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La Procuraduría pide a MinSalud “meter en cintura la contratación de las ESE”

El procurador General de la Nación (e), Juan Carlos CortéS, le solicitó al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, endurecer los lineamientos de contratación de las Empresas Sociales del Estado (ESE).

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El procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés, le solicitó al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, endurecer los lineamientos de contratación de las Empresas Sociales del Estado (ESE), para que en la prestación del servicio de salud cumplan con la obligación de hacer uso eficaz de los recursos y mejorar las condiciones de salud de la población atendida.

Cortés precisó que, después de analizar los alcances de la Resolución 5185 de 2013, en la que se fijaron los lineamientos para que las ESE adoptaran un estatuto de contratación, la Procuraduría encontró que la norma omitió establecer que en todo caso esas reglas estaban obligadas a regirse por los principios de la contratación pública de transparencia, economía y responsabilidad.

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Para el procurador (e) es inaplazable que el Ministerio de Salud defina lineamientos que implementen sistemas de compras para las ESE que permitan obtener economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública.
 
Asimismo, pidió que se establezcan reglas para la selección de contratistas, en los casos estrictamente necesarios de contratación directa, para fortalecer los mecanismos de convocatoria pública y subasta inversa, para establecer funciones del comité de compras y para fijar los criterios de adición de contratos, supervisión, interventoría y liquidación.

Los hallazgos de la Procuraduría

Cortés reveló que después de un año de acciones de vigilancia preventiva en hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad, la Procuraduría debió iniciar investigaciones disciplinarias “originadas en las manifiestas irregularidades en los procesos de contratación de medicamentos, insumos médico – quirúrgicos y hospitalarios; asesorías, personal, obras y mantenimiento, entre otros”.

Igualmente, precisó que “la descontrolada flexibilización de las reglas de contratación” de las ESE tras la expedición de la Resolución 5185 ha llevado a que los comités de compra hoy tengan una participación marginal y que las convocatorias públicas no superen el 1%.

Además, el 99% de las compras se tramita por contratación directa, previa solicitud de cotizaciones a sociedades anónimas simplificadas o entidades sin ánimo de lucro no idóneas, recién creadas, sin experiencia y con precios superiores a los del mercado.

La Procuraduría informó que ha documentado casos de sobrecostos superiores al 500% en adquisición de medicamentos esenciales.

“Otras prácticas identificadas están relacionadas con el posible fraccionamiento de contratos, la no publicación de documentos contractuales en el SECOP, recurrentes adiciones y el incumplimiento del deber de liquidarlos”, añadió Cortés.
 
Por último, el procurador (e) anunció que, junto con la Contraloría General de la República (CGR), equipos de investigadores trabajarán en la identificación de los recursos públicos que pudieron haberse desviado y su impacto en las finanzas de hospitales públicos y en la salud de la población en las zonas de influencia.

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Impacto del aumento de la UPC en Colombia

Carlos Felipe Muñoz, Gerente de CONSULTORSALUD explica el impacto del aumento de la Unidad de Pago por Capitación para el 2020.

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Impacto del aumento de la UPC en Colombia

Carlos Felipe Muñoz, Gerente de CONSULTORSALUD explica el impacto del aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2020.

Recordemos, que la UPC aumentó en un 5.3% para este año, lo que significa que para el Régimen Contributivo quedo en $892.000 pesos y para el Régimen Subsidiado quedo en $829.000 pesos, tal como lo estableció la resolución 3513 del 2019.

La diferencia entre los dos valores obedece a las prestaciones económicas que únicamente reciben los afiliados al Régimen Contributivo tales como pago por incapacidades médicas y licencias de maternidad.

Pero esta resolución no solo alude al aumento de la UPC, sino que atañe también a la actualización de RIPS que se alineará con la factura electrónica obligatoria para este año, de manera que los nuevos RIPS serán el soporte del pago de la nueva facturación.

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“El incremento de la UPC tiene dos componentes un poco más del 5% es para la compensación de la inflación y el 0.3% es la progresividad para comenzar a aplicar en Colombia la ruta de promoción y mantenimiento de salud y materno perinatal, es una gran noticia ya que es la primera vez que tenemos esto en el país” Puntualiza, Muñoz.

Finalmente, hay que decir que la inflación en el año 2019 fue de 3.8% mientras que la inflación sectorial (salud) fue mucho más baja posicionándose en un 2.8% de manera que el incremento del 5.3% de la UPC, si sería un dinero extra que va a tener el sector salud para comprar los servicios de salud que están contemplados en la protección colectiva del sistema de salud

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Doloded no contiene diclofenaco según el Invima

El Invima aseguró que contrario a los estudios hechos por la Universidad Industrial de Santander –UIS-, el fármaco natural no contiene diclofenaco

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El Invima aseguró que contrario a los estudios hechos por la Universidad Industrial de Santander –UIS-, el fármaco natural Doloded no contiene diclofenaco.

Recordemos, que según el informe expuesto por la UIS “en el análisis se identificaron a nivel de trazas isoquercetina, narcisina y calendoflavosido, compuestos de la Calendula officinalis, pero el compuesto mayoritario en el fitofármaco fue diclofenaco y sus derivados en concentraciones cercanas al 10%” lo que querría decir que un paciente que consume el medicamento cada 8 horas estaría sobrepasando los 150 gr aconsejados de diclofenaco al día.

