La Salud en las prioridades de desarrollo del Gobierno Duque en Colombia: una mirada panorámica

El lanzamiento de FORMARSALUD, esta extraordinaria iniciativa de CONSULTOR SALUD, que nos ofrece un nuevo portal interactivo para aprender, discutir y construir mejores sistemas de salud en nuestra región, no podría haber ocurrido en un mejor momento, al menos para el caso colombiano.
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El lanzamiento de FORMARSALUD, esta extraordinaria iniciativa de CONSULTOR SALUD, que nos ofrece un nuevo portal interactivo para aprender, discutir y construir mejores sistemas de salud en nuestra región, no podría haber ocurrido en un mejor momento, al menos para el caso colombiano. En estas semanas el Congreso Colombiano se encuentra a mitad de camino en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, aún incipiente, de Iván Duque, que marcará la pauta de sus prioridades para todos los sectores de la economía.

De modo que, a partir de lo propuesto en este proyecto de ley, tanto en el documento de bases programáticas, como en el borrador de artículos de ley que facilitarán su implementación, sabemos ya cuáles son las prioridades del Gobierno Nacional para el sector de la salud. Vista de manera general, esa política sectorial parece aceptar como un punto de partida válido la actual arquitectura institucional y operativa del sistema de salud (basada en una gran articulación de entidades públicas y privadas en torno al principio del aseguramiento), y procede a hacerle ajustes importantes a esa estantería originaria, con énfasis nuevos en materia de calidad del servicio, resultados en salud, y nuevas y creativas formas de hacer valer el principio constitucional de solidaridad.

Encontramos, por ejemplo, nuevas facultades a la Superintendencia de Salud, que se suman las que ha tenido siempre y a las que recibió, para fortalecer su faceta sancionatoria, en ley aprobada hace pocos meses. En el proyecto se dota a esta entidad de vigilancia de la facultad de vetar transacciones accionarias respecto de E.P.S en las que sus partes no satisfagan elementales criterios de idoneidad. Es una forma de controlar el buen funcionamiento del sistema de salud desde la puerta misma de entrada, al evaluar la calidad ética de actores que pretendan incursionar en el sector.

La versión adoptada en primer debate subsanó algunos defectos procedimentales de la propuesta original. Sería aún mejor que la facultad de oponerse a compras accionarias por parte de sujetos indeseables pudiera ejercerse, no sólo respecto de EPS, sino también de todos los demás actores del sistema, pues los malandros se pueden colar en el sector por cualquier puerta, no solo la del aseguramiento obligatorio.

También encontramos una regulación detallada del quisquilloso tema de las incapacidades laborales, que procura ponerle orden y términos a un régimen en el que estado, empleadores, fondos de pensiones y aseguradoras de salud juegan todas distintos papeles.

El principio de solidaridad que debe permear todo el funcionamiento del sistema se fortalece en el proyecto, de manera visible, con la introducción de un régimen de contribuciones parciales a cargo de aquellos afiliados al régimen subsidiado que están en capacidad de hacer algún tipo de aporte al sistema. Esta medida, en particular, envía un poderoso mensaje de fortalecimiento del pacto social que sirve de pegamento a todo esquema exitoso de Seguridad Social. Todos debemos apoyarla sin vacilaciones.

El más comentado de todos los artículos es el de saneamiento fiscal, que concreta en propuesta específica la promesa de campaña presidencial de poner un punto final a las deudas acumuladas en el sector en los últimos años, especialmente relacionadas con el pago de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios. Es una propuesta detallada, coherente y les plantea a los actores del sistema, especialmente a las EPS, un interesante pero audaz dilema: o confían en sus propias cuentas y facturas, y por lo tanto se someten a una ruta rápida de aprobación, pero renunciando a su derecho a reclamar judicialmente después, o se mantienen en el tradicional mecanismo de recobrar, esperar la glosa, controvertirla de nuevo, hasta el final de los tiempos.

