La salud en 2021: los avances y pendientes

Termina 2021 y cada uno de los actores y poderes que interviene en el sector salud hace su balance. A continuación, algunos elementos que es válido mencionar en ese ejercicio.
La salud en 2021 los avances y pendientes
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TOMADO DE LA REVISTA HOSPITALARIA: EDICIÓN 135- EDITORIAL

Por: Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y clínicas

Termina 2021 y cada uno de los actores y poderes que interviene en el sector salud hace su balance. A continuación, algunos elementos que es válido mencionar en ese ejercicio.

El sector hospitalario fue gran protagonista de la atención en los peores momentos de la pandemia, y superó con éxito, aunque con gran dificultad, el segundo y especialmente el tercer pico de la pandemia. Salvó vidas, atenuó dolores, preservó a sus pacientes y a su talento humano y logró operar al máximo histórico de su capacidad, sin colapsar, sin cerrar puertas, sin dejar de atender; y todo esto en medio de las enormes tensiones sociales, de recursos y de tecnología e insumos que tuvo que afrontar. Lo anterior en épocas de picos fue notable, pero también lo es el proceso ordenado de reactivación de todos los servicios, hecho que le da forma a la manera de operar de aquí en adelante, que tendrá que ser bimodal: combinación de atención COVID-19 y No-COVID armónica, segura y completa.

Lograr esa actuación en picos y en valles ha sido posible gracias a la implementación de medidas, inicialmente, de emergencia, y ahora de operación corriente: expansiones internas y externas, reforzamiento de las plantas de personal, modalidades complementarias de atención, extensión de horarios y dedicaciones, guardia alta con los elementos de protección personal y medidas de cuidado de pacientes, acompañantes y visitantes, separaciones de áreas, triages reforzados.

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También se destaca que algunos nuevos recursos y modalidades de actuación llegaron y se quedaron: ampliación de oferta e infraestructura, guías apropiadas y, especialmente, una total apertura para trabajar en red, para aceptar lineamientos y para disponer todo el aparataje institucional hacia el trabajo en equipo, que siempre se había anhelado. Un balance satisfactorio desde lo hospitalario y asistencial que no ha estado exento de pérdidas humanas y materiales, de dificultades, de situaciones que, en su oportunidad, se creyeron como crisis irreversibles.

Mención aparte se debe hacer del Plan Nacional de Vacunación, política que indudablemente puede considerarse exitosa gracias a la intervención decidida de un sector prestador que suplió el fallido proceso de agendamiento inicial y fue capaz de soportar la demanda abierta de la población en las diferentes fases adelantadas.

Termina el año y en enhorabuena por el reconocimiento del Gobierno Nacional al sector hospitalario mediante la Medalla al Mérito Sanitario Jorge Bejarano, en categoría Oro, que confirió a la ACHC. Merecido, oportuno y justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y abnegación con que los hospitales y clínicas de Colombia han respondido en esta emergencia.

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El poder ejecutivo tiene su balance que es, en general, autoindulgente, con mucho espacio para la propaganda. Sin embargo, sí hay asuntos que destacar y el primero de ellos es el relacionado con el inicio del desmonte de la política de presupuestos máximos o techos. Este asunto, que fue catalogado por el gremio como una normalización de lo anormal, va orientándose a lo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo: empoderar a los ciudadanos a través de un plan de beneficios más robusto. Un paso adecuado que recoge nuestra petición para componer el desvarío del Plan de Desarrollo. Veremos la reglamentación y las pruebas del primer semestre 2022. Allí se sabrá el real alcance.

De recursos nuevos gestionados en pandemia, este año se extendió el pago por disponibilidad, se usaron las Canastas COVID-19 por 3 meses y se pagaron atenciones a población migrante, conceptos que sumaron más de $3,3 billones de pesos y que llegaron, en su mayoría, a la red de prestadores, aunque siempre hay porcentajes importantes que se destinan a integraciones verticales y a instituciones vinculadas a las EPS, hecho que le resta a la trazabilidad e impacto de esos dineros. Sin embargo, se reconoce el esfuerzo del Gobierno central por atender las peticiones y propuestas del sector prestador. En Plan Nacional de Vacunación, lentamente se ha ido solucionando el retraso en los pagos. También se debe mencionar el apoyo a la red pública con dotaciones y recursos para proyectos de infraestructura.

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Los asuntos que no cursan bien están encabezados por el Acuerdo de Punto Final, piedra angular de la política sanitaria de la actual administración. El balance de ejecución es de un casi 70% en régimen subsidiado y, según la Contraloría General de la República, un insuficiente 15% en régimen contributivo. Tal y como indicamos desde el principio del Gobierno, este diseño que pasa por un saneamiento a las EPS no iba a garantizar que se pudiera obtener alivio real en el lado de los más afectados por la deuda, que son las IPS.

A hoy, en régimen contributivo, las enormes cifras que muestra el Gobierno corresponden a legalizaciones de pagos efectuados previamente o aclaraciones de cuentas, es decir, dineros que se movilizaron en vigencias pasadas y, por lo tanto, no fueron recursos frescos, como soñaba todo el país. Muchas de las cuentas que históricamente reclamaron esos otros agentes o no aparecieron, o se llevaron al litigio judicial, o eran de cuantías mínimas respecto a lo histórica
y públicamente denunciado.

