Ley Jacobo para priorizar niños con cáncer a un paso de hacerse realidad

La "ley Jacobo" que busca priorizar la atención oncopediátrica, pasará en los próximos días a conciliación y posteriormente a sanción presidencial.
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El proyecto de ley que modificaría la Ley 1388 de 2010, buscando establecer medidas para garantizar la prestación de los servicios de salud oncopediátrica, pasó a conciliación y está a la espera de ir a sanción presidencial.

Con su aprobación se eliminarían las barreras administrativas que se presentan para la atención de los niños, con esta enfermedad priorizando su atención oportuna.

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El último debate de la ley conocida como “ley Jacobo” se aprobó este martes en la plenaria del senado. Recordemos, que esta iniciativa es de la autoría de la senadora Emma Clauida Castellanos de Cambio Radical y la representante Ángela Sánchez del mismo partido.

El principal objetivo de esta ley será que los prestadores de servicios de salud de esta patología reciban sus pagos con prelación, a través del mecanismo de Giro Directo, para que la atención a estos menores sea integral, prioritaria y continuada, y que la autorización sea un trámite interno entre prestadores y EPS.

Al respecto la senadora Castellanos se refirió manifestando que: “Siento una gran satisfacción al ver que el Congreso priorizó el proyecto y fue votado en el Senado, pasando a sanción presidencial. Respaldamos a 1.445 niños que anualmente son diagnosticados con cáncer y a sus familias que necesitan de una ley que los proteja y acompañe en el proceso de la lucha contra esta difícil enfermedad. Ya solo nos queda esperar unos días para que esta iniciativa sea ley de la República”

Adicionalmente, esta ley establecerá que todos los procesos relacionados con la enfermedad desde el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento el control y la asistencia psicosocial y familiar, serán definidos bajo cualquier caso como una emergencia médica.

Para la atención psicosocial, (posterior a la sanción presidencial) el Ministerio de Salud, tendrá un plazo de seis meses para reglamentar lo relacionado con el procedimiento y costo de los servicios de apoyo, teniendo en cuenta que estos serán gratuitos para el menor y por lo menos un familiar o acudiente, quien será su acompañante durante la práctica de los exámenes de apoyo diagnóstico.

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