Las bondades del mecanismo para solucionar el actual atasco no pueden, en todo caso, llevar a ocultar el problema subyacente, origen último del caos: el absurdo esquema que ha obligado a las aseguradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a asumir el costo de servicios para los cuales no tienen previsto ningún ingreso, obligándolas a recobrarle al estado en un esquema despojado de toda planeación, gestión de riesgo o compra inteligente. Y aquí quizá quepa una de las pocas críticas que se le puede hacer al articulado del Plan: si bien en sus bases se anuncia una “reformulación radical” al esquema por el cual se prestan y se pagan los servicios NO-PBS (no incluidos en el plan de beneficios), nada en el articulado para responder a tan ambicioso objetivo. El proyecto se limita a hablar de un esquema de “techos” presupuestales, que, a menos que lo hayamos mal entendido, es como una especie de prima de seguro por la puerta de atrás: el estado le asignará a las EPS una suma anual para atender estos servicios NO PBS, y si no les alcanza, tendrán ellas que asumir el riesgo. Ese aseguramiento “a la brava” no es sensato, y no debería diseñarse una política tan delicada solo con base en consideraciones de índole fiscal. De nuevo, un aseguramiento técnico parece ser un mejor camino.

Otra de las obsesiones del gobierno en el mejor y más positivo sentido de la palabra-, tiene que ver con el tema de la calidad y la remuneración con base en resultados en salud. El artículo respectivo enuncia una idea general, cuyos detalles se defieren a posterior reglamentación. Pero es una excelente noticia que el tema se ponga en el centro de la agenda sectorial.

De todas las propuestas, la más controvertida es la que pretende generalizar la figura del giro directo. Este mecanismo consiste en que los pagos a los proveedores y los demás servicios de salud los hace directamente la entidad estatal que administra los recursos de la salud, previo visto bueno de la respectiva EPS, pero sin que el dinero pase por las cuentas de ésta. Hay argumentos fuertes en favor y en contra de la figura, pero pienso que su elevación a regla general articuladora del flujo de recursos del sistema (por oposición a lo que hasta ahora ha sido, esto es, un mecanismo excepcional y transitorio para atender crisis particulares), al menos en el segmento auténticamente asegurador del modelo (el que cubre el plan de beneficios a partir de una suma per cápita), constituye un riesgo innecesario. Gracias a que las EPS cuentan con ese ingreso propio, que deben administrar siguiendo estrictas reglas prudenciales propias de una entidad financiera seria, es que les es posible hacer una adecuada gestión del riesgo, negociar contratos a largo plazo, innovar en sistemas de pago, hacer compras inteligentes, y, en fin, hacer lo que están llamadas a ser: aseguradoras. La generalización del giro directo, incluso en el componente puramente asegurador del sistema, las convierte en meras auditoras de cuentas. No perdamos de vista, por lo demás, que, con esta propuesta, la totalidad del sistema dependerá, sin excepciones, de la capacidad y agilidad en el pago a miles de acreedores, por parte de una entidad estatal única que, para no ir muy lejos, lleva un año sin pagar lo que debe por culpa de kafkianos líos burocráticos y contractuales. ¿Eso es lo que queremos para el futuro del sistema? ¿Hacer depender todo su flujo, todos los meses, de una única entidad estatal, cuyos resultados en esta materia no dan pie al optimismo?

En conclusión: Con muchos aciertos y algunos errores que ojalá se corrijan, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, nos ha permitido conocer lo que el gobierno Duque quiere respecto del Sistema de Salud. Por eso llama tanto la atención el ruidoso silencio que se percibe desde el propio gobierno frente a proyectos de ley de iniciativa legislativa que avanzan con fuera en el Congreso, y que contradicen de manera directa esta visión oficial. Aquí no sólo cabe el dicho de “el que calla otorga”, sino que, más grave aún, podemos decir que ese silencio oficial borra con el codo el valioso esfuerzo del equipo ministerial reflejado en el proyecto de plan. Sobre esas otras iniciativas, de legisladores creativos en ánimo de figuración, nos ocuparemos en la siguiente columna.

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