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Invima debe indemnizar mujer por implantes PIP

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El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Invima pagar una indemnización de 40 salarios mínimos a una mujer, por irregularidades en la entrega del registro sanitario de los implantes PIP (Poly Implant Prothèse), que fueron noticia en 2010, por no cumplir con los estándares de calidad para su uso, afectando a miles de mujeres en el mundo.

El Invima concedió el registro a las prótesis PIP en el 1999 y en 2005 lo renovó por 10 años. Luego en abril de 2010 ordenó la revisión del producto luego que la Agencia Francesa de la Seguridad Sanitaria emitió una alerta y en septiembre ordenó la cancelación del registro, debido a que el gel de silicona con el que se rellenaba el implante no era el que el fabricante había declarado a la agencia francesa.

El fallo que tomó el magistrado Alfonso Sarmiento Castro de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estudió la demanda que presentó una mujer que en 2007 se hizo una cirugía de aumento en su pecho y presentó complicaciones que motivaron dos cirugías más en 2008 y 2012, hasta su extracción definitiva.

El fallo, afirma que el Invima otorgó el registro sanitario a las prótesis a pesar de que el importador del producto no presentó información pertinente ni suficiente para establecer la seguridad de estos.

Para el Tribunal, las labores que debe hacer el Invima previo al otorgamiento del registro necesario tienen que ser completamente rigurosos y no quedarse en la revisión documental: “Si bien se podría pensar que el Invima actuó bien porque había un certificado de la autoridad sanitaria del país de origen para el uso del producto, esto no era suficiente. Las funciones de la entidad deben ir más allá de constatar documentalmente el cumplimiento de requisitos pues, atendiendo a la naturaleza del dispositivo médico, le correspondería efectuar una adecuada evaluación para constatar la calidad del producto al cual le otorgaba y renovaba la licencia”.

Adicionalmente, el Tribunal tuvo en cuenta un Boletín de Tecnovigilancia del Invima, de noviembre de 2010, en el que se dice que “el importador Colombian Medical International S.A. no presentaba información pertinente ni suficiente para establecer el estatus de seguridad de los componentes de las prótesis mamarias PIP”.

Se estima que más de 15.000 pacientes en el país vieron perjudicadas tanto su salud física como psicológica por los implantes.

¿QUÉ DICE EL INVIMA?

El Invima aseguró ante el fallo, que la normativa colombiana no exige pruebas de laboratorio para la expedición y la renovación de los registros sanitarios, al tener los implantes el certificado de la autoridad sanitaria francesa para su producción y comercialización, y que otorgó el registro sanitario a las prótesis de silicona PIP “cumpliendo los requisitos técnicos y legales consignados en el Decreto 4725 de 2005”.

Adicionalmente afirmó que apenas tuvo conocimiento de que el gel de silicona con el que estaban rellenos los implantes era distinto del presentado, implementó todas las acciones necesarias para prevenir una afectación a la salud de las colombianas, entre ellas, la cancelación del registro sanitario y la imposición de una multa al titular del mismo.

Es importante mencionar que antes que el producto salga al mercado, se realiza una exhaustiva evaluación de la documentación técnico-científica para la expedición del registro sanitario, luego de esto en el pos mercado se adelantan las visitas de inspección, vigilancia y control y el seguimiento de estos productos a través del Programa Nacional de Tecnovigilancia. Y fue a través de este programa que se descubrió la alerta sanitaria internacional que desencadenó las acciones mencionadas”, agregó la entidad.

 

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Ojo: Fiscalía Decomisa Suplementos deportivos para el crecimiento muscular

Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, incautaron de 163.730 productos fraudulento de nutrición deportiva anunciados en redes sociales.

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Aunque son múltiples las denuncias realizadas por falsificación de productos de nutrición deportiva que ofrecen milagrosas fórmulas para perder peso en menor tiempo y  aumentar la masa muscular, este mercado sigue en aumento, debido a la promoción y comercialización que diariamente se visualiza en la Internet, sin ningún tipo de control.

