el tratamiento del VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) que afectan a los colectivos LGBTIQA+. Se han implementado acciones afirmativas que respetan las identidades y expresiones de género de estos grupos. Además, se ha reconocido a las poblaciones vulnerables, como trabajadoras y trabajadores sexuales y personas en situación de calle, como prioritarias para las políticas públicas relacionadas con la igualdad de derechos.
Retos persistentes en los derechos de la comunidad
No obstante, a pesar de estos logros, muchos nuevos derechos aún no se traducen en acceso real a vivienda, empleo digno, educación y salud. La interseccionalidad juega un papel crucial en esta problemática. Por ejemplo, una mujer trans indígena enfrentará mayores obstáculos para acceder a un trabajo digno que un hombre blanco homosexual cisgénero. Casi la mitad de la población LGBTIQA+ ha experimentado discriminación laboral, incluyendo menores salarios y dificultades para acceder a ascensos. Las lesbianas, en particular, sufren una reducción salarial de hasta el 70% durante y después de la pandemia, según cifras del COPRED.
Las personas trans, además, tienen tasas de desempleo que superan la media nacional, viéndose forzadas a aceptar empleos que no corresponden a su nivel de estudios o que son de escasa remuneración. En muchos casos, recurren al trabajo sexual como una opción viable, pero este sector sigue sin ser regulado, lo que limita sus derechos laborales y de seguridad.
Disparidades en salud
El acceso a la salud es otro aspecto crítico que se ve afectado por el estigma social y la discriminación. Las poblaciones LGBTIQA+ enfrentan disparidades en el acceso a servicios de salud de calidad y son frecuentemente víctimas de un trato desigual en comparación con personas heterosexuales. Esto genera barreras que resultan en tasas más elevadas de problemas de salud mental, abuso de sustancias y suicidio, exacerbadas por el aislamiento social y la falta de atención médica especializada.
Además, los servicios dirigidos a estas comunidades a menudo se centran en cuestiones específicas, como el VIH, ignorando otras importantes, como el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es responsable del 99% de los cánceres uterinos y no cuenta con un abordaje específico para su prevención entre las relaciones sáficas.
Propuestas y acciones para el tuturo
Para abordar estos desafíos, se propone implementar políticas públicas que se desarrollen en conjunto con las comunidades LGBTIQA+. Esto incluye la creación de un Programa Nacional de Salud que ofrezca una red de servicios de salud inclusiva y universal, así como la supervisión de una autoridad específica para garantizar el avance de las políticas de bienestar.
La Secretaría de Gobernación también podría colaborar con CONAPRED para fomentar alianzas interinstitucionales que protejan a estas comunidades mediante marcos legales adecuados. Además, se sugiere incluir en el próximo censo nacional preguntas sobre orientación sexual e identidad de género, y desarrollar mecanismos que faciliten el acceso al trabajo y el apoyo a cooperativas y pequeñas empresas.
El camino hacia la inclusión y el respeto de los derechos de las poblaciones LGBTIQA+ es largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, con un enfoque centrado en la equidad y la justicia social, es posible avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género, así se enfatiza en el proyecto.
