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Invima debe indemnizar mujer por implantes PIP

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El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Invima pagar una indemnización de 40 salarios mínimos a una mujer, por irregularidades en la entrega del registro sanitario de los implantes PIP (Poly Implant Prothèse), que fueron noticia en 2010, por no cumplir con los estándares de calidad para su uso, afectando a miles de mujeres en el mundo.

El Invima concedió el registro a las prótesis PIP en el 1999 y en 2005 lo renovó por 10 años. Luego en abril de 2010 ordenó la revisión del producto luego que la Agencia Francesa de la Seguridad Sanitaria emitió una alerta y en septiembre ordenó la cancelación del registro, debido a que el gel de silicona con el que se rellenaba el implante no era el que el fabricante había declarado a la agencia francesa.

El fallo que tomó el magistrado Alfonso Sarmiento Castro de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estudió la demanda que presentó una mujer que en 2007 se hizo una cirugía de aumento en su pecho y presentó complicaciones que motivaron dos cirugías más en 2008 y 2012, hasta su extracción definitiva.

El fallo, afirma que el Invima otorgó el registro sanitario a las prótesis a pesar de que el importador del producto no presentó información pertinente ni suficiente para establecer la seguridad de estos.

Para el Tribunal, las labores que debe hacer el Invima previo al otorgamiento del registro necesario tienen que ser completamente rigurosos y no quedarse en la revisión documental: “Si bien se podría pensar que el Invima actuó bien porque había un certificado de la autoridad sanitaria del país de origen para el uso del producto, esto no era suficiente. Las funciones de la entidad deben ir más allá de constatar documentalmente el cumplimiento de requisitos pues, atendiendo a la naturaleza del dispositivo médico, le correspondería efectuar una adecuada evaluación para constatar la calidad del producto al cual le otorgaba y renovaba la licencia”.

Adicionalmente, el Tribunal tuvo en cuenta un Boletín de Tecnovigilancia del Invima, de noviembre de 2010, en el que se dice que “el importador Colombian Medical International S.A. no presentaba información pertinente ni suficiente para establecer el estatus de seguridad de los componentes de las prótesis mamarias PIP”.

Se estima que más de 15.000 pacientes en el país vieron perjudicadas tanto su salud física como psicológica por los implantes.

¿QUÉ DICE EL INVIMA?

El Invima aseguró ante el fallo, que la normativa colombiana no exige pruebas de laboratorio para la expedición y la renovación de los registros sanitarios, al tener los implantes el certificado de la autoridad sanitaria francesa para su producción y comercialización, y que otorgó el registro sanitario a las prótesis de silicona PIP “cumpliendo los requisitos técnicos y legales consignados en el Decreto 4725 de 2005”.

Adicionalmente afirmó que apenas tuvo conocimiento de que el gel de silicona con el que estaban rellenos los implantes era distinto del presentado, implementó todas las acciones necesarias para prevenir una afectación a la salud de las colombianas, entre ellas, la cancelación del registro sanitario y la imposición de una multa al titular del mismo.

Es importante mencionar que antes que el producto salga al mercado, se realiza una exhaustiva evaluación de la documentación técnico-científica para la expedición del registro sanitario, luego de esto en el pos mercado se adelantan las visitas de inspección, vigilancia y control y el seguimiento de estos productos a través del Programa Nacional de Tecnovigilancia. Y fue a través de este programa que se descubrió la alerta sanitaria internacional que desencadenó las acciones mencionadas”, agregó la entidad.

 

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“Venezolanos requieren mayor atención en salud sexual y reproductiva”, Afidro

Profamilia y AFIDRO, firmaron alianza para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados a venezolanos y colombianos.

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El fenómeno migratorio de venezolanos a colombia cada vez se hace más notorio, según la cifra entregada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos – AFIDRO-. La presencia de 1.408.055 venezolanos en el país a corte de Junio de 2019, de acuerdo con el informe de Migración Colombia, sin duda requiere de una mejor atención y esfuerzos conjuntos de los diferentes actores.