Es por ello, que la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, iniciaron acciones investigativas y operativas para poner freno a estos suplementos que ponen en riesgo la salud y vida de los sus consumidores en redes sociales.

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En consecuencia, como resultados de las investigaciones realizadas simultáneamente en Bogotá, Medellín y Cali, fueron capturados seis presuntos integrantes de una organización criminal señalada de ingresar de contrabando, falsificar y vender ilícitamente medicamentos, suplementos dietarios y anabólicos, entre otros productos.

Por consiguiente, durante los procedimientos judiciales los investigadores  incautaron de 163.730 complementos alimenticios, 40.000 adhesivos, 13 millones de pesos en efectivo, siete celulares, dos discos duros y tres computadores portátiles con información valiosa fueron puestos a disposición para el desarrollo de las indagaciones.

Falsificación de suplementos deportivos

Del mismo modo, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y la Agregaduría de Alemania en Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional detectaron las dos modalidades utilizadas por la red criminal para incrementar sus ganancias con la comercialización de suplementos de los que se desconocen su verdadera composición y efectos para la salud.

Modalidades delictivas

Inicialmente, se estableció que suplementos de origen estadounidense y medicamentos procedentes de China e India, cuyos envíos hacían escala en Alemania, presuntamente llegaban al país mediante la modalidad de tráfico postal y simulando ser muestras farmacéuticas o frascos de vidrio vacíos.

La organización transnacional, según la información financiera analizada, habría ingresado al país en el último año y medio cerca de 150 millones de unidades de medicamentos y productos, cuyo valor ascendería a 1.200 millones de pesos.

La segunda modalidad ilegal estaría asociada con la falsificación de suplementos reconocidos. Al parecer, químicos usados para la industria agropecuaria eran mezclados con otras sustancias, empacados o envasados; y rotulados con adhesivos de marcas y laboratorios reconocidos a nivel internacional.

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Material encontrado

De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, la mercancía de contrabando o alterada era vendida por los presuntos integrantes de la estructura criminal a través de páginas web y grupos creados en las redes sociales.

Hasta el momento se ha podido establecer que la mayoría de los productos vinculados a este mercado ilegal son cápsulas, granulados, líquidos o sueros ofrecidos para supuestamente eliminar la grasa corporal, optimizar la tonificación sin perder músculo, aumentar la fuerza y potencia durante los entrenamientos, controlar los niveles de testosterona, incrementar el tono muscular, y reforzar las fuentes de vitaminas, proteínas y carbohidratos, entre otros aparentes beneficios.

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OPS pide a donantes 3,5 millones de dólares para respuesta humanitaria en salud en Las Bahamas

La OPS solicitó a los donantes un monto inicial de 3,5 millones de dólares para cubrir la atención médica a corto plazo y otras necesidades de la población de Las Bahamas afectada por el huracán Dorian.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó a los donantes un monto inicial de 3,5 millones de dólares para cubrir la atención médica a corto plazo y otras necesidades de la población de Las Bahamas afectada por el huracán Dorian.

La devastadora tormenta de categoría 5 tocó tierra hace una semana en el noroeste de Las Bahamas.

El fenómeno natural afectó al sector salud de las islas Abaco y Gran Bahama, con una destrucción significativa de equipos, suministros médicos y de agua.

La tormenta afectó a unas 73.000 personas, y hay cientos de personas en refugios en la zona del desastre y en Nassau.

Nassau es la capital de la isla de New Providence que concentra el 75% de la población del archipiélago y no fue afectada por Dorian.

Si bien hasta el momento se reportan 43 muertes, se espera que el número de víctimas fatales aumente cuando avancen operaciones de búsqueda y rescate.