Gran frustración va quedando del Acuerdo de Punto Final (APF) Contributivo, hecho que amerita una mirada muy profunda por las entidades que hacen vigilancia y control, no tanto al papel del Gobierno, que tuvo la apertura y dispuso los mecanismos de saneamiento, sino para los que basaron su “disfunción histórica” en unas quejas que, al tratar de ser suplidas, no se pudieron soportar adecuadamente. De esta frustración quedan entonces planes alternativos a implementar por el Gobierno y, en ese orden, se destaca la política de “descalce” o liberación de las reservas técnicas. Nunca hubo un momento más oportuno ni una indicación más exacta para dar ese paso. El gran pendiente del APF puede ser suplido por este movimiento, destinándolo al pago de carteras antiguas con el sector prestador.

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Siguiendo con los pendientes, el sector hospitalario espera del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, una señal tajante respecto del circuito de financiación, que inicia con el incremento de Unidad de Pago por Capitación (UPC), sigue con el paso a los contratos y o tarifas de prestación de servicios, y pasa hasta la remuneración del talento humano en salud. Ya se dio el mensaje de un incremento de salario mínimo de 10,07%. El sector prestador, que es el gran empleador del sistema de salud, espera entonces que la UPC tenga el espacio suficiente para contemplar ese incremento y que el Gobierno imparta la instrucción de ese traslado obligatorio hacia la prestación de servicios de salud.

En momentos de reinicio de actividades, de reapertura de servicios represados y luego de los esfuerzos heroicos ya reseñados, lo mínimo que espera el sector es que haya paz en las relaciones entre agentes y no se deje al azar de la extracción de rentas el momento que viene. Ojo ministerios de Salud y de Hacienda: esta decisión es fundamental. Hoy, más que nunca, es necesario un pacto social y de estabilidad económica al interior del sector salud.

Hay otros pendientes reglamentarios del ejecutivo: el Plan Decenal de Salud Pública, el nuevo Decreto 4747 y la política hospitalaria, entre otros, muchos de ellos solicitados desde este gremio y que se antojan tardíos para ser expedidos de afán y en el último semestre de Gobierno. Sin embargo, se avanzará en las discusiones y se aportarán elementos para enriquecer lo hasta ahora conocido en esos textos.

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Y no sobra repetirlo en este espacio: el asunto de la cartera sigue vivo y creciendo. Así algunos funcionarios y autoridades no quieran ver las cifras completas, es evidente que este problema de flujo de recursos tiene que ser abordado con soluciones de raíz, es decir, desde la titularidad del recurso, la tenencia de este y los usos legítimos que se le pueden dar. Funcionarios que creen que la cartera se está arreglando, desconocen o no entienden la magnitud macroeconómica de un asunto que se ha visto crecer y que se ha mostrado refractario a las intervenciones de choque o de emergencia que ha tenido.

Respecto al poder legislativo, tantas veces reconocido positivamente desde estas páginas, se debe decir que ha sido intensamente afectado por la pandemia y las usanzas que esta impuso. Quedó pendiente la indispensable reforma estructural al sistema de salud, las nuevas leyes para modular las inversiones y garantizar la soberanía sanitaria y también las leyes que avanzaban la lucha contra la integración vertical y la creación del fondo de salvamento para las IPS, dañadas por las liquidaciones de tantas EPS. Balance modesto del legislativo. Mucha falta hace la sesión plena, presencial, el control político, intenso y responsable, las audiencias y foros. Todo esto se ha visto menguado. Ojalá pronto se restablezca la actuación del Congreso de la República. Mucha falta hace para el equilibrio del sistema.

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Y en cuanto a la vigilancia y control, se siguen observando las consecuencias del mal envejecimiento de los problemas sectoriales, frase certera acuñada por el presidente Duque. Hoy, cuando la autoridad de IVC interviene, muy a su pesar y del nuestro, se irrigan consecuencias a toda la cadena, pues, a pesar de ser el tratamiento adecuado, por ser prescrito tardíamente no deja de tener daños colaterales que, infortunadamente, son inevitables. Las liquidaciones, las intervenciones no dudamos son necesarias, pero que diferente sería el panorama actual si esto se hubiera hecho en los primeros signos de daño. Esa lección tiene vigencia, y los signos que hoy se ven son muchos (prácticas indebidas, carteras vencidas, no cumplimiento de indicadores permanencia, etc.). También se echa de menos la existencia de más herramientas de mitigación, como un fondo de salvamento pero dotado de recursos, una ley de quiebras o un respaldo real y exigible a los propietarios de las entidades que incumplen y dañan al sector. Todo estos son mensajes para repensar la estructura sectorial. La invitación a esta autoridad es a la discusión serena y con doble aceptación, esto es, reconocimiento de avances y también reconocimiento de problemas, y con doble óptica: la oficial formal y la institucional real. De esa matriz tiene que salir una mejor forma de operar.

En fin, retomando las frases iniciales, los balances en este sector siempre serán provisionales, y en época de pandemia todavía más efímeros. Pero es necesario hacerlos para no perder de vista el camino, lo avanzado y lo que aún falta.

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