Por esta razón Profamilia y AFIDRO, firmaron una alianza en apoyo al Gobierno Nacional para brindarles a los venezolanos y colombianos que han estado en crisis migratoria la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados.

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los retos de la crisis migratoria

Por consiguiente, este fenómeno social, según Profamilia, aumenta la vulnerabilidad de muchos colombianos y venezolanos, que estarían más expuestos a la violencia sexual, al acceso limitado a métodos anticonceptivos, a un mayor número de embarazos no deseados, así como de crecientes cifras de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Por su parte, Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia, la mayor ONG proveedora de servicios de salud sexual y salud reproductiva (SSSR) indica “Nuestra meta ha sido y será siempre contribuir con la disminución de las barreras de acceso y las brechas de desigualdad que existen en el país, en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

apoyo en la atención sexual y reproductiva

En este sentido, la funcionaria explicó “con el apoyo de AFIDRO, buscamos brindar 2.250 servicios a personas migrantes con esta iniciativa. Estaremos en Maicao, porque allí se ubica uno de los principales puntos de entrada del país; en Bogotá, lugar al cual llega la mayoría de migrantes con vocación de permanencia y, en Ipiales, por el continuo paso en el puente fronterizo para ir hacia Ecuador y, de allí, a Perú, Argentina, Chile y otros países de Suramérica”.

Yaneth Giha, Presidente Ejecutiva de AFIDRO resalta que: “ Uno de esos retos es, sin duda, la crisis migratoria venezolana. Hombres, mujeres y niños venezolanos requieren de atención en salud, de los cuidados básicos que necesita cualquier ser humano. Para nuestro sistema, acoger a todos es un reto de una magnitud enorme”.

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Revocada licitación para la compra de medicamentos de fuerzas militares

El órgano de control, advirtió a la Dirección de Sanidad “las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios”.

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CONSULTORSALUD conoció a través del documento 02658 que  la Procuraduría General de la Nación recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar revocar el proceso de licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por un valor de $387.000 millones, por presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.

El órgano de control, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.

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Evaluación de los pliegos de licitación

Por su parte, el Ministerio Público cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar “liquidez” al contratista.  

Al evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían  con recursos públicos de la seguridad social en salud.

La Procuraduría recordó que de acuerdo con la Circular 07 de 2018 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.

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A juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.

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Tribunal confirma libertad del expresidente de Saludcoop

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) por vencimiento de términos.

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (expresidente de la liquidada EPS SaludCoop) días antes de que comience un nuevo juicio en su contra. Tras la decisión del tribunal, Palacino solamente tendrá dos restricciones mientras se lleva a cabo su juicio: no podrá relacionarse con las directivas de las empresas que anteriormente dirigía y tampoco podrá salir del país.

Recordemos que, el caso contra Palacino  se hizo efectivo hace más de un año, cuando la Fiscalía encontró méritos suficientes para ordenar la captura del hombre que fue el ‘zar’ de las EPS durante casi dos décadas.

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Hallazgos presentados por la Fiscalía en el caso “Palacino Saludcoop”

Según los hallazgos encontrados en su momento por el ente acusador, el desvío de recursos habría sido de 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de la Unidades de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado y donde los investigadores encontraron anomalías en las bases de usuarios, como 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil, además de rentas parafiscales  que fueron el detonante para enviarlo preso.

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Sin embargo, es importante resaltar también que entre los hallazgos de la fiscalía esta lo ocurrido entre 2000 y 2004 cuando se descubrió que la EPS Saludcoop, estaba  incrementado presuntamente su  patrimonio con el dinero que solo podía dirigirse a la salud.  Además, según la fiscalía esas irregularidades habrían orquestado incluso inversiones en el exterior, para aumentar la planta de la EPS y para hacer préstamos a socios y trabajadores.

De acuerdo con el ente acusador, la libertad de Palacino fue otorgada tras el  vencimiento de los términos en su caso, esto como consecuencia de la dilatación en la audiencia de la lectura de la acusación.

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