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El doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, indicó que el manejo de los desechos y el control de los vectores que causan enfermedades, como los mosquitos, es clave, junto con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y el manejo oportuno de brotes de enfermedades.

“nuestras preocupaciones prioritarias son restablecer el acceso a servicios de salud esenciales y la prestación continua de atención médica, garantizar la calidad del agua en las comunidades afectadas y en los centros de salud, y restaurar la higiene y el saneamiento adecuados”.

director de emergencias de la ops

Las necesidades en Las Bahamas

Los 3,5 millones de dólares solicitados por la OPS son una estimación preliminar para cubrir las necesidades de atención médica, agua y saneamiento, vigilancia epidemiológica y control de vectores a corto plazo en las islas de Las Bahamas más afectadas por el huracán Dorian durante los próximos seis meses.

Es probable que esas necesidades aumenten a medida que se completen las evaluaciones de daños, precisó Ugarte.

La OPS activó sus equipos de emergencia y desplegó expertos de su Equipo de Respuesta Rápida en Las Bahamas antes del huracán para apoyar y coordinar la respuesta humanitaria junto con las autoridades nacionales de salud.

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Hasta el momento, 14 expertos de la OPS se encuentran en la zona de desastre para proporcionar apoyo en logística, coordinación civil y militar, gestión de la información, vigilancia epidemiológica, comunicaciones y coordinación.

Las solicitudes de financiamiento incluyen_

  • 1,3 millones de dólares para restaurar la prestación de atención médica en las áreas afectadas
  • 500.000 dólares para vigilancia con el fin de detectar y manejar brotes de enfermedades
  • 800.000 dólares para acceso seguro al agua, saneamiento de emergencia y control de vectores de enfermedades
  • 671.000 dólares para manejo de información, coordinación de asistencia humanitaria y para abordar las necesidades más urgentes.
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Más de 3.000 personas con discapacidad trabajan con el Estado

Con la vinculación de 3.008 personas con discapacidad al personal de sus entidades, el Gobierno busca cumplir el Decreto 2011 de 2017.

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Con la vinculación de 3.008 personas con discapacidad a las plantas de personal de sus entidades, la administración pública avanza en el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017.

La norma establece que para el 31 de diciembre de este año, al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad.

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Si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.

Se destaca, igualmente, el crecimiento registrado en el número de entidades que reportan tener vinculadas a personas con discapacidad, que pasaron de 441 a 517 en todo el país, lo que representa un aumento del 17%.

Las cifras de inclusión

De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), del total de personas vinculadas, 1.529 laboran para entidades del orden nacional y 1.479 pertenecen al orden territorial.

Entre las entidades del orden nacional que presentan los más altos índices de vinculación se destacan la Fiscalía General de la Nación, el Icbf, el Inpec, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Dian, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el ICA.

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Mientras tanto, el balance del orden territorial destaca a Bogotá y a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, Bolívar y Atlántico como las regiones con el mayor número de entidades que cumplen la norma.

Caracterización de los servidores públicos con discapacidad

De acuerdo con cifras entregadas por el Sigep, los hombres representan el 52% y las mujeres el 48% del total de personas con discapacidad en el servicio público, cuya mayoría está en el rango de los 50 a los 62 años, con un 54%.

En cuanto al tipo de vinculación de estos servidores públicos, el 46,4% hace parte de la carrera administrativa.

El 40,1% tiene nombramiento provisional; el 10% es de libre nombramiento y remoción y el 1,4% son trabajadores oficiales.

La discapacidad más frecuente entre este grupo de servidores públicos es la física con 42,9%; a continuación están la visual, con 36,7%, y auditiva, con 12,5%.

Cierran este listado la discapacidad psicosocial, con 4,1%; la múltiple, con 2,8% y la intelectual, con 1,0%.

Es de resaltar los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en que el 27,7% cuenta con estudios profesionales.

Además, el 23,5%  presenta una especialización, el 3,9% acredita maestría y el 0,1% doctorado.

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