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Investigaciones del Invima

Es preciso señalar, que este medicamento tiene el registro sanitario avalado por el Invima, y por lo tanto tiene aprobación de comercialización en el país establecido por el decreto 1156 de 2018, pero no se debe olvidar que, frente a quejas y denuncias la entidad debe realizar acciones de vigilancia y control para verificar que se mantengan los estándares aprobados.

Por esta razón, en el año 2016 se tomaron muestras del medicamento en respuesta a reportes de síntomas adversos, los cuales arrojaron que el producto no contenía diclofenaco.

Para el período 2017-2018, en desarrollo del programa Demuestra la Calidad del Invima, se tomaron muestras de 7 lotes del producto, se sometieron a análisis, y como resultado, no se encontraron componentes diferentes a los autorizados en el respectivo Registro Sanitario.

Posteriormente, a raíz del reporte de dos casos de efectos adversos leves presentados en octubre del año 2018, vinculados al consumo del producto Doloded, el Instituto inició nuevamente investigaciones para determinar la posible presencia de sustancias no declaradas en su composición.

En este caso, se realizaron visitas de inspección a establecimientos donde era comercializado el medicamento y se tomaron muestras para su análisis, del mismo modo se hizo en la fábrica del producto, en este caso no se encontraron diferencias sustanciales en los resultados entre las muestras analizadas del laboratorio fabricante siendo éstos negativos para diclofenaco, frente a las encontradas en el mercado. 

Finalmente, en diciembre nuevamente la entidad programó visitas y realizó toma de muestras, en el laboratorio fabricante, así como en diferentes establecimientos comerciales, estos aún se encuentran proceso de análisis por parte del Invima.

Advertencias y conclusiones de la entidad

Se puede concluir que el Invima ha venido desarrollando las actividades de inspección y vigilancia de manera continua sobre el medicamento y sus fabricantes, así como en los establecimientos de comercialización.

Es importante advertir a la ciudadanía que cualquier efecto adverso que presenten ante el consumo de Doloded, debe ser informado inmediatamente al Invima, a través de sus canales institucionales y/o a las Entidades Territoriales de Salud.

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Profamilia y la despenalización del aborto para avanzar en materia de derechos

En un comunicado Profamilia resalta el progreso en materia de derechos para las mujeres, así como la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo.

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La asociación argumentó que el camino para avanzar en materia de salud pública, es la despenalización total del aborto; esta decisión contribuiría a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos, y disminuiría el estigma sobre las mujeres que han tomado esta decisión.

En un comunicado Profamilia  resalta el progreso en materia de derechos para las mujeres, así como la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo, destaca que cada debate que se dé en torno al tema sirve para enriquecer la discusión en torno a este importante tema, pero que estas discusiones deben ser argumentadas y analizadas con hechos, cifras y soportes científicos.

Inseguridad para abortar

Más de la mitad de los embarazos en Colombia no son planeados según cifras del Ministerio de salud; del mismo modo, 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros o clandestinos.

El panorama mundial también arroja resultados negativos, ya que según la OMS al año en el mundo se realizan cerca de 22 millones de abortos en condiciones inseguras, la mayoría de estos procedimientos ocurren en países en vías de desarrollo donde el aborto es penalizado por la ley.

El estigma, los señalamientos, el rechazo, la crueldad y la desinformación son las principales barreras que impiden a las personas gestantes, acceder a servicios de aborto oportunos seguros y de calidad obligándolas a someterse a este proceso en escenarios peligrosos para la vida misma.

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Opinión sobre las demandas que cursan en la Corte Constitucional

“No existe evidencia científica, sistemática y rigurosa, que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres. Por el contrario, múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas.

El acceso libre a procedimientos seguros y oportunos, dentro del sistema de salud, garantiza el cuidado y la protección de quienes deciden ejercer su derecho al aborto. De igual manera, se ha comprobado que la oportuna y correcta implementación de la ruta de aborto en las instituciones prestadoras de salud, a través de la ejecución de las guías y protocolos para el aborto seguro, han demostrado no dejar ningún tipo de secuela física que pueda afectar la futura salud sexual y reproductiva de la mujer.”, puntualiza, el comunicado.

Cifras para resaltar

Entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de estas 502 eran menores de edad, así lo estiman cifras de la Fiscalía General de la Nación.

De la totalidad de los procesos penales de aborto, en febrero de 2017 estaban activos 1.604, se habían expedido 200 sentencias condenatorias y 14 sentencias absolutorias, lo que demuestra que el ejercicio de un derecho fundamental sigue siendo perseguido en Colombia como un delito.

Finalmente, desde la despenalización del aborto bajo las tres causales (Violación, Malformación del feto, riesgo para la salud de la madre) se evitaron cerca de 374.063 abortos inseguros o clandestinos en el país.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad hace un llamado a la Corte Constitucional para que siga avanzando en el reconocimiento del derecho a decidir, como un derecho fundamental, y a la opinión pública para que la discusión se dé en un plano de salud pública y de derechos; con información verídica, científica y legal, que permita eliminar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar para poder acceder a servicios de aborto seguros, oportunos y libres de discriminación.

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